La devastación provocada por el sismo de magnitud 7,4 en el occidente colombiano desnuda la contradicción irreparable entre los dogmas de austeridad exigidos por el capital financiero y las urgencias vitales de reconstrucción y soberanía territorial en los departamentos más golpeados.
Por Equipo El Despertar
El destructivo terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente colombiano —con epicentro en el Chocó y graves estragos en el Eje Cafetero y el Valle del Cauca— ha puesto de manifiesto, en toda su crudeza, los límites del modelo de acumulación capitalista y la arquitectura neoliberal del gasto público. Mientras las estimaciones técnicas evalúan los costos de reparación en decenas de billones de pesos —equivalentes a casi la mitad del presupuesto nacional de inversión pública—, la respuesta estatal se estrella contra la muralla institucional de las políticas de austeridad y control del déficit impuestas por los organismos multilaterales de crédito. La narrativa dominante, que intenta encuadrar la catástrofe como un evento “imprevisible y meramente natural”, enmascara la verdadera contradicción dialéctica: la incapacidad del Estado periférico para proteger a las clases subalternas mientras permanezca atado al dogma del ajuste fiscal.
Frente al desplome de decenas de miles de viviendas, hospitales y escuelas en los territorios más históricamente postersgados como el Chocó, las autoridades regionales y locales claman por la inyección inmediata de fondos frescos desinteresados y de libre disponibilidad. Sin embargo, la camisa de fuerza de la regla fiscal y la presión del capital financiero internacional para contener el endeudamiento soberano limitan severamente el margen de maniobra macroeconómico del Gobierno central. La exigencia burguesa de mantener la métrica de la “sostenibilidad fiscal” subordina el derecho al hábitat, la salud y la subsistencia de cientos de miles de personas damnificadas para salvaguardar la rentabilidad de la deuda externa y la tasa de ganancia de los acreedores privados.
Desde la perspectiva del materialismo histórico, los desastres no son neutrales ni democráticos en sus impactos; constituyen catalizadores que profundizan la brecha de clase y la segregación socioespacial. La vulnerabilidad de las poblaciones vulneradas que perdieron sus hogares responde a décadas de precarización del hábitat, desregulación inmobiliaria y especulación del suelo urbano. Como advirtiera el geógrafo y politólogo marxista David Harvey al analizar la dinámica del capital en el territorio: «La urbanización y la construcción del espacio son procesos profundamente moldeados por la necesidad de absorber los excedentes de capital, a expensas de la seguridad colectiva de las grandes mayorías trabajadoras». El colapso habitacional es la materialización física de esa transferencia de riqueza desde lo social hacia lo privado.
La pugna entre las regiones devastadas que exigen la suspensión de las metas de recortes presupuestarios y las élites económicas que exigen profundizar la disciplina fiscal constituye un terreno central de la lucha de clases en el país. Pretender financiar la emergencia mediante la reasignación de partidas sociales golpeadas o a través del endeudamiento precario de las economías locales no hace más que socializar las pérdidas de la crisis entre la clase trabajadora. Neutralizar la tragedia humana exige desmontar el fetichismo del “equilibrio presupuestario” y reafirmar que la vida, la vivienda digna y la soberanía popular deben prevalecer por sobre cualquier requerimiento tributario o financiero de la oligarquía local y el imperialismo.