Mientras la corrupción de cuello y corbata ha golpeado con fuerza la cúpula del Poder Judicial —con cinco ministros de la Corte Suprema destituidos en el marco del “caso Hermosilla” y el escándalo de los contratos millonarios—, el máximo tribunal se prepara para una maratónica jornada que definirá el destino de 56 jueces y funcionarios del escalafón primario acusados de haber viajado al extranjero mientras se encontraban con licencia médica. Las audiencias comenzarán este 2 de septiembre y se extenderán hasta el 9 o 10 de septiembre, en un proceso que requerirá entre 37 y 42 horas de trabajo ininterrumpido. La clase trabajadora asiste, una vez más, a un espectáculo de doble vara: mientras los jueces de base son sometidos a un escrutinio implacable, los verdaderos responsables de la podredumbre del sistema —los ministros que vendieron fallos y traficaron con nombramientos— han sido destituidos, pero la estructura que los protegió sigue intacta.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. El próximo miércoles 2 de septiembre, el Pleno de la Corte Suprema iniciará la vista de los 56 cuadernos de remoción abiertos contra integrantes del escalafón primario que viajaron al extranjero mientras se encontraban haciendo uso de licencias médicas. La decisión, adoptada por el máximo tribunal, establece que las audiencias se extenderán desde las 10:30 hasta las 18:00 horas, en un proceso que continuará durante los días siguientes hasta completar el análisis de todos los casos.
El origen de este proceso se remonta a mayo de 2025, cuando la Contraloría General de la República denunció que más de 25.000 funcionarios públicos se tomaron 35.585 licencias médicas entre 2023 y 2024, con viajes al extranjero que se concentraron principalmente entre septiembre y diciembre. La Corte Suprema revisó inicialmente 104 casos de jueces y funcionarios que habrían salido de Chile mientras se encontraban con reposo médico. De ese total, el tribunal resolvió abrir 56 cuadernos de remoción.
La maratón judicial: 42 horas para decidir el futuro de 56 jueces
Cada cuaderno de remoción requerirá entre 40 minutos y una hora de audiencia, lo que implica que las 56 causas demandarán entre 37 y 42 horas de trabajo. Cada parte contará con 30 minutos para sus alegatos. Las audiencias tendrán carácter reservado debido a los antecedentes personales que podrían ser expuestos durante su desarrollo.
La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, explicó que la resolución se basó en el artículo 80 de la Constitución —que establece la permanencia y cese de funciones de los miembros del Poder Judicial— y no en los sumarios previos. “La Corte Suprema tiene la obligación de velar por el cuidado del Poder Judicial, por su legitimidad ante una sociedad democrática de derecho, ante malas conductas que afectan su imagen, deterioran su estatura moral, degradan su credibilidad o alimentan el desprestigio de la judicatura”, sostuvo.
Entre los 56 jueces que enfrentan procesos de remoción se encuentran la presidenta de la Corte de La Serena, Gloria Negroni; la ministra de la Corte de Santiago, Danai Hasbún; y el ministro de la Corte de Arica, José Delgado. También está incluido el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, quien se encuentra a cargo del proceso en contra del exdiputado Joaquín Lavín León. Urrutia ha sido investigado por dos licencias médicas: una en la que viajó a Costa Rica en 2020, por la que fue sobreseído, y otra en la que viajó a Ecuador en 2022, por la que fue absuelto. El Tribunal Constitucional ya rechazó un requerimiento presentado por su defensa para frenar el proceso.
La doble vara de la justicia de clase
El escándalo de los jueces que viajaron con licencia médica se produce en un contexto de profunda crisis del Poder Judicial. La propia presidenta de la Corte Suprema ha reconocido que el tribunal enfrenta “la peor crisis desde el retorno a la democracia”. La crisis se ha visto agravada por los casos de corrupción que han salpicado a la cúpula del Poder Judicial, incluyendo la destitución de cinco ministros de la Corte Suprema en el marco del “caso Hermosilla”.
Sin embargo, la respuesta del sistema judicial a estas crisis revela la lógica de clase que lo atraviesa. Mientras los jueces de base son sometidos a procesos de remoción por viajar al extranjero con licencia médica —una falta que, sin duda, merece ser investigada—, los verdaderos responsables de la podredumbre del sistema —los ministros que vendieron fallos y traficaron con nombramientos— han sido destituidos, pero la estructura que los protegió sigue intacta.
La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile ha cuestionado el proceso, argumentando que la apertura de los cuadernos de remoción “vulnera la honra de los asociados”, pues las conductas imputadas ya habían sido conocidas y resueltas en procedimientos disciplinarios previos. La relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, también ha manifestado su preocupación por los procedimientos, advirtiendo sobre eventuales riesgos para el debido proceso y la independencia judicial.
La función de clase del escándalo
Desde una perspectiva marxista, el proceso contra los 56 jueces y la crisis de corrupción que sacude al Poder Judicial no son hechos aislados, sino la expresión de la lógica de clase que gobierna el sistema judicial chileno. La justicia, en el Chile de los patrones, no es un ente neutral al servicio del bien común, sino un mecanismo de dominación que la clase dominante utiliza para proteger sus intereses y disciplinar a los de abajo.
La persecución a los jueces que viajaron con licencia médica no es una cruzada contra la corrupción; es un mecanismo de disciplinamiento interno que el propio sistema judicial utiliza para mostrar que “hace algo”, mientras los verdaderos responsables de la podredumbre —los que traficaron con nombramientos y vendieron fallos— han sido destituidos, pero la estructura que los protegió sigue intacta.
La propia presidenta de la Corte Suprema ha reconocido que el tribunal enfrenta la peor crisis desde el retorno a la democracia. Pero la crisis no es solo de corrupción; es de legitimidad. Un sistema judicial que persigue con saña a los jueces de base por viajar al extranjero con licencia médica, pero que no logra desmantelar las redes de corrupción que han operado en su seno durante décadas, es un sistema que ha perdido su credibilidad ante la clase trabajadora.
Epílogo: la maratón de la impunidad
La maratón judicial que comenzará el 2 de septiembre no resolverá la crisis del Poder Judicial. Los 56 jueces que enfrentan procesos de remoción serán juzgados, pero la estructura que permitió la corrupción de cuello y corbata seguirá intacta. La clase trabajadora, que ha visto cómo los jueces de base son perseguidos mientras los ministros que vendieron fallos son destituidos sin que se desmantele la red que los protegió, no debe dejarse engañar por el espectáculo de la “mano dura” contra la corrupción.
La verdadera lucha no es contra los jueces que viajaron con licencia médica, sino contra un sistema que blinda a los poderosos y criminaliza a los de abajo. Mientras la Corte Suprema se prepara para 42 horas de audiencias, la clase trabajadora sigue esperando que la justicia sea realmente igual para todos. La maratón de la impunidad no ha terminado; apenas comienza.