Las proyecciones que prevén nuevos incrementos en los precios de las naftas y el diésel desmantelan el dogma de la “oferta y la demanda neutral”, revelando cómo el modelo dependiente chileno transfiere las fluctuaciones del mercado financiero global a la canasta básica del pueblo obrero.
Por Equipo El Despertar
El anuncio de una nueva oleada de incrementos en los precios de los combustibles para las próximas semanas ha reencendido las alarmas económicas en los hogares populares del país. La prensa hegemónica, alineada con los voceros del empresariado y la tecnocracia neoliberal, apresura sus explicaciones habituales: atribuye las alzas de forma mecánica a “factores externos impredecibles”, a la volatilidad del tipo de cambio o a supuestos desajustes estacionales en los mercados de commodities. Sin embargo, una lectura materialista y dialéctica desmonta este discurso apaciguador para exponer la raíz del problema: el precio de la energía no es una variable técnica impuesta por la naturaleza, sino un mecanismo de expoliación donde el capital transnacional y los oligopolios de la distribución imponen su tasa de ganancia a costa del empobrecimiento de las familias trabajadoras.
Las causas de esta escalada no responden a un fenómeno puramente técnico, sino a la dinámica misma del capitalismo financiarizado y la disputa geopolítica por los recursos energéticos. La especulación en las bolsas de futuros de Londres y Nueva York, sumada a la manipulación de cuotas de producción por parte de las potencias petroleras y las corporaciones multinacionales, busca sostener artificialmente rendimientos astronómicos para los accionistas del sector fósil. En Chile, la estructura tributaria y el diseño del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) actúan como un paliativo insuficiente que amortigua el golpe pero jamás altera la lógica mercantil, garantizando que el impacto final de las crisis de valorización internacional se descargue siempre sobre el consumidor final.
El impacto de este encarecimiento sobre la clase trabajadora es devastador y acumulativo. Dado que los combustibles constituyen el insumo crítico del transporte de carga y de pasajeros, el alza se traslada de forma inmediata en una espiral inflacionaria que encarece los alimentos de primera necesidad, los servicios básicos y el costo de la vida. Para las familias que subsisten vendiendo su fuerza de trabajo por salarios estancados, cada incremento en el surtidor o en el pasaje representa una amputación directa a su salario real. Como advertía Karl Marx al analizar la dinámica de la acumulación capitalista: “Toda oscilación en el precio de los medios de subsistencia de primera necesidad se traduce en una fluctuación en el valor de la fuerza de trabajo, transfiriendo los costos del mercado a la espalda de los productores directos”.
Pretender que la solución ante el chantaje del capital fósil vendrá de leves ajustes en las bandas impositivas o de apelaciones a la “responsabilidad del mercado” es una ilusión reformista. La vulnerabilidad de la economía nacional no es fortuita; es el resultado directo de décadas de primarización, privatización de bienes estratégicos y renuncia a la soberanía energética por parte de la burguesía comprador. Frente al alza inminente, la respuesta de las clases populares no puede ser la resignación frente a los “dictados del mercado”, sino la exigencia de la congelación de tarifas, la fiscalización estricta a las distribuidoras privadas y la apertura de un debate de fondo sobre la nacionalización de la infraestructura energética bajo control de las y los trabajadores.