La Organización de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (OTJ) destapó la mayor trama de corrupción en la historia del Poder Judicial chileno, con la denuncia de un millonario contrato informático de $472 millones adjudicado por trato directo —sin licitación pública— a una empresa sin experiencia ni respaldo financiero. Las investigaciones han salpicado a ministras de la Corte Suprema como María Cristina Gajardo y Adelita Ravanales, y revelado una red de favores, nombramientos a dedo y coimas que involucra a jueces, fiscales y abogados en una trama que se extiende desde el caso Hermosilla hasta las “movidas” en cortes de Apelaciones. Mientras el gobierno de José Antonio Kast predica la “mano dura” contra la delincuencia común, el corazón del sistema judicial se desangra en un escándalo de clase que confirma la doble vara de la justicia: una para los de abajo y otra para los de arriba.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. La fachada de probidad del Poder Judicial ha sido despedazada por la evidencia más contundente de corrupción sistémica desde el retorno a la democracia. La Organización de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (OTJ) formalizó ante la Corte Suprema una denuncia que expone un entramado de influencias y negociados que opera en el corazón del sistema judicial chileno. La investigación apunta a un contrato informático por $472 millones que fue adjudicado por trato directo, sin que mediara un proceso de licitación pública, a la empresa Replai SpA.
El mecanismo del desfalco sigue un patrón conocido en los anales de la corrupción de cuello y corbata: se declaró desierta una licitación pública para, acto seguido, favorecer a una empresa perdedora mediante una adjudicación directa, con el visto bueno de las máximas autoridades del Poder Judicial. Según la denuncia de la OTJ, las ministras de la Corte Suprema María Cristina Gajardo Harboe y Adelita Ravanales Arriagada habrían impulsado esta millonaria contratación, que en los hechos vulneró todos los principios de transparencia, competencia y probidad que deberían regir en la administración pública.
“No es posible que la contratación de un servicio crítico para la modernización del sistema de justicia se haga a espaldas de la ley, beneficiando a una empresa que no tenía experiencia ni capacidad para ejecutarlo”, declararon fuentes de la OTJ. La denuncia recuerda que, para un proyecto de esa envergadura, debió realizarse una licitación pública, pero se optó por un trato directo que vulnera la Ley de Compras Públicas y abre la puerta a todo tipo de irregularidades.
La red de la impunidad: los hilos que conectan el escándalo
El contrato de Replai SpA es apenas la punta del iceberg de una podredumbre que ha sido documentada en múltiples frentes durante 2025 y 2026. Las investigaciones han revelado una red de influencias que atraviesa todo el sistema judicial. El caso Hermosilla, que ya ha llevado a la formalización de la exministra Ángela Vivanco y ha salpicado al ministro Antonio Ulloa por coordinaciones para el nombramiento de jueces y fiscales, expone la lógica de clase que opera en el Poder Judicial: los jueces no son nombrados por su mérito, sino por su lealtad a las redes de poder.
El llamado “caso nominaciones” o “muñeca bielorrusa” destapó una trama que involucra a la fiscal Claudia Perivancich y a una red de jueces, notarios y conservadores que operaban en base a pagos y gestiones indebidas para acceder a cargos y favores en el sistema judicial. La investigación ha revelado que el sistema de nombramientos en el Poder Judicial es un botín que las élites se reparten a sus anchas, sin que existan mecanismos efectivos de control y fiscalización.
La crisis es tan profunda que la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, ha reconocido que el Poder Judicial atraviesa “la peor crisis desde el retorno a la democracia”. Y no es para menos: en poco más de un año, cinco jueces de la Corte Suprema han sido destituidos, incluyendo a Ángela Vivanco, Sergio Muñoz y Diego Simpertigue. La pregunta que la clase trabajadora debe formularse es simple: ¿cuántos jueces de base han sido sancionados por faltas similares? La respuesta es evidente: el sistema judicial chileno aplica una vara distinta cuando se trata de los poderosos.
La farsa de la “mano dura”
El escándalo que sacude al Poder Judicial se produce en un contexto en que el gobierno de José Antonio Kast ha hecho de la “mano dura” contra la delincuencia su principal bandera. La misma administración que encontró tiempo y recursos para aprobar una megareforma que transfiere 4.000 millones de dólares anuales a las grandes empresas, que recortó la gratuidad universitaria y desfinanció la salud pública, que impulsó una reforma constitucional para crear un nuevo estado de excepción, dice ahora necesitar “mano dura” contra el crimen.
Pero los hechos demuestran que la “mano dura” es selectiva. Se aplica con rigor a los jóvenes de los barrios populares, a los migrantes, a los manifestantes. Pero se desvanece cuando se trata de los jueces, fiscales y abogados que, desde la cúpula del sistema judicial, han construido un entramado de corrupción que saquea los recursos públicos y blinda la impunidad de los poderosos.
La hipocresía alcanza niveles grotescos cuando se contrasta la lentitud con que el sistema judicial persigue a los suyos con la rapidez con que encarcela a los de abajo. Mientras los jueces de la Corte Suprema son investigados por millonarios contratos “a dedo”, los tribunales siguen condenando a los pobladores por delitos menores con todo el peso de la ley. La justicia de clase no es una excepción; es la regla.
La función de clase de la corrupción judicial
Desde una perspectiva marxista, el escándalo de corrupción que sacude al Poder Judicial no es una anomalía, sino la expresión de la lógica de clase que gobierna el Estado chileno. El sistema judicial no es un ente neutral al servicio del bien común, sino un mecanismo de dominación que la clase dominante utiliza para proteger sus intereses y disciplinar a los de abajo y a los enemigos del modelo.
La adjudicación directa de un contrato millonario a una empresa sin experiencia no es un error administrativo; es la manifestación de un sistema que privilegia las redes de influencia por sobre el mérito, la lealtad a los poderosos por sobre la probidad, y la impunidad de los de arriba por sobre la justicia de los de abajo. Los jueces que participaron en esta trama no son “manzanas podridas”; son la expresión de un árbol que está podrido desde la raíz.
El silencio del gobierno de Kast ante este escándalo es una confesión involuntaria. La misma administración que se llena la boca con discursos de “mano dura” contra la delincuencia, que promete “poner de rodillas al crimen organizado”, no tiene palabras para condenar la corrupción que se gesta en el corazón del sistema judicial. Porque sabe que el Poder Judicial, como el resto del Estado, es un instrumento de dominación de clase.
Epílogo: la justicia de los patrones
El escándalo de corrupción que sacude al Poder Judicial chileno es la prueba más contundente de que la justicia, en el Chile de los patrones, es un lujo para los ricos y un castigo para los pobres. Mientras los jueces de la Corte Suprema son investigados por millonarios contratos “a dedo”, los jóvenes de los barrios populares son condenados por delitos menores con todo el peso de la ley. Mientras los fiscales que participaron en la trama de nombramientos siguen en sus cargos, los manifestantes son perseguidos con la saña de un sistema que no conoce la piedad.
La clase trabajadora no debe dejarse engañar por el espectáculo de la “mano dura”. La verdadera lucha no es contra la delincuencia común, sino contra un sistema que blinda a los poderosos y criminaliza a los de abajo. El escándalo del Poder Judicial es un recordatorio de que la impunidad de los de arriba no es un accidente, sino una característica del sistema. Y mientras la justicia siga siendo un negocio de las élites, la clase trabajadora seguirá esperando que algún día la ley sea realmente igual para todos.