La convocatoria a paro nacional estudiantil desacredita el dogma de la “responsabilidad fiscal”, revelando cómo el recorte presupuestario en educación busca descargar el costo de la crisis capitalista sobre los hombros de las familias trabajadoras para salvaguardar el subsidio al capital privado.
Por Equipo El Despertar
La convocatoria a un paro nacional fijado para el próximo 1 de octubre, impulsada por la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) frente a la negociación de la Ley de Presupuestos 2027, desmantela la narrativa económica neoliberal que presenta la austeridad pública como una exigencia técnica e inevitable. La prensa hegemónica y los tecnócratas al servicio del capital insisten en rotular la movilización como una pretensión irresponsable del movimiento social frente a la “escasez de fondos estatales”. Sin embargo, un análisis materialista pone en evidencia que la política fiscal no es un cálculo neutro, sino la expresión contable del conflicto de clases. La amenaza de reducción de partidas clave —desde la alimentación escolar hasta los aportes basales y la gratuidad— no responde a un agotamiento objetivo de los recursos, sino a la decisión política del Estado de subordinar la reproducción social de la clase trabajadora a las exigencias de acumulación de los grupos económicos.
El conflicto actual ilustra de forma prístina cómo la educación en el capitalismo subsidiario funciona bajo una doble lógica de dominación. Por un lado, opera como un espacio de privatización y extracción de plusvalía a través de becas voucher y créditos corporativos; por otro, cuando el ciclo económico exige un “tijeretazo” fiscal, el gasto social destinado a la clase obrera es el primero en ser sacrificado para financiar rescates tributarios o subsidios a la burguesía nacional y transnacional. Como advertía Karl Marx al analizar la anatomía de la sociedad civil y el presupuesto estatal: “El Estado no es más que la forma bajo la que los individuos de la clase dominante hacen valer sus intereses comunes”. En este escenario, la pretendida “ausencia de fondos” para comedores, escuelas o universidades es la cobertura ideológica que oculta la transferencia directa de riqueza hacia el gran capital.
La dimensión más relevante de la jornada de lucha no radica únicamente en la defensa del ítem presupuestario, sino en el intento deliberado por articular un frente amplio de la clase trabajadora y la juventud estudiantil. La alianza impulsada por la CONFECH con manipuladoras de alimentos, asistentes de la educación, gremios docentes y centrales de trabajadores responde a una comprensión dialéctica de la crisis: la precarización del estudiante universitario, la escasez de raciones de JUNAEB y la destrucción de la educación pública básica provienen de la misma matriz de desposesión. Desarticular la fragmentación corporativa y convertir la demanda estudiantil en un programa unificado contra el ajuste patronal representa un salto cualitativo en la recomposición de la fuerza social antagónica.
Superar la lógica de la negociación presupuestaria entre cuatro paredes parlamentarias exige impugnar la raíz misma del problema: el carácter mercantil de los derechos sociales bajo el modelo neoliberal. Pretender que la vía legislativa asegure el derecho a la educación sin tocar los intereses del empresariado o la arquitectura tributaria que protege las altas rentas es una ilusión reformista. El llamado a la paralización general debe entenderse como la única vía efectiva para alterar la correlación de fuerzas, recordando que las conquistas del pueblo movilizado no se imponen mediante la benevolencia del aparato estatal, sino a través de la huelga y la interrupción activa de la producción y la reproducción de la sociedad capitalista.