Mientras el gobierno de José Antonio Kast justifica un nuevo golpe al bolsillo de los trabajadores con un alza de $35 en la gasolina y $89 en el diésel, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva firmó este miércoles un decreto que reduce los impuestos a la gasolina en R$0,63 por litro, otorga un subsidio de R$1 por litro al diésel y elimina la carga tributaria del etanol . La misma guerra en Medio Oriente que el gobierno chileno utiliza como excusa para traspasar el costo de la crisis a los consumidores es enfrentada por el gobierno brasileño con una batería de medidas que buscan precisamente lo contrario: que el precio de la guerra no llegue al bolsillo ni a la mesa de los trabajadores. La clase trabajadora asiste, una vez más, a la confirmación de una verdad incómoda: cuando los gobiernos de izquierda están en el poder, el Estado actúa como escudo frente a la especulación internacional; cuando gobierna la derecha, el Estado se convierte en el recaudador de la factura de los más pobres.
Santiago de Chile / Brasilia. El contraste no podría ser más brutal. Mientras el ministro de Hacienda chileno, Jorge Quiroz, declaraba esta semana que el alza del diésel es “un tema de preocupación” pero que “lamentablemente son shocks internacionales” que el gobierno no puede evitar , el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva firmaba el miércoles un paquete de medidas para contener exactamente el mismo impacto. La misma guerra entre Estados Unidos e Irán, que ha elevado el precio del petróleo Brent por sobre los US$100 por barril , es enfrentada por los dos gobiernos de manera diametralmente opuesta.
El blindaje de Lula: el Estado como escudo de los trabajadores
En Brasil, el presidente Lula fue categórico al firmar las medidas: “No vamos a permitir que el precio de la guerra de Irán llegue al bolsillo del brasileño y al plato de comida”. El primer decreto reduce en R$0,63 (US$0,12) las alícuotas del PIS/PASEP y del Cofins sobre la gasolina, lo que deja la tributación total en apenas R$0,16 por litro . Para el etanol, la reducción es de R$0,19 por litro, eliminando por completo la carga tributaria sobre el producto .
Pero la medida más significativa es la nueva subvención de R$1 por litro para productores e importadores de diésel, autorizada por una medida provisional que reemplaza un subsidio anterior que expiraba precisamente este miércoles . El ministro de Planificación, Bruno Moretti, lo resumió con claridad: “Es una filosofía que el presidente ha mantenido desde el inicio de esta guerra. El pueblo no puede pagar por una guerra que no es suya”.
El gobierno brasileño ha reconocido que las medidas tienen un fuerte componente electoral —las elecciones presidenciales son el 4 de octubre — y que, de no ser por el calendario político, el subsidio sería menor . Pero incluso ese cálculo electoral es una confesión de clase: para Lula, el costo político de no proteger a los trabajadores es más alto que el costo fiscal de la subvención. En el Chile de Kast, la lógica es exactamente la inversa.
La doctrina Kast: la guerra como excusa, el pueblo como pagador
En Chile, la respuesta del gobierno de José Antonio Kast al mismo fenómeno internacional ha sido la contraria. Al inicio de la guerra, el Ejecutivo decidió no utilizar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) y traspasar íntegramente a los consumidores el alza internacional del petróleo. El resultado fue un aumento histórico de 32% en la gasolina y de 62% en el diésel. Esa decisión, que el Presidente Kast defendió como necesaria para “ordenar los recursos” [4†L32-L37], sentó las bases de una política que hoy se repite.
Este jueves, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) confirmó una nueva alza: $35 por litro en las gasolinas y $89 en el diésel . Es el tercer aumento consecutivo, tras los decretados a fines de julio y mediados de agosto. El ministro Quiroz, consultado sobre el uso del Mepco para moderar el impacto, se limitó a declarar que el diésel es un “tema de preocupación” y que el gobierno espera que el conflicto termine “prontamente”. El ministro de Economía, Daniel Mas, atribuyó el alza del IPC de agosto —que llegó al 0,6%— a los combustibles. Es decir: el gobierno reconoce que la inflación es impulsada por los precios de la energía, pero se niega a utilizar los mecanismos estatales para contenerla.
La función de clase de las dos políticas
La comparación entre las políticas de Lula y Kast revela la verdadera naturaleza de clase de cada gobierno. Lula, al subsidiar el precio de los combustibles, está utilizando el Estado como un mecanismo de transferencia de recursos hacia los trabajadores. El costo de la guerra, que debería ser absorbido por el capital, es asumido por el Estado, es decir, por el conjunto de la sociedad, pero con un claro efecto redistributivo: quienes más se benefician son los transportistas, los trabajadores informales y las familias que dependen del transporte público.
Kast, en cambio, ha optado por transferir el costo de la guerra directamente a los consumidores, es decir, a la clase trabajadora. La misma administración que encontró tiempo y recursos para aprobar una megareforma que transfiere 4.000 millones de dólares anuales a las grandes empresas, que recortó la gratuidad universitaria y desfinanció la salud pública, que autorizó un aumento del 14,4% en los sueldos de los consejeros del Banco Central, ahora dice no tener recursos para contener el alza de los combustibles.
La hipocresía del discurso oficial es monumental. Mientras Lula declara que “no vamos a permitir que esta guerra irresponsable llegue a su bolsillo” , el ministro Quiroz declara que el gobierno “empatiza con las familias” pero “lamentablemente son shocks internacionales”. La empatía de los patrones es la empatía que reconoce el dolor, pero no hace nada para aliviarlo. La solidaridad de los trabajadores, en cambio, es la solidaridad que utiliza el poder del Estado para proteger a los de abajo.
Epílogo: la lección que la clase trabajadora no debe olvidar
La diferencia entre la política de Lula y la de Kast no es un detalle técnico. Es la diferencia entre un Estado que actúa como escudo frente a la especulación internacional y un Estado que se convierte en el recaudador de la factura de los más pobres. Es la diferencia entre una política que prioriza el bienestar de la clase trabajadora y una política que prioriza la acumulación del capital.
El ministro Moretti lo resumió con claridad: “El pueblo no puede pagar por una guerra que no es suya”. En Chile, el gobierno de Kast ha decidido exactamente lo contrario: que el pueblo pague por una guerra que no ha iniciado, que los trabajadores asuman el costo de un conflicto que beneficia a las petroleras y a los especuladores internacionales.
La clase trabajadora chilena no debe olvidar esta lección. Cuando los gobiernos de izquierda están en el poder, el Estado actúa como escudo. Cuando gobierna la derecha, el Estado se convierte en el recaudador de la factura. La guerra de los patrones, en el Chile de Kast, la pagan los de abajo. En el Brasil de Lula, el Estado la asume para proteger a los trabajadores. La diferencia no es técnica: es de clase.