La acción judicial del gigante minero anglo-australiano expone la utilización del aparato legal del Estado burgués como una herramienta de disciplina laboral, buscando ahogar la resistencia obrera frente a la intensificación de las jornadas de explotación.
Por Equipo El Despertar
La transnacional minera BHP —controladora de la Minera Spence en la Región de Antofagasta— ha presentado una demanda contra el Sindicato de Trabajadores de la compañía, acusando supuestas “paralizaciones ilegales” y buscando la imposición de millonarias indemnizaciones por las pérdidas operativas derivadas de la protesta obrera. La narrativa hegemónica impulsada por los voceros patronales y la prensa mercantil no ha tardado en calificar la medida como un “ejercicio legítimo de defensa corporativa” frente a “acciones fuera de norma que atentan contra la productividad”. Sin embargo, la lectura materialista de este litigio desmantela la maniobra: la ofensiva judicial no busca reparar ningún «daño a la legalidad», sino sentar un antecedente coercitivo que arrebate a la clase trabajadora su principal herramienta de lucha —el paro de actividades— frente a las condiciones de precarización e intensificación del trabajo al interior del yacimiento.
Desde la lógica de la acumulación capitalista, la huelga y la paralización de faenas constituyen el momento en que se suspende de forma directa la extracción de plusvalor. Al detener las palancas de la producción minera, los obreros de Spence ponen al descubierto la verdad fundamental de la economía política: que las corporaciones multimillonarias no producen un solo centavo de riqueza sin la aplicación de la fuerza de trabajo. Es precisamente ante este recordatorio de poder de clase cuando el gran capital transnacional apela al aparato jurisdiccional del Estado burgués, exigiendo que las instituciones actúen como la policía privada de sus intereses para penalizar económicamente a las organizaciones sindicales y quebrar su resistencia colectiva.
La demanda interpuesta por la multinacional intenta aislar las medidas de fuerza de sus causas estructurales, omitiendo las denuncias del sindicato respecto al sobrecanchamiento de turnos, la precarización de las condiciones de seguridad en las plataformas de extracción y el incumplimiento recurrente de los pactos colectivos. Como han enfatizado dirigentes de la minería privada y la federación de trabajadores frente al avance de la judicialización patronal: “El capital pretende que los trabajadores arriesguen la salud y la vida en los rajos mientras las corporaciones baten récords de ganancias, y cuando el sindicato ejerce su derecho a defender a sus bases, utilizan los tribunales para intentar quebrarnos financieramente”. Este chantaje legal busca asfixiar los fondos del sindicato para inhabilitar su capacidad de organización futura.
Este nuevo episodio en la minería del cobre reafirma el carácter antagónico e irreconciliable de la lucha de clases en la economía extractivista chilena. Lejos de constituir un conflicto estrictamente técnico entre partes “iguales” ante la ley, la arremetida de BHP contra los trabajadores de Spence muestra cómo el marco legal y la institucionalidad judicial operan como salvaguardas de la rentabilidad privada. La defensa de la autonomía sindical y del derecho irrestricto a la huelga no provendrá de las concesiones de la justicia corporativa, sino de la solidaridad efectiva entre los distintos sectores de la clase trabajadora para frenar la criminalización de la protesta y recuperar el control sobre las condiciones de vida y de trabajo en los yacimientos.