El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, afirmó esta semana que la inteligencia de su país tiene información “categórica” de que el estallido social de octubre de 2019 “provino de organizaciones de izquierda” . Horas después, y tras ser citado por Cancillería, el diplomático se retractó parcialmente: reconoció que EE.UU. no realizó una investigación independiente y que su análisis se basó en “información proveniente de su Congreso, sus académicos y su policía” . La contradicción es tan brutal como reveladora: el representante de la administración Trump primero se arroga la autoridad de un informe de inteligencia para intervenir en los asuntos internos de Chile, y luego admite que no tiene ninguna información nueva. La operación es un calco de las viejas intervenciones imperialistas: instalar una narrativa, deslegitimar la rebelión popular y blindar a los responsables de la represión, todo ello con la complicidad de un gobierno chileno que, lejos de defender la soberanía, se pliega a los designios de Washington.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. La mañana del martes 8 de septiembre, el embajador Brandon Judd declaró a CNN Chile que “nuestra inteligencia nos dice categóricamente” que el estallido social de 2019 “provino de organizaciones de izquierda o de ideología de izquierda” . El diplomático, cercano a Donald Trump y defensor de la “Coalición Contra los Carteles de las Américas” , respaldaba así las declaraciones de la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de EE.UU., Sarah Rogers, quien en el Foro de Madrid afirmó que “extremistas de izquierda incendiaron estaciones de metro y destrozaron negocios” durante las movilizaciones de 2019 .
La reacción no se hizo esperar. El canciller Francisco Pérez Mackenna convocó de urgencia al embajador y le recordó que “los embajadores no deben opinar sobre la política interna en los países en que están” . El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, fue más allá: calificó las declaraciones de Judd como “una intervención abierta y grosera” y sugirió que, si el embajador tiene tanta certeza, “a no ser que esté ese mismo movimiento o promovido o creado o infiltrado por la CIA” . Carmona emplazó al gobierno a solicitar el cambio del embajador . En la oposición, la diputada Daniella Cicardini (PS) calificó la situación como “preocupante” y “raro que se anuncie por la prensa” . Incluso desde el oficialismo, el diputado Francisco Orrego (RN) admitió su sorpresa: “lo que sorprende de sobremanera es ver cómo un gobierno extranjero dice manejar información que la inteligencia de Chile no fue capaz de entregar” .
Pero el verdadero escándalo estalló al día siguiente. Tras la reunión con el canciller, Judd se retractó: “No tenemos datos concretos sobre individuos específicos ni sobre grupos determinados” . Aclaró que “no hicimos una investigación independiente”, que la embajada “no tiene ninguna investigación ni tiene documentos” y que su análisis se basó exclusivamente en fuentes abiertas chilenas .
La función de clase de la injerencia imperial
Lo que Judd ha hecho no es un exabrupto aislado, sino la ejecución de una estrategia de dominación que el imperialismo estadounidense ha perfeccionado durante décadas en América Latina. La Doctrina Monroe, resucitada por Trump y su secretario de Estado Marco Rubio , no tolera que los pueblos del Sur Global se levanten contra el orden establecido. Por eso, cuando el 18-O sacudió los cimientos del Estado chileno, Washington necesitaba una narrativa: el estallido no fue la expresión de décadas de desigualdad y explotación, sino el resultado de una conspiración de “izquierda radical” financiada desde el exterior.
El propio canciller Pérez Mackenna, que ha debido contener el daño diplomático, lo reconoció sin decirlo: “Los embajadores no deben opinar sobre la política interna en los países en que están” . Pero el gobierno de José Antonio Kast no solo no ha frenado esta injerencia, sino que la ha facilitado. La diputada Macarena Santelices (Republicanos) celebró las declaraciones de Judd como un respaldo a su tesis de que “el estallido social no fue solamente una expresión espontánea de descontento” . La derecha chilensis, que durante años ha intentado criminalizar el 18-O para deslegitimar la rebelión popular, ha encontrado en el embajador estadounidense un aliado inesperado.
La criminalización de la protesta y el silencio sobre las violaciones a los derechos humanos
Lo que Judd omite en su “análisis” es que el 18-O fue una rebelión popular contra un modelo de acumulación que concentra la riqueza en manos de unos pocos y condena a la mayoría a la precariedad. Omite que las violaciones a los derechos humanos durante el estallido —los perdigones en los ojos, las torturas en las comisarías, los muertos a manos de las fuerzas represivas— son parte de la historia que la derecha quiere borrar. Omite, también, que el propio gobierno de Kast ha impulsado una reforma constitucional para crear un nuevo estado de excepción que restringe derechos fundamentales, y que ha declarado una “guerra total” contra el crimen organizado que, en los hechos, es un dispositivo de control social.
La hipocresía del imperio es monumental: mientras el embajador estadounidense se arroga el derecho de calificar el 18-O como una operación de “izquierda radical”, su gobierno ha sido el principal patrocinador de las dictaduras militares en América Latina, ha apoyado el genocidio en Gaza y ha desplegado una campaña de bombardeos que ya ha dejado más de 200 muertos en el Pacífico. La “información de inteligencia” que Judd dice tener no es más que el mismo libreto que Washington ha utilizado para deslegitimar cualquier movimiento popular que desafíe sus intereses.
La lección que la clase trabajadora no debe olvidar
El caso del embajador Judd es una lección de clase. La derecha chilena, que se llena la boca con discursos de “soberanía” y “defensa de la democracia”, no tiene problemas en aceptar la injerencia de Washington cuando esta sirve para criminalizar a sus adversarios. La izquierda, en cambio, debe denunciar esta intervención y recordar que el 18-O fue una rebelión legítima contra la desigualdad y la exclusión, no una conspiración extranjera.
Mientras el embajador estadounidense se retracta de sus dichos y el gobierno de Kast intenta contener el daño diplomático, la clase trabajadora chilena sabe que la verdadera amenaza a la democracia no viene de “organizaciones de izquierda”, sino de un sistema que utiliza el poder del imperio para silenciar a los que se levantan. La injerencia de Judd es la injerencia de siempre: la del imperio que no tolera que los pueblos decidan su propio destino.