Mientras los medios corporativos intentan reducir el nombramiento y la condición de imputado del embajador en Israel a una mera desavenencia técnica, el reclamo de la diplomacia de carrera expone la captura estructural del aparato judicial y la Cancillería por parte de la élite de abogados de plaza.
Por Equipo El Despertar
La investigación penal que mantiene en calidad de imputado al jurista Gabriel Zaliasnik, en el marco de las ramificaciones del denominado «Caso Audios», ha puesto al descubierto no solo las redes de tráfico de influencias que operan en los nombramientos del Poder Judicial, sino también el abismo infranqueable que separa el tratamiento del conflicto desde el cerco mediático dominante respecto de una lectura crítica de clase.
Frente a la exigencia planteada por la Asociación Diplomática de Carrera (ADICA) de remover inmediatamente a Zaliasnik de la legación chilena en Tel Aviv, las pautas informativas del oligopolio mediático han desplegado una estrategia deliberada de cerco y amortiguación. Para los grandes conglomerados de prensa, la permanencia de un imputado al frente de una embajada clave representa un asunto estrictamente «individual y técnico-procesal», circunscrito a una «fricción gremial» o a una disputa sobre los márgenes de «evaluación política» del Poder Ejecutivo. Esta narrativa busca desmovilizar la fiscalización popular, proyectando la ilusión de un Estado técnico que resuelve sus diferencias mediante el cumplimiento de normas de procedimiento.
Sin embargo, al examinar los hechos desde la perspectiva de la economía política y la teoría de clase, la postura de ADICA no constituye un mero reclamo corporativo, sino una grieta en la propia burocracia estatal que deja en evidencia la asimetría punitiva del sistema. Mientras a los trabajadores de carrera y a las clases subordinadas se les aplica el rigor administrativo y judicial inmediato ante la menor falta, la élite de abogados de plaza y el capital corporativo gozan de una dilatación procesal garantizada y del blindaje de sus puestos de representación pública.
Desde esta perspectiva, las embajadas y los altos cargos de la judicatura dejan de verse como espacios neutros de servicio público y quedan al descubierto como prebendas de casta: posiciones estratégicas repartidas entre bufetes corporativos y sectores dominantes para reproducir sus alianzas de poder y proteger sus intereses económicos transnacionales. La exigencia de cese formulada contra Zaliasnik desmantela el mito de la «independencia de poderes», demostrando a la clase trabajadora que el Derecho y la diplomacia burguesa funcionan en la práctica como instrumentos de dominación al servicio de los sectores poseedores.