El Gobierno evalúa mezclar 10% de etanol en las gasolinas para ahorrar US$107 millones anuales ante el encarecimiento del petróleo, pero la medida no reduce la dependencia estructural del capital transnacional ni alivia el bolsillo de los trabajadores: solo traslada la dependencia del crudo estadounidense a la importación de etanol argentino y boliviano, mientras la crisis fiscal se socializa sobre quienes producen la riqueza.
Por Equipó El Despertar
Cuando el barril de crudo Brent superó los US$105 —frente a los US$73 previos a la guerra imperial desatada por Estados Unidos e Israel contra Irán—, el Ministerio de Energía chileno elaboró una propuesta para incorporar un 10% de etanol a las gasolinas comercializadas en el país. La mezcla, conocida como E10, permitiría reemplazar parcialmente el aditivo MTBE —cuyo precio es superior al del etanol— y generaría un ahorro estimado de US$107 millones anuales en los costos de suministro del Gobierno. El Gobierno desmintió posteriormente que existiera una “propuesta formal”, aunque no negó la existencia de los documentos citados por Reuters. Lo que la narrativa oficial presenta como una medida técnica para “abaratar los combustibles” es, en términos marxistas, una operación mucho más profunda: la reconfiguración de una dependencia imperialista por otra, sin tocar las relaciones de propiedad que determinan quién produce, quién se apropia y quién carga con el costo de la crisis.
Chile es un importador neto de hidrocarburos: compra en el exterior más del 95% de lo que consume. Durante 2025, importó aproximadamente 181.000 barriles diarios de crudo, y el 85% de su gasolina proviene de Estados Unidos. Esta dependencia estructural no es un accidente geográfico: es el resultado de un modelo económico que, desde la dictadura y profundizado por los gobiernos de la Concertación y la derecha, subordinó la soberanía energética a los intereses del capital transnacional. La propuesta del etanol no rompe con esa lógica: la profundiza. Chile carece de producción significativa de etanol y no tiene suficiente tierra agrícola para desarrollarla, según un informe del U.S. Grains Council citado por Reuters. Las importaciones actuales provienen mayoritariamente de Argentina, seguido de Bolivia. El propio Ministerio de Energía reconoció en su memo interno que la medida “reemplaza una dependencia de importación por otra”. Es la esencia del capitalismo dependiente: se cambia de amo, no se elimina la servidumbre.
El “ahorro” de US$107 millones que celebra el Gobierno no es un alivio para la clase trabajadora. El memorando citado por Reuters cuantifica una reducción en los costos de suministro del Gobierno, pero no precisa cómo se traduciría en el precio final que pagan los consumidores en las estaciones de servicio. En marzo de 2026, el Gobierno de José Antonio Kast neutralizó el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) —creado para amortiguar las alzas internacionales— argumentando restricciones fiscales. El resultado fue el mayor salto histórico en el precio de las bencinas: la gasolina de 95 octanos subió 14,2% en apenas dos semanas, el incremento más alto entre los países de la OCDE. El Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, lo dijo sin rodeos: “The government is out of money”. La crisis fiscal no es un fenómeno natural: es el resultado de décadas de políticas que priorizaron el pago de la deuda y los compromisos con el capital financiero sobre el gasto social. Y cuando el Estado “se queda sin dinero”, el ajuste recae sobre los trabajadores: alzas de combustibles, congelamiento de salarios, precarización del empleo.
La clase trabajadora es la que produce la riqueza que el capital se apropia. Los mineros del cobre extraen el mineral que genera la renta que sostiene el presupuesto fiscal; los trabajadores del retail y la logística distribuyen las mercancías; los conductores de transporte público y los trabajadores de la construcción consumen el combustible que el Estado subsidia parcialmente. Cuando el MEPCO se neutraliza y el precio de la bencina se dispara, son ellos —los que viajan dos horas en locomoción colectiva para llegar a un trabajo precario, los que llenan el estanque de una camioneta de reparto, los que operan maquinaria en faenas mineras— quienes absorben el golpe. El etanol no cambiará eso. El etanol es una mercancía más, producida por capitales agrícolas —en Argentina, en Bolivia, en Brasil— que también buscan su tasa de ganancia. Sustituir el MTBE por etanol no es “descontaminar” ni “democratizar” la energía: es reconfigurar la cadena de valor para que otros capitales —los agroindustriales del Cono Sur— capturen una fracción de la renta que antes capturaban las petroleras estadounidenses. La clase trabajadora chilena sigue pagando.
La inversión requerida para adaptar la infraestructura de ENAP es de aproximadamente US$10,8 millones, según el memo del Ministerio de Energía. La estatal petrolera, que ya arrastra problemas financieros, debe endeudarse o desviar recursos para adecuar refinerías, terminales y estanques. Es la misma lógica que en Codelco: la empresa estatal carga con las inversiones mientras el capital privado —las petroleras que importan el crudo, las agroindustrias que producen el etanol, las automotrices que condicionan las especificaciones técnicas— captura los beneficios. En 2026, Codelco —la empresa que sostiene el presupuesto fiscal— acumula una deuda de US$25.000 millones y enfrenta su producción más baja en 28 años. El Estado chileno, lejos de ser un árbitro neutral, administra la contradicción entre la producción social y la apropiación privada: socializa las inversiones y las pérdidas, privatiza las ganancias.
Marx lo describió con precisión: el capitalismo no resuelve sus crisis, las desplaza. La crisis energética —originada en la geopolítica imperialista del petróleo, en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán— se manifiesta en Chile como crisis fiscal, y la crisis fiscal se descarga sobre la clase trabajadora mediante alzas de precios, ajustes del gasto y precarización. La propuesta del etanol no cambia esa ecuación: la maquilla. Cambia la composición química del combustible, pero no las relaciones sociales de producción. Los trabajadores seguirán pagando la bencina más cara de la OCDE, seguirán viajando en transporte público deficitario, seguirán financiando con sus impuestos el salvataje de las empresas estratégicas. La “transición energética” que promete el capital —etanol, litio, hidrógeno verde— es la misma vieja historia: nuevas mercancías, nuevos mercados, nuevas formas de extraer plusvalía.
La pregunta que la clase trabajadora debe hacerse no es si el etanol es técnicamente viable o si el motor de su auto resistirá la mezcla. La pregunta es quién decide la política energética, en beneficio de quién, y a costa de quién. La respuesta, bajo el capitalismo, es siempre la misma: deciden los que tienen el capital, en beneficio de los que tienen el capital, a costa de los que solo tienen su fuerza de trabajo para vender. El etanol no cambiará eso. Solo una política energética puesta al servicio de las mayorías —con control popular, soberanía real y planificación democrática— podría hacerlo. Mientras tanto, la “solución” del etanol es la misma crisis con otro nombre.