La Comisión Mixta resolvió por unanimidad este lunes la última discrepancia de la reforma al sistema político impulsada por el gobierno de Gabriel Boric y heredada por la administración de José Antonio Kast . El acuerdo, alcanzado en una sesión de apenas 20 minutos, establece que los partidos deberán condenar en sus declaraciones de principios el “uso de la violencia” y “los sistemas totalitarios” . La iniciativa, que impone un umbral del 5% de los votos para acceder a escaños y exige el 0,3% del electorado para formar nuevas colectividades, ha sido saludada por la clase política como un avance en la “gobernabilidad”, pero para la clase trabajadora representa el blindaje de un sistema diseñado por y para las élites que ya dominan el Congreso.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. La tarde del lunes 31 de agosto, la Comisión Mixta —integrada por cinco senadores y cinco diputados— se reunió para zanjar la única divergencia pendiente de la reforma al sistema político. El acuerdo fue unánime y rápido: apenas 20 minutos bastaron para que los representantes de los partidos grandes pusieran el último candado a un proyecto que, en los hechos, dificulta la participación de nuevas fuerzas políticas y fortalece el control de las cúpulas partidarias sobre sus militantes .
El punto en discusión era la redacción de las declaraciones de principios que deberán incluir los partidos. El diputado Gonzalo Winter (FA) planteó que varias exigencias eran redundantes y propuso mantener únicamente la condena al uso de la violencia, mientras que el senador Renzo Trisotti (Republicanos) advirtió que la redacción aprobada por la Cámara podía generar problemas interpretativos . Finalmente, se acordó que los partidos deberán expresar su condena al establecimiento de sistemas totalitarios, al uso de la violencia como método de acción política y comprometerse con la probidad y la transparencia .
La reforma de los grandes: umbrales, firmas y comités
Más allá de la discusión sobre la violencia política, el corazón de la reforma es un conjunto de disposiciones que, en los hechos, elevan las barreras de entrada a la competencia política y consolidan el poder de los partidos tradicionales. La iniciativa exige un mínimo del 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional para que los partidos puedan acceder a escaños, contemplando excepciones para aquellas colectividades que cuenten con un número mínimo de parlamentarios . También aumenta el porcentaje de firmas requerido para constituir nuevos partidos políticos y para postular como independientes .
Los partidos en formación deberán alcanzar una afiliación mínima equivalente al 0,3% del electorado que votó en la última elección de diputados . Además, la reforma otorga reconocimiento legal a los comités parlamentarios y establece la obligación de que los congresistas integren y permanezcan en uno de ellos durante su mandato . El incumplimiento de los acuerdos adoptados por los comités será considerado una infracción grave a la disciplina interna de la colectividad .
La presidenta de la Comisión Mixta, Danisa Astudillo (PS), valoró el acuerdo destacando que “por fin vamos a contar con una ley que eleva los estándares de probidad y de funcionamiento de los partidos políticos” . Pero la probidad de la que habla Astudillo no es la probidad de la clase trabajadora; es la probidad de una clase política que ha encontrado en esta reforma el mecanismo para blindar su propio poder.
El “candado a los díscolos”: la función de clase de la reforma
Desde una perspectiva marxista, esta reforma no es un avance democrático, sino un blindaje del statu quo. El título del artículo de El Mostrador es elocuente: la reforma busca “poner candado a los díscolos” . La traducción es clara: el sistema político chileno, que ya es uno de los más excluyentes de América Latina, se dota de herramientas para dificultar aún más la participación de nuevas fuerzas políticas y para disciplinar a quienes se atreven a desafiar el orden establecido.
El umbral del 5% no es una medida técnica; es un mecanismo de exclusión. Los partidos pequeños y las fuerzas emergentes, que representan a sectores de la clase trabajadora que no encuentran espacio en las estructuras tradicionales, quedan marginados del Congreso. El aumento de las exigencias para formar partidos y para postular como independiente es una barrera adicional que el capital ha levantado para garantizar que la política siga siendo un negocio de las élites.
La obligación de condenar el “uso de la violencia” y los “sistemas totalitarios” no es una defensa de la democracia; es una herramienta de criminalización de la disidencia. La misma lógica que permite al gobierno de Kast calificar a los movimientos sociales como “terroristas” es la que ahora se inscribe en la ley para estigmatizar a quienes se organizan fuera de los canales institucionales. La reforma no busca fortalecer la democracia; busca disciplinar a los que se resisten.
La hipocresía de la “gobernabilidad”
La reforma al sistema político se presenta como un avance en la “gobernabilidad” y la “representatividad”. Pero la gobernabilidad que defiende la clase política chilena no es la gobernabilidad de los de abajo; es la gobernabilidad de los de arriba. Es la capacidad de las élites para gestionar el conflicto social sin que este desborde los canales institucionales. Es la posibilidad de que los partidos grandes sigan repartiéndose el poder sin tener que rendir cuentas a quienes los sostienen con su trabajo.
La reforma fue impulsada durante el gobierno de Gabriel Boric y heredada por la administración de José Antonio Kast . La continuidad del proyecto entre un gobierno de izquierda y uno de ultraderecha no es una coincidencia; es la confirmación de que, para la clase política chilena, el verdadero enemigo no es la derecha ni la izquierda, sino cualquier fuerza que pueda amenazar el orden establecido. La reforma es el blindaje del sistema contra los de abajo.
El último obstáculo y la votación final
El acuerdo de la Comisión Mixta deberá ser incorporado al informe de la instancia y, una vez emitido por la secretaría técnica, pasar a las salas de ambas cámaras para su votación . La reforma todavía no es ley, pero su aprobación final es solo cuestión de tiempo . El Senado ya había refrendado otros aspectos de la reforma , y la Comisión Mixta ha despejado el único punto que permanecía pendiente .
La clase trabajadora chilena asiste, una vez más, a un espectáculo de la política burguesa: la reforma del sistema político no es para que los de abajo participen, sino para que los de arriba se perpetúen. El “candado a los díscolos” es el candado que la clase dominante ha puesto a la posibilidad de que la clase trabajadora construya una alternativa política fuera de los márgenes que el capital le ha asignado. Mientras los partidos grandes celebran su “avance en la gobernabilidad”, los de abajo siguen esperando que la política sea algo más que el negocio de los mismos de siempre.