Mientras las administradoras reportan utilidades multimillonarias para sus accionistas, la especulación bursátil y la exposición al riesgo diluyen los fondos de pensiones de la clase trabajadora, bajo la mirada cómplice de un Estado que prioriza la liquidez del mercado por sobre la proteccion de quienes generan la riqueza.
Por Equipo El Despertar
Las reiteradas advertencias formuladas tanto por el Banco Central como por la Superintendencia de Pensiones respecto a la gestión y la composición de las inversiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) han vuelto a poner al desnudo la naturaleza intrínsecamente perversa del sistema de capitalización individual. Las alertas de ambos organismos estatales —centradas en los riesgos de liquidez, la alta volatilidad de los activos internacionales, las comisiones fantasmas y la sobreexposición del ahorro forzado en instrumentos financieros de alto riesgo— son presentadas por la prensa hegemónica como mera retórica técnica sobre “gestión de riesgos” o “supervisión prudencial”. Sin embargo, una lectura materialista de estas advertencias revela la función real de las AFP: actuar como bombas de succión que arrebatan plusvalor a la masa trabajadora para inyectarlo en el circuito del capital financiero transnacional y los grandes grupos económicos nacionales.
El contraste entre las constantes llamadas de atención de la fiscalización estatal y la impunidad operativa del modelo evidencia el carácter antagónico de las relaciones de propiedad en este esquema previsional. Mientras la Superintendencia sanciona o advierte por las prácticas de inversión y las pérdidas operativas que erosionan los fondos cotizados por la fuerza de trabajo, las AFP registran utilidades corporativas astronómicas en los mismos periodos de crisis bursátil. Esta aparente paradoja no es una falla de diseño, sino la lógica perfecta del capital: las administradoras no garantizan pensiones dignas ni asumen el costo del riesgo; cobran comisiones fijas e innegociables sobre el salario bruto de los trabajadores, asegurando sus dividendos privados independientemente de si los fondos ganan o se desploman en la ruina financiera.
Frente al deterioro del valor de los ahorros previsionales, la narrativa hegemónica apela a la “paciencia” y al “ciclo del mercado”, naturalizando las pérdidas de los cotizantes mientras silencia la exención de responsabilidad patronal y la ineficacia punitiva de la fiscalización pública. Como han denunciado activistas previsionales y organizaciones sindicales de clase: “Las alertas de la Superintendencia y el Banco Central confirman lo que la clase trabajadora vive en carne propia: las AFP son un negocio redondo para el capital donde, si los mercados suben, ganan los dueños de las administradoras, y si los mercados caen, la pérdida la paga íntegramente el trabajador con su futura jubilación”. Las observaciones de los entes reguladores no buscan desmantelar este esquema de expropiación, sino calibrarlo para evitar que la imprudencia especulativa de las administradoras desstabilice el sistema financiero en su conjunto.
El escenario actual ratifica que el ahorro previsional privado no fue concebido para garantizar el bienestar de la vejez trabajadora, sino para constituir un fondo inagotable de financiamiento barato para las corporaciones y el Estado burgués. Pretender “mejorar” la regulación a través de recomendaciones tecnocráticas de la Superintendencia o ajustes de gobernanza en el Banco Central no altera la esencia del problema. La única salida efectiva contra la sangría sistemática de los salarios no pasa por la administración del riesgo en el mercado de valores, sino por la abolición del sistema de AFP, la expropiación del negocio de la fe pública y la construcción de un sistema público, solidario y controlado democraticamente por los propios trabajadores.