Las administradoras de fondos de pensiones pierden más de US$7.700 millones en apuestas derivadas sobre tasas de interés estadounidenses, mientras el Fondo E —donde ahorran los trabajadores próximos a jubilarse— acumula una caída real superior al 10%, exponiendo la naturaleza estructuralmente expropiatoria del sistema de capitalización individual.
Por Equipo El Despertar
El sistema de pensiones chileno, impuesto durante la dictadura de Pinochet y presentado durante décadas como un modelo de “seguridad financiera individual”, acaba de exhibir con crudeza su verdadera lógica: la subordinación del ahorro de la clase trabajadora a la acumulación especulativa del capital financiero. Las siete Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) acumularon durante los últimos dos años posiciones en derivados —swaps de tasas de interés— que apostaban a una caída sostenida de las tasas estadounidenses. La guerra con Irán y el consecuente shock inflacionario global revirtieron esa apuesta, y lo que en 2025 era una valorización positiva cercana a US$1.400 millones se transformó, hacia septiembre de 2026, en una pérdida superior a los US$7.700 millones.
Se trata de la manifestación concreta de lo que la crítica de la economía política denomina capital ficticio: la proliferación de instrumentos financieros cuyo valor no se sustenta en la producción real de riqueza, sino en expectativas de ganancia que se desvanecen cuando las condiciones del mercado se revierten. Como señala la investigación de Recaredo Gálvez para la Fundación SOL, en el sistema previsional chileno “lo que observamos no es meramente un dominio de las finanzas per se, sino la proliferación del capital ficticio”. Los ahorros de millones de trabajadores no fueron “invertidos” en el sentido productivo que la narrativa oficial pregona; fueron apalancados en instrumentos que solo redituaban mientras el ciclo financiero internacional permaneciera favorable al gran capital.
La exposición a estos derivados alcanzó tal magnitud que las posiciones nocionales de los fondos chilenos —que gestionan aproximadamente US$229.000 millones— se dispararon a más de US$500.000 millones, multiplicándose por cien en apenas tres años. Es decir, las AFP convirtieron el ahorro previsional en una gigantesca mesa de apuestas. El Banco Central advirtió que los fondos podrían verse afectados por “una oleada de llamadas al margen en un escenario de estrés severo”, pero la advertencia llegó cuando la especulación ya estaba en marcha. La regulación propuesta por la Superintendencia de Pensiones —que obligaría a reducir la exposición a derivados a partir del 4 de noviembre— no es más que el reconocimiento tardío de que el sistema se había convertido en un casino desregulado.
El impacto sobre la clase trabajadora es inmediato y brutal. El Fondo E, el más conservador y donde se concentran las inversiones de renta fija de quienes están próximos a jubilarse, “cumula una caída real de 10,4% durante 2026”, según denunció Franco Parisi, secretario general del Partido de la Gente. Parisi fue categórico al señalar que “acaban de perder US$11.000 millones las AFP en el fondo de los trabajadores, básicamente por especular con unos swap de tasas de interés de Estados Unidos”. La pregunta que surge no es retórica: ¿quién paga estas pérdidas? La respuesta es evidente. Las AFP cobran sus comisiones independientemente del resultado de sus apuestas. Los trabajadores, en cambio, ven reducido el saldo de sus cuentas individuales, que constituyen su única fuente de ingresos al momento de retirarse.
La narrativa hegemónica intenta desviar la responsabilidad hacia factores externos —la guerra con Irán, el shock inflacionario global, los retiros de fondos durante la pandemia— o hacia supuestos errores de cálculo de los gestores. Pero esta lectura oculta lo esencial: el sistema de capitalización individual fue diseñado, desde su origen dictatorial, para transferir el ahorro de los trabajadores al circuito de valorización del capital financiero. Como documenta el análisis presentado en el XXXV Congreso de ALAS, “el ciclo destructor del sistema previsional se orientó a generar beneficios para la acumulación capitalista” y “la dictadura facilitó el aumento de las ganancias del capital industrial”. Las AFP no son administradoras neutrales de ahorro; son una fracción del empresariado chileno, una “fracción de la clase empresarial” que extrae plusvalía del fondo de pensiones mediante comisiones y, sobre todo, mediante el uso de esos recursos como capital de inversión especulativa.
La superintendenta de Pensiones, Joaquín Cortez, ha advertido que “ya sabemos el daño del retiro” y que los tres retiros de la pandemia vaciaron parcialmente las cuentas individuales: 4.153.000 personas agotaron su saldo, equivalente al 36,6% de quienes retiraron, y la tasa de reemplazo autofinanciada mediana cayó un 27%. El discurso oficial utiliza estos datos para justificar la intocabilidad del sistema, pero omite que los retiros fueron una respuesta desesperada de la clase trabajadora ante la insuficiencia de ingresos durante la crisis sanitaria, y que el verdadero despojo no provino de esos retiros, sino de la lógica misma de un sistema que convierte el ahorro previsional en material de especulación.
Las pérdidas en el Fondo E no son un “riesgo de mercado” abstracto. Son la confiscación directa de una parte del salario diferido de los trabajadores. Cada punto porcentual de caída en la rentabilidad de los fondos se traduce en meses o años adicionales de trabajo forzado para quienes ya deberían estar jubilados. La crisis del sistema de AFP no es una crisis de coyuntura; es la crisis orgánica de un modelo que prometió seguridad y entregó precariedad, que prometió propiedad individual y entregó expropiación financiarizada. La única salida consecuente con los intereses de la clase trabajadora es la construcción de un sistema de reparto solidario, público y gestionado democráticamente, donde el ahorro previsional no sea capital ficticio al servicio de la acumulación, sino fondo de vida al servicio de quienes lo producen.