Al vetar el ingreso del presidente Mahmud Abás por segundo año consecutivo a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el imperialismo estadounidense viola los tratados de sede internacional para silenciar a las víctimas de la colonización e imponer la impunidad de su enclave aliado en Oriente Medio.
Por Equipo El Despertar
El reciente bloqueo del Departamento de Estado de EE. UU. a la concesión de visados para el presidente de la Autoridad Palestina y la delegación de la OLP con vistas a la Asamblea General de la ONU no constituye un mero trámite burocrático, sino una maniobra abierta de censura política. Amparándose en la supuesta «falta de reformas» e inventando pretextos para sancionar las demandas presentadas por Palestina ante la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, Washington instrumentaliza su condición geográfica de sede del organismo multilateral para cercenar la voz de un pueblo colonizado y asediado. Esta decisión pone al descubierto cómo las instituciones del orden burgués «multilateral» están subordinadas materialmente a las decisiones unilaterales de la potencia hegemónica.
Lejos de responder a una preocupación genuina por la paz o los derechos humanos, el veto diplomático busca aislar políticamente la causa palestina e impedir que se exponga desde la tribuna internacional el papel del capital financiero y del complejo militar-industrial estadounidense en el sostenimiento de la ocupación. Como advertía Lenin en El imperialismo, fase superior del capitalismo, «la hegemonía de las grandes potencias no se apoya en el derecho ni en la equidad, sino en el reparto de las zonas de dominación y en la fuerza coercitiva del capital para silenciar a las naciones oprimidas». Al bloquear el acceso físico de los representantes palestinos y obligarlos a recurrir a intervenciones telemáticas, el Estado norteamericano ejerce un monopolio coercitivo sobre el foro de debate público internacional para salvaguardar la impunidad de su principal plataforma geopolítica en la región.
El argumento estadounidense de que las apelaciones a tribunales internacionales «obstaculizan las negociaciones» vela la verdadera naturaleza de la diplomacia imperialista: reducir el conflicto a un chantaje asimétrico donde el oprimido debe someterse a las condiciones dictadas por el opresor. La resolución de la propia Asamblea General aprobada por aplastante mayoría para autorizar la participación remota vuelve a evidenciar la grieta entre el consenso de la comunidad internacional y el bloque angloestadounidense. Para la clase trabajadora y los movimientos antiimperialistas del mundo, esta nueva agresión reafirma que la liberación nacional no vendrá de las concesiones diplomáticas en las capitales del Norte global, sino de la articulación de la resistencia popular y la solidaridad internacionalista frente a las estructuras del capital y la ocupación.