La administración neofascista del Estado de Chile, ha declarado una ofensiva legislativa sin precedentes en materia de seguridad: 23 proyectos de ley con algún grado de urgencia, 10 de ellos con discusión inmediata y otros 10 con suma urgencia, que incluyen la criminalización de la protesta social (ley anticapuchas y antibarricadas 2.0), la ampliación de la flagrancia a 24 horas, la legítima defensa privilegiada para policías de franco y una reforma constitucional que crea un nuevo estado de excepción de hasta 240 días para restringir derechos fundamentales sin control del Congreso. La clase trabajadora asiste, una vez más, a un nuevo capítulo de la misma historia: el gobierno de los patrones utiliza el miedo como coartada para imponer un dispositivo de control social que criminaliza a los de abajo, mientras la democracia burguesa se desangra en sus propias contradicciones.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. La noche del lunes 31 de agosto, el gobierno de José Antonio Kast renovó las urgencias legislativas de 23 proyectos que conforman la ACOT, en una demostración de fuerza que busca imponer su agenda represiva antes de que la ciudadanía despierte del letargo invernal. La Secretaría General de la Presidencia (Segpres) calificó 10 iniciativas con discusión inmediata —lo que fija un plazo de apenas seis días para su tramitación en cada cámara— y otras 10 con suma urgencia, que establece un margen de 15 días.
El ministro Segpres, José García Ruminot, fue explícito: “El Gobierno tiene la decisión de avanzar con urgencia en la agenda de seguridad, que es la agenda de los chilenos”. Pero la “agenda de los chilenos” que el gobierno quiere imponer no es una respuesta a la inseguridad que vive la clase trabajadora, sino un dispositivo de control social diseñado por y para los grupos económicos que financian a la derecha.
El paquete represivo: criminalizar la protesta y blindar al aparato represivo
El corazón de la ofensiva legislativa es una batería de medidas que, en conjunto, configuran un dispositivo de criminalización de la protesta social y de blindaje del aparato represivo del Estado. Entre las iniciativas con discusión inmediata destacan la ley anticapuchas, la ley antibarricadas 2.0, la legítima defensa privilegiada para carabineros de franco, y la ampliación de la flagrancia, que permitirá a la policía detener a personas sin orden judicial por un día completo.
El proyecto de Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) y el aumento de sanciones al delito de atentado contra la autoridad son el complemento perfecto de esta maquinaria represiva. La primera busca legalizar el uso de la fuerza letal por parte de los uniformados; la segunda, endurecer las penas para quienes se enfrenten a la policía. La traducción es clara: el gobierno de Kast quiere que los agentes del Estado puedan disparar sin rendir cuentas, y que los manifestantes sean condenados con todo el peso de la ley.
El mensaje es inequívoco: la protesta social, la resistencia popular, la organización de los de abajo, serán tratados como actos de “terrorismo” y “crimen organizado”. La misma lógica que la derecha ya ensayó en El Salvador y Honduras, donde la militarización de la seguridad pública ha servido para criminalizar a los sectores populares y blindar los intereses del capital.
El desinflamiento de la reforma estrella: cuando la “mano dura” choca con la realidad institucional
Pero la ofensiva legislativa del gobierno no ha sido un paseo triunfal. La reforma constitucional estrella de la ACOT —que crea un nuevo Estado de Excepción de hasta 240 días para restringir derechos fundamentales sin control del Congreso— ha tenido que ser rebajada de suma urgencia a urgencia simple, ampliando los plazos de discusión de 15 a 30 días por cámara, ante el rechazo transversal de la oposición y del propio oficialismo.
La iniciativa, ingresada el 17 de agosto, otorga al Presidente plenos poderes para suspender la libertad personal, el derecho de reunión y la libertad de desplazamiento, interceptar comunicaciones sin orden judicial y designar a un oficial general al mando de las zonas afectadas. Para ser aprobada, requiere un quórum de cuatro séptimos (29 votos) en el Senado, una cifra que el gobierno no tiene asegurada ni siquiera en sus propias filas.
El senador Karim Bianchi, presidente de la Comisión de Seguridad, fue categórico: “Para mí era no querer asumir un problema haciendo otro problema. Yo creo que el problema no está en la Constitución, está en la calle”. Incluso el diputado republicano Agustín Romero, del partido del Presidente, reconoció reparos frente a la posibilidad de interceptar comunicaciones sin autorización judicial. El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), fue más lejos: pidió sepultar la reforma y sostuvo que el Gobierno debía “ponerse colorado una vez y retirarla”.
La hipocresía de la “urgencia”: el gobierno de los patrones entre el show y la derrota
La paradoja es brutal. La misma administración que encontró tiempo y recursos para aprobar una megareforma que transfiere 4.000 millones de dólares anuales a las grandes empresas, que recortó la gratuidad universitaria y desfinanció la salud pública, que anunció un ajuste fiscal de 6.000 millones de dólares, dice ahora necesitar urgencia para combatir el crimen organizado. Pero la urgencia es selectiva: se aplica con rigor a las leyes que criminalizan a los de abajo, pero se desvanece cuando se trata de reformas que beneficiarían a los trabajadores.
El Presidente Kast, en una entrevista en radio Cooperativa, descartó retirar la reforma y afirmó que “el debate recién está comenzando”. “Yo creo que ahora comienza la discusión, la conversación con un proyecto de ley de reforma constitucional que puede sufrir modificaciones o perfecciones como lo fue en el tema de reconstrucción”, añadió. Pero su discurso es una confesión involuntaria: la reforma constitucional de seguridad, como la megareforma económica antes que ella, es un proyecto que el gobierno sabe que no puede aprobar sin modificaciones, pero que necesita mantener vivo para no mostrar su debilidad.
El ministro García Ruminot, por su parte, explicó que la rebaja de urgencia responde a que “los 30 días que contempla esta fórmula, permite mantener el proyecto como nosotros queremos”. Es decir, el gobierno no está dispuesto a retirar la reforma, pero sabe que no tiene los votos para aprobarla en los plazos que ella misma impuso. La “urgencia” que pregona la derecha es, en los hechos, una confesión de su propia impotencia.
La función de clase de la ofensiva legislativa
Desde una perspectiva marxista, la ofensiva legislativa del gobierno de Kast no es una respuesta a la inseguridad, sino la profundización de la lógica de clase que gobierna el Estado chileno. El paquete de leyes represivas no es una herramienta para proteger a la ciudadanía, sino un dispositivo de control social que permite al Ejecutivo suspender derechos, militarizar territorios y criminalizar a los sectores populares.
La ley anticapuchas y la ley antibarricadas 2.0 no son medidas contra la violencia; son herramientas para criminalizar la protesta social, para perseguir a los estudiantes, a los pobladores, a los trabajadores que se atreven a exigir sus derechos. La legítima defensa privilegiada para policías de franco no es una garantía de seguridad; es un blindaje para que los agentes del Estado puedan actuar con total impunidad, como ya ha quedado demostrado en el caso de Claudio Crespo, el excarabinero que dejó ciego a Gustavo Gatica y fue absuelto gracias a la ley Naín-Retamal.
El nuevo estado de excepción que el gobierno quiere constitucionalizar no es una herramienta para combatir el crimen organizado; es una carta blanca para que el Presidente pueda suspender derechos fundamentales sin control del Congreso, como ya ha ocurrido en Bolivia y Ecuador, donde los gobiernos de derecha han utilizado los estados de excepción para reprimir a los movimientos sociales.
Epílogo: la derrota anunciada de la “mano dura”
La ofensiva legislativa del gobierno de Kast en materia de seguridad es un intento desesperado de un gobierno en caída libre por recuperar la iniciativa política. Pero la realidad es tozuda: la reforma constitucional estrella de la ACOT ha tenido que ser rebajada de urgencia, la oposición se ha movilizado y el propio oficialismo se ha fracturado. La “mano dura” que pregona la derecha no es una respuesta a la inseguridad, sino un intento de imponer un dispositivo de control social que la propia institucionalidad burguesa se niega a aceptar.
La clase trabajadora no debe dejarse engañar por el espectáculo de la “urgencia”. La misma administración que encontró tiempo y recursos para regalar 4.000 millones de dólares a las grandes empresas, que recortó la gratuidad universitaria y desfinanció la salud pública, que recortó 125 mil millones de pesos a los municipios, dice ahora necesitar “urgencia” para combatir el crimen organizado. Pero la urgencia es para los de arriba; la espera es para los de abajo.
Mientras el gobierno de Kast se desangra en sus propias contradicciones, los barrios populares siguen esperando soluciones que no llegan. La seguridad no se construye con más cárceles ni con estados de excepción que blindan al aparato represivo. La seguridad se construye con inversión social, con empleo digno, con educación pública y con un Estado que esté al servicio de las mayorías, no de los intereses de los grupos económicos que se benefician del miedo. La derrota de la “mano dura” está a la vista. La clase trabajadora, una vez más, espera soluciones que no llegan.