El recrudecimiento de la violencia letal en los barrios populares expone el fracaso del dogma del control policial, evidenciando que la militarización y el endurecimiento penal no contienen la descomposición social generada por el modelo de exclusión.
Por Daniel Jadue
El registro de dos nuevos homicidios acontecidos en la Región Metropolitana en las últimas 48 horas ha desatado una nueva oleada de histeria mediática, explotada por los matinales de televisión y la prensa corporativa para exigir mayores atribuciones a las fuerzas de orden, estados de excepción urbanos y la profundización de la agenda punitiva. La narrativa hegemónica se apresura en catalogar estos crímenes como una “crisis de orden público” desvinculada de la estructura económica, buscando instalar en la población la falsa disyuntiva de que la única respuesta ante la violencia criminal es la sobrepresencia policial en las calles y la suspensión de garantías constitucionales en las comunas periféricas.
Sin embargo, desde una rigurosa lectura de la economía política y la teoría del Estado, los derramamientos de sangre en los sectores populares constituyen la manifestación dolorosa pero predecible del colapso del modelo neoliberal y de las políticas de seguridad del régimen de derecha. La promesa electoral de “mano dura” y restablecimiento del orden ha demostrado ser una ilusión ideológica destinada a disciplinar a la clase trabajadora mientras las causas materiales de la descomposición —el desempleo, la precarización de la juventud, la captura territorial por economías delictivas tras la retirada del Estado social y la falta de horizontes de vida digna— permanecen intactas. Pretender resolver las consecuencias de la marginalidad estructural multiplicando patrullajes y armamento es intentar apagar el fuego de la desigualdad con la gasolina de la coerción.
Esta insistencia en la respuesta puramente represiva revela el papel del aparato estatal como administrador de la crisis social. Lejos de proteger la vida de las mayorías, la gestión policial del territorio se orienta a contener a los sectores marginados para que la violencia no desborde hacia los enclaves del capital y los sectores acomodados. Como explicara el sociólogo y teórico político marxista Nicos Poulantzas al analizar la función del aparato coercitivo en El Estado, el poder y el capitalismo: «El Estado burgués no responde a la violencia social atacando sus raíces de clase, sino reestructurando sus mecanismos de coerción para gestionar la segregación territorial; la seguridad convertida en mercancía y en discurso represivo sirve para legitimar el control social sobre las capas populares más pauperizadas».
La persistencia de la violencia violenta en la Región Metropolitana pone en jaque la demagogia punitiva del gobierno de Kast y desmantela el consenso autoritario promovido por la elite política. Para las organizaciones comunitarias, la clase trabajadora y los pobladores, la verdadera tranquilidad en los barrios no vendrá de la mano de un Estado penal y encarcelador, sino de la reconstrucción del tejido social, la erradicación del narcotráfico mediante la transformación de las condiciones de vida y la conquista de los derechos sociales fundamentales que el gran capital continúa negando.