La Asociación Diplomática de Carrera tildó de «inaceptable» la permanencia del jurista burgués al frente de la embajada en Israel, desnudando cómo la burocracia estatal instrumentaliza los cargos de representación pública para blindar las redes de poder dominante.
Por Equipo El Despertar
La fachada de la institucionalidad burguesa vuelve a crujir en sus cimientos tras la confirmación, por parte del Ministerio Público, de la condición de imputado del embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, en el marco de las derivaciones del denominado «Caso Audios». La investigación por presunto tráfico de influencias en el nombramiento de altos magistrados del Poder Judicial gatilló una contundente reacción de la Asociación Diplomática de Carrera (ADICA), la cual exigió el cese inmediato de Zaliasnik en sus funciones diplomáticas.
La exigencia del gremio diplomático desmantela la narrativa oficial implantada por los grandes conglomerados mediáticos, los cuales han intentado tipificar el hecho como un «aislado error de gestión» o una mera «disputa técnica procesal». En un pronunciamiento directo, ADICA señaló que «resulta inaceptable que quien está siendo investigado por estos hechos continúe representando a Chile», enfatizando que la diplomacia no puede transformarse en un escudo de impunidad para los sectores dominantes ni operar bajo asimetrías dobles, al recordar que a diplomáticos de carrera se les han aplicado criterios punitivos de remoción inmediata ante faltas de menor calibre institucional.
Desde una perspectiva de economía política marxista, la posición de Zaliasnik y su nombramiento al frente de la legación en Tel Aviv no constituyen un hecho fortuito, sino la manifestación concreta de la captura del aparato estatal por parte de la élite de abogados de plaza y el capital financiero. La diplomacia burguesa funciona instrumentalmente como una prolongación de los intereses de clase en el plano internacional, donde los cupos embajantiles son repartidos como prebendas para consolidar alianzas operativas entre el capital nacional, los bufetes corporativos y la casta política dominante.
Las declaraciones de la bancada dominante y de los portavoces gubernamentales —quienes se han limitado a esgrimir discursos pragmáticos sobre la «evaluación de los cargos de confianza»— buscan velar la contradicción de fondo: la cooptación del Poder Judicial y de la Cancillería por parte de un estrecho entramado de influencia. La acusación contra Zaliasnik por haber articulado presuntas cuotas de poder en la asignación de jueces expone la inexistencia de la proclamada «independencia de poderes», demostrando cómo el derecho procesal y la diplomacia son utilizados por las clases poseedoras como herramientas de dominación y perpetuación de la hegemonía burguesa.
La solicitud de cesación formulada por ADICA transparenta las fracturas internas del propio aparato burocrático ante el avance de la corrupción endémica de la élite. Al exigir que los estándares de probidad sean universales y no supeditados al capital social del imputado, el conflicto desborda la retórica del pacto de impunidad, dejando al descubierto ante la clase trabajadora cómo la justicia del capital mide y castiga de forma asimétrica según el origen social del investigado.