El ministro de Defensa, Fernando Barros, encendió la alarma esta semana al calificar el Convenio 169 de la OIT y la Ley Lafkenche como un “riesgo para el país” y un “caldo de cultivo de conflicto”, abriendo un nuevo frente de batalla entre el gobierno de José Antonio Kast y los pueblos originarios. Mientras la derecha intenta presentar estas normativas como un obstáculo para el desarrollo, la clase trabajadora y los movimientos sociales deben leer estas declaraciones como lo que son: un nuevo intento de desmantelar los derechos conquistados por los pueblos indígenas, allanando el camino para la entrega de los territorios al capital extractivista. El Convenio 169 y la Ley Lafkenche no son un “riesgo” para la seguridad nacional, sino un escudo contra el saqueo de los recursos naturales y la explotación de las comunidades que han resistido durante siglos.
Por Eqipo El Despertar
Santiago de Chile. La semana comenzó con una nueva polémica en el gobierno de José Antonio Kast. El ministro de Defensa, Fernando Barros, concedió una entrevista al Diario Financiero en la que calificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Ley Lafkenche como un “riesgo para el país” y un “caldo de cultivo de conflicto”. “Hay chilenos que se dividen y tienen un trato distinto por su origen étnico y eso es un caldo de cultivo de conflicto. Y para mí, el Convenio 169, la Ley Lafkenche y una serie de otras disposiciones legales que salen de esa visión de conflicto entre las personas son un riesgo para el país”, afirmó el titular de Defensa.
La reacción del gobierno no se hizo esperar. El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, salió a poner paños fríos, asegurando que el Ejecutivo “respeta íntegramente” el Convenio 169 y que “no vamos a innovar en la materia”. Sin embargo, el Presidente José Antonio Kast, en una entrevista con Radio Infinita, respaldó a su ministro y abrió la puerta a modificar la Ley Lafkenche, argumentando que “hay momentos en que se producen abusos”. La estrategia de la derecha es clara: descartar la salida del Convenio 169 para no enfrentar un costo político inmediato, pero avanzar en el debilitamiento de los mecanismos de protección de los pueblos originarios.
El Convenio 169: un derecho conquistado, no un privilegio
Para entender por qué el Convenio 169 “molesta” tanto al ministro Barros y al sector que representa, es necesario recordar qué establece esta normativa. El Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes fue adoptado por la OIT en 1989 y ratificado por Chile en 2008, entrando en vigencia en 2009. Su objetivo es garantizar que los gobiernos “deberán asumir, con la participación de los pueblos indígenas, la responsabilidad de desarrollar acciones para proteger los derechos de estos pueblos y garantizar el respeto a su integridad”. En concreto, el Convenio exige la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas antes de la adopción de medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles directamente.
Desde una perspectiva marxista, el Convenio 169 no es un regalo del Estado, sino una conquista de los pueblos que han resistido siglos de explotación y despojo. No es un “privilegio” que divide a los chilenos, como sugiere Barros, sino un instrumento para corregir la desigualdad estructural que el capitalismo ha impuesto sobre los pueblos originarios. La consulta previa no es un obstáculo para el desarrollo, sino un mecanismo para que las comunidades decidan sobre su propio territorio y su futuro. Lo que la derecha llama “riesgo” es, en realidad, el límite que los pueblos indígenas ponen al saqueo de sus tierras y recursos por parte de las grandes empresas.
La Ley Lafkenche: la defensa del mar territorial frente al capital
La Ley Lafkenche, promulgada en 2008, es otro de los blancos de la ofensiva de la derecha. Esta normativa crea los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), permitiendo que las comunidades mapuche-lafkenche soliciten la administración de áreas de uso consuetudinario en el borde costero. La ley es una respuesta a la presión del capital inmobiliario, la industria salmonera y las concesiones marítimas que han arrasado con los ecosistemas costeros y las formas de vida de las comunidades.
El ministro Barros, sin embargo, ve en esta ley un “riesgo” para la defensa nacional. Su argumento es que la Ley Lafkenche, al igual que el Convenio 169, “divide” a los chilenos. Pero, ¿qué es lo que realmente molesta a la derecha? Lo que molesta es que la ley otorgue a las comunidades indígenas la capacidad de frenar proyectos extractivos en sus territorios, como la construcción de astilleros o la expansión de la salmonicultura. Lo que molesta es que los pueblos originarios tengan un instrumento legal para decir “no” al modelo de desarrollo que ha saqueado sus tierras y mares durante siglos.
La hipocresía de la “seguridad nacional”
La derecha chilena ha utilizado el argumento de la “seguridad nacional” para justificar la represión y el despojo desde la dictadura de Pinochet. No es casualidad que sea el ministro de Defensa quien lidere esta ofensiva. Barros no está preocupado por la seguridad de los chilenos, sino por los intereses del capital que necesita acceder a los recursos naturales sin la “molestia” de la consulta indígena o de las demandas territoriales.
La hipocresía del gobierno de Kast alcanza niveles grotescos cuando se contrasta su discurso sobre la “seguridad nacional” con su política de rebajas tributarias para las grandes empresas. La misma administración que encontró tiempo y recursos para regalar más de 4.000 millones de dólares anuales al capital, que autorizó la capitalización de Codelco y que prepara una reforma al mercado de capitales, ahora dice que el Convenio 169 y la Ley Lafkenche son un “riesgo” para el país. El verdadero riesgo para la seguridad nacional no son los derechos indígenas, sino la entrega de los recursos estratégicos a las transnacionales y la profundización de la desigualdad que el gobierno de Kast está impulsando.
Epílogo: la lucha de los pueblos no se detiene
La ofensiva del ministro Barros contra el Convenio 169 y la Ley Lafkenche es el último capítulo de una guerra de clases que la derecha chilena libra contra los pueblos originarios desde la conquista. La derecha sabe que no puede eliminar estas normativas de un plumazo, pero busca debilitarlas, vaciarlas de contenido y allanar el camino para el saqueo de los territorios.
La clase trabajadora y los movimientos sociales deben entender que la lucha por el Convenio 169 y la Ley Lafkenche no es una lucha corporativa de los pueblos indígenas, sino una lucha de todos los que se niegan a ser gobernados por los mismos de siempre. El derecho a la consulta previa, a la autonomía territorial y a la defensa de los ecosistemas no es un privilegio, sino una conquista que debe ser defendida contra la ofensiva del capital.
Mientras el gobierno de Kast celebra sus “éxitos legislativos” y los grupos económicos se frotan las manos con las rebajas tributarias, los pueblos indígenas y las organizaciones sociales ya han anunciado que no permitirán el retroceso en sus derechos. La lucha por el Convenio 169 y la Ley Lafkenche es parte de la lucha por un Chile más justo, donde los recursos naturales estén al servicio de las mayorías y no de las minorías. La historia, como siempre, estará del lado de los que resisten.