Organismos internacionales han advertido que una ocupación formal y prolongada de Gaza constituiría una violación grave del derecho internacional, al tratarse de una anexión de facto de un territorio ocupado. Pero la postura del gobierno israelí, amparado por el respaldo militar y diplomático de Estados Unidos y otros aliados europeos que hasta hoy financian y entregan armas para llevar a cabo el genocidio, refleja una lógica expansionista que no responde a criterios de seguridad, sino a intereses geopolíticos, coloniales y estratégicos.
Por: Equipo El Despertar
En declaraciones que confirman lo que ya era evidente tras año y medio de genocidio, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que Israel planea tomar el “control total” de la Franja de Gaza, tanto en términos militares como administrativos. Esta afirmación supone la negación explícita del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y profundiza la política de ocupación y exterminio físico y político del pueblo palestino, que ha regido la relación de Tel Aviv con los territorios ocupados desde hace más de medio siglo.
“Para garantizar que Gaza ya no sea una amenaza para Israel, debe ser controlada militarmente y administrada civilmente por nosotros o por quienes trabajen con nosotros”, señaló Netanyahu durante una reunión con su gabinete de seguridad. Sus palabras se producen en medio de informes que documentan miles de víctimas civiles, ataques a infraestructura humanitaria y un colapso sanitario total en el territorio palestino. Lo increíble es que un criminal como Netanyahu siga hablando de la seguridad del ocupante sin jamás referirse a las victimas de la brutal y sangrienta ocupación.
Organismos internacionales han advertido que una ocupación formal y prolongada de Gaza constituiría una violación grave del derecho internacional, al tratarse de una anexión de facto de un territorio ocupado. Pero la postura del gobierno israelí, amparado por el respaldo militar y diplomático de Estados Unidos y otros aliados europeos que hasta hoy financian y entregan armas para llevar a cabo el genocidio, refleja una lógica expansionista que no responde a criterios de seguridad, sino a intereses geopolíticos, coloniales y estratégicos.
Mientras se intensifican las operaciones militares en el sur de Gaza, las agencias humanitarias denuncian un cerco total que impide el ingreso de agua, medicinas y alimentos, afectando a más de dos millones de personas, la mayoría de ellas desplazadas internas, niños y mujeres. Israel, en paralelo, impone condiciones draconianas para cualquier reconstrucción futura, incluyendo control fronterizo total y veto a cualquier administración palestina autónoma.
La afirmación de Netanyahu no solo dinamita cualquier intento de solución política al conflicto, sino que confirma una doctrina de control absoluto sobre Palestina, donde la resistencia se castiga colectivamente y la ocupación se normaliza como política de Estado. Frente a esta realidad, la comunidad internacional permanece dividida entre condenas formales y complicidades materiales.