El 31 de agosto de 2016, el Senado brasileño destituyó a Dilma Rousseff por 61 votos contra 20, poniendo fin al segundo mandato de la primera mujer elegida presidenta del país. Diez años después, el proceso que la removió del poder es reconocido como uno de los casos más emblemáticos de lawfare en América Latina: el uso del sistema judicial y legislativo para consumar un golpe de Estado institucional, sin tanques en las calles pero con toda la violencia de un aparato político-mediático que no toleraba la continuidad del proyecto de los trabajadores. El impeachment, basado en las llamadas “pedaladas fiscales” —maniobras presupuestarias comunes en la administración pública brasileña—, careció de pruebas contundentes sobre delitos personales. La misma votación que la destituyó rechazó inhabilitarla para ejercer cargos públicos, una contradicción que evidenció la naturaleza esencialmente política del juicio. La clase trabajadora brasileña y latinoamericana asiste, una vez más, a la confirmación de una verdad incómoda: cuando el capital no puede ganar en las urnas, recurre a la justicia como arma de guerra.
Por Equipo El Despertar
Brasilia. La fecha quedó grabada en la memoria de la clase trabajadora brasileña. El 31 de agosto de 2016, el Senado Federal consumó la destitución de Dilma Rousseff, la primera mujer en ocupar la Presidencia de Brasil, en un proceso que duró aproximadamente nueve meses. La acusación formal se sustentó en decretos que ampliaban partidas presupuestarias y en el retraso de transferencias del Tesoro al Banco do Brasil —las llamadas “pedaladas fiscales”. Pero lo que se presentó como un juicio por “crímenes de responsabilidad” fue, en los hechos, la ejecución de un plan orquestado por las élites políticas, económicas y mediáticas para desalojar del poder a un proyecto que había mejorado la vida de millones de trabajadores.
“El punto de partida de toda la degradación de la democracia en Brasil está en la adopción del ‘lawfare’, que clasifico como la manipulación de la Justicia para destruir e interdictar a los adversarios políticos”, declaró la propia Rousseff en 2021. Y añadió: “El hecho de que el golpe no sea con los tanques en las calles, con invasión de domicilios, con el cierre del Congreso y con tortura explícita, no significa ‘blandura’ ninguna”. La frase condensa la esencia del lawfare: un golpe de Estado que no necesita tanques porque tiene jueces, fiscales y medios de comunicación.
La maquinaria del lawfare: cómo se construyó el golpe institucional
El término “lawfare” —contracción de law (ley) y warfare (guerra)— se refiere al uso de procedimientos legales para la persecución política, buscando desacreditar o inhabilitar a adversarios mediante el sistema judicial. En América Latina, varios líderes progresistas han denunciado ser víctimas de esta estrategia. El caso de Dilma Rousseff es paradigmático porque combinó tres elementos: una ofensiva judicial, un juicio político en el Congreso y una campaña mediática sin precedentes.
La destitución de Rousseff fue el primer eslabón de una cadena de lawfare que incluyó la detención de Lula da Silva en 2018, impidiéndole participar en las elecciones de ese año. Como señala el profesor Osvaldo Coggiola de la Universidad de São Paulo, el objetivo inmediato del golpe fue sacar al Partido de los Trabajadores (PT) del liderazgo de la coalición gobernante y reemplazar 15 años de un gobierno de conciliación de clases por una agenda política neoliberal. “El objetivo era reemplazar este gobierno de conciliación de clases por un gobierno que ataca directamente los logros sociales de los trabajadores”, afirma.
El historiador Murilo Cleto, coautor del libro ¿Por qué gritamos golpe?, es lapidario: “La clase política dejó muy claro que todo valía para que sus intereses prevalecieran en el juego de la política. En una democracia, no funciona así. Creo que esto fortalece a los autoritarios y demagogos, pues se dan cuenta de que en cualquier momento pueden poner a prueba los límites de las instituciones”.
La hipocresía del “juicio político”: una presidenta sin delito
Uno de los aspectos más reveladores del proceso fue su desenlace. El Senado aprobó la pérdida del mandato, pero rechazó inhabilitar a Rousseff para ejercer cargos públicos: 42 votos a favor de la inhabilitación y 36 en contra, cuando se necesitaban 54. La contradicción es brutal: si la destitución era consecuencia de un “crimen de responsabilidad”, ¿cómo podía separarse la pérdida del cargo de la sanción prevista para quien lo hubiera cometido?.
El abogado de Dilma durante el proceso, José Eduardo Cardozo, declaró a CartaCapital que la destitución de una presidenta sin delito alguno sentó un precedente que alteró la relación entre los poderes. La exmandataria fue posteriormente declarada inocente de las supuestas irregularidades que habrían justificado el pedido de impeachment. Pero el daño ya estaba hecho: el golpe había consumado su objetivo.
Las consecuencias de clase del golpe: el capital contra el pueblo
La caída de Dilma Rousseff no fue un hecho aislado. Fue el pistoletazo de salida de una ofensiva de la clase dominante contra los derechos de los trabajadores. Con la llegada de Michel Temer al poder, se inició una agenda de ajuste neoliberal que precarizó las condiciones de vida de la clase trabajadora. Luego vino Jair Bolsonaro, producto directo de esa “corrosión” de la democracia que la propia Rousseff denunció.
El profesor Osvaldo Coggiola lo explica con claridad: “El objetivo social, y podríamos decir histórico, va mucho más allá. El objetivo era reemplazar 15 años de un gobierno de conciliación de clases con una agenda política neoliberal. Reemplazar este gobierno de conciliación de clases con un gobierno que ataca directamente los logros sociales de los trabajadores, los logros del pueblo en general. No solo los que se obtuvieron durante los gobiernos de Lula, sino todos los acumulados en Brasil a través de una serie de conquistas legislativas, como los derechos laborales”.
El impeachment de Dilma Rousseff no fue un juicio político; fue la liquidación de un proyecto de país. La Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD), fundada como consecuencia directa del golpe, defendió desde el inicio que el impeachment de Dilma Rousseff fue parte de un proceso político más amplio de lawfare y de ataque sistemático a las instituciones democráticas. Diez años después, su diagnóstico sigue siendo válido.
La función de clase del lawfare
Desde una perspectiva marxista, el caso de Dilma Rousseff no es una anomalía, sino la expresión de la lógica de clase que gobierna el capitalismo latinoamericano. Cuando el capital no puede vencer en las urnas, recurre al lawfare: la judicialización de la política como mecanismo de dominación. El lawfare no es un exceso del sistema judicial; es su funcionamiento normal cuando los intereses de la clase dominante están en juego.
El método es siempre el mismo: se construye una narrativa de “corrupción” o “irregularidad” que los medios de comunicación amplifican, se utiliza el sistema judicial para perseguir a los adversarios políticos y se consuma el golpe con la complicidad del Parlamento. En Brasil, el lawfare no se detuvo con la caída de Dilma; continuó con la detención de Lula, que fue condenado por el juez Sergio Moro en un proceso que luego fue anulado por parcialidad. La filtración de las conversaciones entre Moro y los fiscales por The Intercept Brasil en 2019 evidenció la manipulación del sistema judicial.
La clase trabajadora no debe dejarse engañar por el discurso de la “lucha contra la corrupción”. La verdadera corrupción no está en las “pedaladas fiscales” de Dilma Rousseff, sino en un sistema que utiliza la justicia como arma de guerra para derrocar a quienes representan los intereses de los de abajo. Diez años después del golpe contra Dilma, la lección es clara: la democracia burguesa no es un espacio de disputa política, sino un mecanismo de dominación que la clase dominante utiliza para proteger sus intereses. Y cuando ese mecanismo falla, el lawfare está siempre listo para restaurar el orden de los patrones.