Lo que Donald Trump calificó como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial” es, en los hechos, la más grande transferencia de soberanía energética de Venezuela desde la nacionalización de 1976. A ocho meses del golpe militar del 3 de enero que secuestró a Nicolás Maduro, la presidenta interina Delcy Rodríguez firmó un convenio de 25 años que otorga a Estados Unidos el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas —el 22% del total— repartidas en 17 campos estratégicos. Por cada barril que las transnacionales estadounidenses extraigan, Venezuela recibirá apenas 19 dólares. Mientras Trump celebra que el acuerdo duplica las reservas petroleras de EE.UU. sin coste para sus contribuyentes, el pueblo venezolano, que ha soportado el bloqueo más cruel de la historia, asiste a la consumación del saqueo de su principal riqueza bajo el manto de una “soberanía” que la propia mandataria se esfuerza en defender, pero que el contrato desmiente.
Por Equipo El Despertar
Caracas. La noche del sábado 29 de agosto, Delcy Rodríguez se dirigió a la nación en cadena nacional para defender el acuerdo que horas antes Donald Trump había anunciado con bombo y platillo desde Washington. “Hay algo que debe quedar absolutamente claro: Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos”, afirmó la presidenta interina . Pero la letra del contrato revela una realidad muy distinta. El pacto, que tendrá una vigencia de 25 años —no 100, como algunas especulaciones señalaban—, otorga a Estados Unidos el “control mayoritario” de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas, equivalentes a aproximadamente el 22% del total de las reservas venezolanas y al 141% de las reservas probadas de crudo de EE.UU.
El negocio del hambre: 19 dólares por barril y una promesa de inversión
La arquitectura del acuerdo es una ingeniería financiera diseñada para extraer el máximo beneficio al capital estadounidense. Según Rodríguez, por cada barril producido y vendido, “cerca de 19 dólares ingresan directamente a nuestro país” . Tomando un precio de referencia de 65 dólares por barril, los ingresos totales para el Estado se estiman en 209.335 millones de dólares. El acuerdo incluye el desarrollo de 17 campos estratégicos, de los cuales 8 son bloques “verdes” (greenfields) en la Faja Petrolífera del Orinoco, que pagarán una regalía mínima de 16% y un Impuesto Sobre la Renta de 34%. El gobierno venezolano ha destacado que estas condiciones mejoran los proyectos anteriores de la década de 1990, pero el experto Francisco Monaldi, del Instituto Baker de la Universidad Rice, advirtió que establecer una carga de regalía e impuesto fija que no se ajusta a distintos escenarios “termina resultando en que paradójicamente haya menor inversión y menor recaudación para el Estado”.
La inversión privada estimada en 100.000 millones de dólares llega después de que el gobierno interino, instalado tras la captura de Maduro por fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero, haya allanado el camino con la flexibilización de las sanciones y la aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos que reduce las regalías. La promesa de “empleos bien remunerados” y “reconstrucción económica” que esgrime Marco Rubio choca con la realidad de un país que ha sido sometido al bloqueo más prolongado de la historia moderna.
La hipocresía de la soberanía: del discurso a la entrega
El discurso de Rodríguez, que insiste en que Venezuela “conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos”, es una cortina de humo para ocultar la transferencia de facto del control operativo de los yacimientos. El país solo otorga contratos para que empresas extranjeras operen los campos, pero el control mayoritario que Trump celebró implica que Washington tendrá la última palabra sobre la producción, la comercialización y los precios. El analista político Carlos Alberto Almeida ha descrito la relación actual entre EE.UU. y Venezuela como de carácter “colonial”. Lo que el gobierno interino presenta como una “alianza” es, en los hechos, la reinstauración del modelo de enclave petrolero que la Revolución Bolivariana intentó superar.
El propio hijo de Nicolás Maduro recordó que su padre había conversado con Trump sobre un posible convenio energético antes de ser secuestrado por Washington. La ironía es brutal: el gobierno que resistió el bloqueo durante años es ahora el que entrega el petróleo al mismo imperio que lo impuso. La presidenta interina, en su defensa del pacto, ha señalado que “de nada sirve tener nuestras reservas petroleras bajo tierra únicamente para que aparezcan en una estadística o en una contabilidad”. Pero la clase trabajadora venezolana sabe que la verdadera pregunta no es si el petróleo debe extraerse, sino para quién y en qué condiciones. Y el acuerdo firmado con Trump responde a la primera pregunta con una evidencia incontrovertible: para el imperio.
La función de clase del saqueo
Desde una perspectiva marxista, el acuerdo petrolero entre el gobierno interino de Delcy Rodríguez y la administración Trump es la consumación del saqueo de los recursos naturales de Venezuela por parte del capital transnacional. El discurso de la “soberanía” es la coartada ideológica de una operación que transfiere el control de la principal riqueza del país al imperio que la ha asediado durante décadas. La misma administración que encontró tiempo y recursos para bombardear, secuestrar y sancionar, ahora celebra la “cooperación” mientras se apropia del 22% de las reservas probadas de petróleo.
La clase trabajadora venezolana y latinoamericana debe leer este acuerdo como lo que es: un acto de despojo de clase que profundiza la dependencia estructural de la región y consolida el dominio del capital estadounidense sobre los recursos estratégicos del continente. Los 19 dólares por barril que recibirá Venezuela no son una ganancia, sino el precio de la sumisión. La promesa de inversión y empleo no es un acto de solidaridad, sino la entrada de las transnacionales para asegurar la extracción de plusvalía.
Mientras Trump celebra su “mayor acuerdo petrolero de la historia” y Delcy Rodríguez defiende la “soberanía”,, el pueblo venezolano sigue esperando que su riqueza se convierta en bienestar. Pero el bienestar no llegará con un contrato que entrega el control del petróleo al imperio. Llegará cuando los trabajadores de Venezuela y de toda América Latina comprendan que la soberanía no se declara: se ejerce, se defiende y se construye desde abajo, en la resistencia a un sistema que convierte los recursos de los pueblos en botín del capital.