El despliegue sistemático de noticias falsas contra el Instituto Nacional de Derechos Humanos expone el uso de los aparatos ideológicos del capital y el sicariato digital para desarmar la memoria histórica, amedrentar la contención estatal frente al abuso policial y justificar la profundización de la represión de clase.
Por Editor El Despertar
En el marco del agotamiento estructural del modelo neoliberal chileno y el avance de la reacción ultra-conservadora, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se ha convertido en el objetivo de una orquestada campaña de intoxicación mediática e ideológica. Lejos de tratarse de “errores informativos” aislados o desviaciones espontáneas en redes digitales, el uso deliberado de montajes y falsedades —amplificadas por voceros de la ultraderecha, operadores políticos y plataformas del capital mediático— responde a un diseño dialéctico preciso: erosionar cualquier trinchera institucional que limite o fiscalice la violencia del aparato represivo del Estado burgués.
La mecánica de esta guerra asimétrica opera mediante la fabricación contante de narrativas ficticias que buscan asociar la defensa de las garantías fundamentales con la impunidad delictiva. Desde invenciones sobre el amparo de los derechos humanos a asaltantes, pasando por montajes en plataformas de streaming hasta la reactivación de registros alterados de la revuelta popular de 2019, la estrategia apunta a disciplinar el sentido común popular. Como señalara el teórico marxista Louis Althusser al conceptualizar los Aparatos Ideológicos del Estado: «Ninguna clase puede sostener el poder del Estado en el tiempo sin ejercer al mismo tiempo su hegemonía sobre y en los Aparatos Ideológicos de Estado». Al cuestionar la legitimidad del INDH, las clases dominantes buscan despejar el terreno ideológico para legitimar el endurecimiento del control social sin contrapesos legales ni éticos.
La articulación entre el ecosistema digital de granjas de trolls, influyentes de la derecha dura y medios hegemónicos desmiente la narrativa ingenua de la “postverdad sin dueños”. El capital financiero y político financia y promueve este ambiente de posverdad estratégica para desplazar la agenda pública desde la demanda estructural por derechos sociales hacia una histeria securitaria que justifique la militarización de la vida cotidiana. Ante los desmentidos formales del propio organismo, los agentes ideológicos de la reacción apelan al cinismo de la “creibilidad esencial” —fundada en el prejuicio de clase implantado durante décadas por la televisión burguesa— para mantener activa la máquina de propaganda anti-derechos.
Frente a la embestida del populismo penal y el negacionismo reemergente, la desmitificación marxista exige develar que el ataque al INDH no es una simple controversia de comunicación institucional. Se trata de un episodio central de la lucha de clases en el terreno de la memoria y el derecho. Neutralizar la desinformación exige no solo desmontar las mentiras del sicariato mediático, sino comprender que los derechos humanos no son una concesión grata del régimen capitalista, sino una conquista histórica de los pueblos que la burguesía busca
