Bajo la narrativa del «saneamiento fiscal» y la eficiencia de mercado, la eliminación de la subvención a los carburantes descarga el costo de la crisis monetaria sobre la clase trabajadora y el campesinado, desencadenando un escenario de hiperinflación y agudización de la lucha de clases.
Por Equipo El Despertar
El reciente anuncio oficial sobre el fin del subsidio al diésel en Bolivia representa un giro drástico en la política económica del país, alineándose con las recetas de austeridad formuladas por los organismos del capital financiero internacional. Presentada por el Ejecutivo como una medida inevitable para contener el déficit fiscal y detener la sangría de divisas, la eliminación de este mecanismo desvela la bancarrota de un modelo extractivista periférico que, al agotar sus excedentes por la caída en la producción hidrocarburífera, optar por trasladar el peso de la crisis directamente a las espaldas de las mayorías trabajadoras.
Lejos de constituir un mero ajuste técnico o una corrección de «distorsiones de mercado» como sostiene la burguesía comercial y mediática, la quita del subsidio actúa como un catalizador inflacionario transversal. En una formación social donde el transporte de mercancías y la producción agropecuaria de pequeña y mediana escala dependen enteramente del diésel, el encarecimiento del combustible se traduce de inmediato en un alza generalizada del costo de la vida. Marx señalaba en El Capital que «la depreciación de la fuerza de trabajo, cuando las mercancías de consumo diario se encarecen, obliga al obrero a vender más trabajo para reproducir sus condiciones mínimas de existencia». En Bolivia, esta dinámica se plasma en una confiscación directa del salario real de la clase obrera urbana y en un estrangulamiento de las economías campesinas golpeadas por el aumento de los insumos.
En el plano político, la medida expone la fractura del bloque hegemónico e inaugura una nueva fase de movilización y conflictividad social. La respuesta de los sectores populares —organizados en confederaciones campesinas, sindicatos de transportistas y centrales obreras— demuestra que el ajuste no será asimilado pasivamente. Como advirtió Lenin en El imperialismo, fase superior del capitalismo, «las crisis y los virajes bruscos de la política económica ponen al descubierto, con violencia incisiva, la verdad de las relaciones de clase que el discurso burgués intenta enmascarar». La inevitable escalada de la protesta social y la subsecuente respuesta represiva del aparato de Estado pondrán a prueba la capacidad de resistencia del movimiento popular frente a un capital que busca reconstituir sus tasas de ganancia a costa de la precarización de las masas.