El gobierno de Kast firmó en la ONU los términos de referencia para un TLC con Rabat y reconoció explícitamente la soberanía marroquí sobre el territorio saharaui, un gesto que subordina la política exterior chilena a los intereses del capital transnacional y sepulta el derecho a la autodeterminación de un pueblo que resiste desde hace cinco décadas.
Por Equipó El Despertar
En el marco de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas, los cancilleres Francisco Pérez Mackenna y Nasser Bourita suscribieron un comunicado conjunto que sella un giro histórico en la política exterior chilena: el reconocimiento explícito de la soberanía del Reino de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. El texto no deja margen a ambigüedades: Chile “apoya la soberanía del Reino de Marruecos sobre la totalidad de su territorio, incluida la región del Sáhara Occidental” y considera la propuesta de autonomía marroquí de 2007 como “la solución política justa, duradera y mutuamente aceptable”. La reunión contó con la presencia del presidente José Antonio Kast, quien debutaba en el cónclave multilateral. Junto al respaldo político, ambos ministros firmaron los Términos de Referencia que dan inicio formal a las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio.
Desde una lectura materialista, este acuerdo no puede interpretarse como un simple ejercicio de realismo diplomático. El comunicado conjunto establece que Chile “decidió traducir su apoyo a nivel bilateral y promoverá oportunidades de cooperación económica y comercial en la región del Sáhara marroquí, para fortalecer los vínculos de inversión, comercio y desarrollo productivo”. Es decir, el reconocimiento de soberanía no es un gesto desinteresado, sino la condición previa para que el capital chileno y transnacional pueda operar sin trabas legales en un territorio ocupado, rico en fosfatos y recursos pesqueros, cuya explotación la monarquía marroquí ha convertido en un pilar de su acumulación. La clase dominante chilena, representada por un gobierno de extrema derecha, no actúa movida por convicciones ideológicas sobre el derecho internacional, sino por la necesidad de abrir mercados y asegurar rutas de exportación de capitales en el continente africano.
El Partido Comunista de Chile ya había advertido en enero de 2025, cuando el Senado chileno discutía una solicitud para respaldar la iniciativa marroquí, que el pueblo saharaui “lucha de manera sostenida por la descolonización de su territorio, sometido en las últimas décadas a la ocupación militar alternada por Marruecos, Mauritania y España”. La declaración comunista señalaba además que el Movimiento de Liberación Nacional de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) “cuenta con el reconocimiento de más de ochenta países-miembro de las Naciones Unidas” y que Marruecos continúa extendiendo “el muro de la vergüenza”, que ya supera los 2.700 kilómetros, complementado con minas antipersonales para controlar a la población del territorio ocupado.
La operación diplomática de Rabat en Santiago no es un hecho aislado. El Frente Polisario había alertado meses antes sobre el avance marroquí en Chile, movilizando a sus simpatizantes contra un acuerdo previo entre el Servicio Agrícola y Ganadero chileno y la Oficina Nacional de Seguridad Sanitaria de Marruecos, que ya delineaba la inclusión de facto del Sáhara ocupado en los intercambios comerciales. Los representantes saharauis denunciaron entonces que “la objeción no es al comercio con Marruecos dentro de sus fronteras reconocidas, sino a que el acuerdo pudiera normalizar la ocupación incluyendo al Sáhara Occidental de manera indirecta”. El temor era fundado: lo que en agosto de 2026 era un protocolo sanitario se ha convertido en septiembre en un reconocimiento pleno de soberanía con un TLC en camino.
El derecho internacional es meridianamente claro. El informe del Secretario General de la ONU sobre la cuestión del Sáhara Occidental, correspondiente al período 2025-2026, recuerda que la Asamblea General adoptó por consenso la resolución 80/89 y que el Consejo de Seguridad, en su resolución 2797/2025, prorrogó el mandato de la MINURSO hasta octubre de 2026, llamando a las partes a negociar “sin condiciones previas, tomando como base la propuesta de autonomía marroquí”. Sin embargo, el mismo informe constata que la situación sobre el terreno continúa caracterizada por “hostilidades de baja intensidad” entre Marruecos y el Frente Polisario, con incidentes de disparo verificados por la MINURSO, incluido uno ocurrido el 5 de mayo de 2026 en una zona urbana de Smara que dejó un civil herido. La ocupación no es pacífica ni aceptada; es resistida.
La resolución 2797/2025, que Chile dice “saludar” y “adherir”, no establece en ningún párrafo que la autonomía marroquí sea la única solución posible ni que el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui haya sido extinguido. Lo que el Consejo de Seguridad hace es instar a negociaciones sin precondiciones entre las partes, bajo los auspicios de la ONU. El gobierno chileno, sin embargo, ha convertido esa fórmula diplomática en un cheque en blanco para la anexión. Al hacerlo, no solo se alinea con las potencias imperialistas que desde hace años reconocen la soberanía marroquí —España, Francia, Estados Unidos—, sino que traiciona la tradición histórica de la política exterior chilena, que durante décadas mantuvo una posición de principios frente al conflicto saharaui.
La operación tiene una dimensión de clase que no puede soslayarse. Mientras el gran capital accede a nuevos mercados y rutas comerciales, los trabajadores chilenos —que no verán ningún beneficio de un TLC con Marruecos— cargan con el costo político de un acuerdo que legitima la ocupación de un pueblo. La burguesía exportadora celebra; el pueblo saharaui resiste. Entre ambos, un gobierno que ha decidido que la dignidad de los pueblos es un obstáculo para los negocios. La autodeterminación no se negocia en los pasillos de la ONU con los representantes del capital. Se conquista, como enseñan las luchas de liberación nacional, con la resistencia organizada de quienes se niegan a ser colonia.