Una docena de investigaciones judiciales por corrupción han puesto en la mira a cinco senadores del oficialismo, representando el 10% de la Cámara Alta. Mientras la Fiscalía allana oficinas en el Congreso por el “Caso Junaeb” y desentraña la “Cuota Flores”, el frágil andamiaje de la mayoría parlamentaria de José Antonio Kast se tambalea. El propio Presidente ha reconocido el temor en una reunión de catarsis con los presidentes de los partidos oficialistas: el riesgo de perder la mayoría en el Senado es una preocupación latente. Una eventual pérdida de la mayoría dejaría en el limbo el proyecto de reforma constitucional de seguridad, la agenda de ajuste laboral y el legado del “gobierno de la emergencia”, confirmando que la clase política chilena, cuando se enfrenta a sus propias grietas, se desangra en el espectáculo de su propia podredumbre.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. La frágil mayoría que el gobierno de José Antonio Kast ostenta en el Senado, con apenas 24 de los 50 escaños, se ha convertido en un campo minado donde cada paso judicial puede desencadenar una explosión política. Cinco senadores clave —Karol Cariola (PC), Miguel Ángel Calisto (Independiente/Evópoli), Loreto Carvajal (PPD), Camila Flores (RN) y Alejandro Kusanovic (Ind.)— están siendo investigados por la Fiscalía en causas que van desde el fraude al fisco hasta el cohecho. El avance de estos procesos judiciales ha encendido todas las alarmas en La Moneda, donde el Presidente Kast convocó a una reunión de emergencia con los presidentes de los partidos del oficialismo para abordar lo que denominaron una “preocupación latente por el riesgo de perder la mayoría en el Senado”.
El tsunami judicial: una docena de causas que amenazan la mayoría
El epicentro de la tormenta es el “Caso Junaeb”, una investigación por presuntas coimas en las licitaciones del Programa de Alimentación Escolar que ha llevado a la Fiscalía a allanar las oficinas de los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (Independiente de la FREVS) en el Congreso. La trama, que también salpica al exdiputado comunista Hugo Gutiérrez, ha puesto en el centro del escándalo a dos legisladores que han sido votos decisivos para la aprobación de la megareforma del gobierno. El fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, ha asegurado que la prueba ofrecida por el Ministerio Público “permitirá acreditar en un futuro juicio oral cada uno de los hechos que se imputan a los acusados”.
Pero el “Caso Junaeb” es apenas la punta del iceberg. La senadora Camila Flores (RN), una de las voces más visibles del oficialismo, enfrenta una investigación por presunto fraude al fisco en el esquema conocido como la “Cuota Flores”, que superaría los $300 millones. Se le acusa de haber descontado parte de las remuneraciones de sus asesores. El senador Alejandro Kusanovic (Ind.) también está en la mira: la PDI incautó su celular y computador en el marco de una investigación por una presunta “cuota” que habría exigido a un exfuncionario destinar parte de su sueldo a terceros. La senadora Karol Cariola (PC), por su parte, es imputada en el caso “Chinamart” por las gestiones que realizó en favor de un empresario chino. Y la senadora Loreto Carvajal (PPD) también figura en la lista de parlamentarios atentos a los movimientos de la Fiscalía.
El analista político Daniel Stingo ha sido categórico: “La derecha hoy tiene tres senadores que están en la cuerda floja por corrupción y son claves para que se apruebe la megarreforma”. La frase resume la angustia de un oficialismo que ve cómo su estrecha mayoría se desvanece ante el avance de la justicia.
El silencio cómplice y el miedo en La Moneda
El miedo a perder la mayoría en el Senado ha llevado al Presidente Kast a convocar a una reunión de catarsis con los presidentes de los partidos del oficialismo. En el encuentro, se transparentó la preocupación latente por los procesos judiciales que protagonizan los senadores Flores y Calisto. El propio Mandatario reconoció que es fundamental entregar el poder a alguien del mismo sector, pero la posibilidad de que la mayoría se desmorone pone en jaque esa continuidad.
El gobierno ha intentado minimizar el impacto. El senador Sergio Gahona ha declarado que “no existe ninguna irregularidad en mi labor parlamentaria”. Sin embargo, los allanamientos y las formalizaciones avanzan sin pausa, y la prensa hegemónica, fiel a su función de clase, ha tratado el escándalo como un “problema de gestión” más que como el síntoma de una crisis estructural.
La función de clase del escándalo: la justicia que siempre llega tarde
Desde una perspectiva marxista, el escándalo que amenaza con sepultar la mayoría de Kast no es una anomalía del sistema, sino su expresión más pura. La misma derecha que prometió “mano dura” y “probidad” es la que ahora ve cómo sus propias filas se desangran en investigaciones por coimas y fraudes. La “Cuota Flores” y el “Caso Junaeb” no son excepciones; son la regla de un sistema político que ha convertido el financiamiento de las campañas y el manejo de los recursos públicos en un negocio.
Pero la clase trabajadora no debe celebrar el escándalo como un triunfo de la justicia. La justicia, en el Chile de los patrones, siempre llega tarde y siempre es selectiva. Mientras los senadores del oficialismo enfrentan investigaciones, los grandes grupos económicos que financian las campañas de la derecha siguen operando en la impunidad de los paraísos fiscales. La “mano dura” que Kast prometió contra la delincuencia nunca se ha aplicado a la corrupción de cuello y corbata.
Epílogo: el espectáculo de la podredumbre
La ofensiva judicial contra los senadores del oficialismo no es el fin de la historia, sino su continuación. La mayoría en el Senado, que ya era frágil, se tambalea al borde del colapso. Si la Fiscalía logra avanzar en las investigaciones, el gobierno de Kast podría perder el control de la Cámara Alta, sepultando su agenda de reformas y dejando en el limbo el proyecto de reforma constitucional de seguridad y la flexibilización laboral.
La clase trabajadora chilena, que ha sido víctima de los recortes, el ajuste y la precarización, observa el espectáculo con la distancia de quien sabe que, gane quien gane, el sistema seguirá siendo el mismo. La podredumbre no es un accidente, es la esencia de un sistema político que ha convertido la política en un negocio y la justicia en una mercancía. Mientras los senadores del oficialismo luchan por su supervivencia judicial, los trabajadores siguen esperando que sus necesidades sean prioridad. La lucha por una sociedad más justa no se ganará en los tribunales burgueses, sino en las calles y en la conciencia de los que se niegan a ser gobernados por los mismos de siempre.