La presidenta Keiko Fujimori solicitó al Congreso facultades legislativas por 120 días para legislar por decreto en 66 materias que abarcan desde seguridad ciudadana hasta asuntos laborales, tributarios, ambientales y financieros . Bajo el manto de la “lucha contra el crimen organizado”, el gobierno fujimorista pretende declarar “organización terrorista” a las bandas criminales, ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna y en los penales, y establecer una presunción de legítima defensa a favor de quien actúe para repeler una agresión . La misma administración que promete “mano dura” también busca eliminar barreras burocráticas, modificar la normativa ambiental y eliminar los topes a las tasas de interés, una medida que permitiría a los bancos elevarlas en los créditos formales. La clase trabajadora peruana, al igual que en todos los países latinoamericanos, asiste una vez más, a la confirmación de una verdad incómoda: la ultraderecha latinoamericana utiliza el miedo a la inseguridad como coartada para concentrar poder, reprimir a los sectores populares y entregar el Estado al capital financiero.
Por Equipo El Despertar
La propuesta llega en un momento particularmente delicado para Fujimori. Durante la campaña presidencial prometió que los primeros cambios serían visibles en 15 días, pero un mes después su gobierno ha empezado a moderar las expectativas. “Auguramos que a partir del próximo año, porque hoy hemos recibido el país con cifras estadísticas terribles, pero a partir del próximo año vamos a ir viendo mejorías”, sostuvo la mandataria, en una confesión involuntaria de que el “puño de hierro” prometido no ha dado resultados .
El paquete represivo: criminalizar la protesta y blindar al aparato represivo
El corazón de la ofensiva legislativa es una batería de medidas que, en conjunto, configuran un dispositivo de criminalización de la disidencia social y de blindaje del aparato represivo del Estado. El Ejecutivo quiere declarar “organización terrorista” a las bandas criminales, ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna y en los penales, y establecer una presunción de legítima defensa a favor de quien actúe para repeler una agresión . También pretende devolver capacidad operativa a la Dirección Nacional de Inteligencia, una institución que fue declarada en reorganización en 2015 después de denuncias de espionaje a políticos .
La designación de “organizaciones criminales como organizaciones terroristas” es una de las medidas más peligrosas del paquete . La misma lógica que la derecha ya ensayó en El Salvador y Honduras, donde la militarización de la seguridad pública ha servido para criminalizar a los sectores populares y blindar los intereses del capital. Como señala un análisis de La República, “sorprende que la presidenta Keiko Fujimori haya colocado la militarización de las calles en el centro de su propuesta de seguridad” .
El primer ministro Luis Galarreta justificó el pedido con una declaración que condensa la lógica de clase de la ultraderecha: “Los delincuentes desafían al Estado porque buscan donde no hay militares y policías para disparar. La ciudadanía va a ver respuestas concretas para eso vamos a necesitar las facultades” . Pero la “ciudadanía” de la que habla Galarreta no es la clase trabajadora que sufre la inseguridad en los barrios populares; es la burguesía que necesita un Estado fuerte para garantizar sus negocios.
El ajuste neoliberal escondido detrás de la “seguridad”
Lo que el gobierno de Fujimori ha ocultado detrás de la retórica de la “seguridad” es un paquete de medidas neoliberales que, en los hechos, transfieren recursos de los trabajadores hacia el capital financiero. La solicitud incluye medidas para eliminar barreras burocráticas, modificar la normativa ambiental y eliminar los topes a las tasas de interés, una medida que permitiría a los bancos elevarlas en los créditos formales .
La hipocresía es monumental. La misma administración que promete “mano dura” contra el crimen organizado es la que abre la puerta a la usura bancaria. La misma que dice proteger a la ciudadanía es la que elimina las barreras ambientales para facilitar la extracción de recursos. La misma que promete “orden” es la que entrega el control de la economía a los grupos financieros.
El pedido de facultades también incluye medidas dirigidas a las micro y pequeñas empresas, proponiendo facilitar su formalización mediante la reducción de requisitos y trámites . Pero la “formalización” que promete el gobierno fujimorista no es una protección de los derechos laborales, sino una flexibilización que precariza aún más las condiciones de trabajo.
La crisis de legitimidad del “puño de hierro”
El pedido de facultades llega en un momento en que la popularidad del gobierno de Fujimori ya muestra signos de desgaste. La presidenta reconoció el desgaste acumulado durante sus primeras semanas en el poder: “Efectivamente, hoy cumplimos un mes que parece un año. Han sido días muy intensos” .
La crisis de legitimidad se refleja también en las cifras de pobreza e inseguridad alimentaria que el gobierno ha heredado. La pobreza monetaria alcanza al 25,7% de la población, más del 40% de los peruanos enfrenta inseguridad alimentaria y el sistema de salud atraviesa problemas estructurales . Pero ninguna de esas urgencias concentra la atención del gobierno; la prioridad es la concentración de poder.
El primer ministro Galarreta ha llamado al Congreso a ver con celeridad la delegación de facultades . La urgencia del gobierno no es combatir la inseguridad que sufre la clase trabajadora, sino blindar un dispositivo de control social antes de que la ciudadanía despierte del letargo.
La función de clase del libreto de la ultraderecha
Desde una perspectiva marxista, el pedido de facultades legislativas de Keiko Fujimori no es una respuesta a la inseguridad, sino la profundización de la lógica de clase que gobierna el capitalismo peruano. El paquete de medidas represivas y neoliberales no es una herramienta para proteger a la ciudadanía, sino un dispositivo de control social que permite al Ejecutivo suspender derechos, militarizar territorios y criminalizar a los sectores populares.
El mismo libreto se repite en toda América Latina: en Chile, José Antonio Kast impulsa una reforma constitucional para crear un nuevo estado de excepción de hasta 240 días; en Ecuador, Daniel Noboa entrega la soberanía al imperio; en El Salvador, Nayib Bukele militariza la seguridad pública. La ultraderecha latinoamericana ha encontrado en la “lucha contra el crimen organizado” la coartada perfecta para imponer su agenda: más represión para los de abajo, más poder para los de arriba.
La declaración de “organizaciones terroristas” a las bandas criminales no es una medida de seguridad; es una herramienta para perseguir a los movimientos sociales, a los sindicatos, a los pueblos indígenas que se atreven a desafiar el orden establecido. La militarización de las calles no es una respuesta a la delincuencia; es un dispositivo de control social que blinda los intereses del capital. La eliminación de los topes a las tasas de interés no es una medida de eficiencia; es un regalo a la banca.
Epílogo: el puño de hierro de los patrones
El pedido de facultades legislativas de Keiko Fujimori no es el fin de la historia, sino el comienzo de una nueva fase de la ofensiva de la ultraderecha contra la clase trabajadora peruana. La misma administración que promete “mano dura” contra el crimen organizado es la que abre la puerta a la usura bancaria, elimina las barreras ambientales y concentra el poder en las manos del Ejecutivo.
La clase trabajadora peruana no debe dejarse engañar por el espectáculo de la “mano dura”. La verdadera lucha no es contra la delincuencia común, sino contra un sistema que blinda a los poderosos y criminaliza a los de abajo. El pedido de facultades legislativas de Fujimori es la prueba más contundente de que la ultraderecha latinoamericana utiliza el miedo a la inseguridad como coartada para concentrar poder, reprimir a los sectores populares y entregar el Estado al capital financiero.
Mientras los ministros celebran la “recuperación del orden”, los trabajadores siguen esperando que sus salarios alcancen para llegar a fin de mes. El puño de hierro de los patrones no es contra la delincuencia; es contra los derechos de los de abajo. Y la historia, como siempre, la escriben los que resisten.