Con la misma pompa con la que celebró el regalo de 4.000 millones de dólares anuales a las grandes empresas, el Presidente José Antonio Kast utilizó su primera cadena nacional post-megarreforma para anunciar su nueva cruzada: la “Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo” (ACOT), un paquete de más de 30 proyectos que incluye una reforma constitucional para consagrar la seguridad como un “deber” del Estado. La misma derecha que encontró tiempo y recursos para aprobar un blindaje tributario de 20 años para las grandes inversiones, que recortó la gratuidad universitaria y desfinanció la salud pública, ahora dice necesitar una reforma constitucional para “proteger” a los chilenos. La agenda no es una respuesta a la inseguridad, sino la profundización de la lógica de clase que gobierna el Estado chileno: más herramientas represivas para las policías, más control sobre los migrantes y más cárcel para los de abajo, mientras los dueños del capital siguen haciendo su agosto con el saqueo del erario.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. La noche del miércoles 5 de agosto, el Presidente José Antonio Kast se dirigió al país durante 17 minutos. El mensaje tenía dos objetivos: celebrar la aprobación de su megareforma económica y anunciar su nueva ofensiva legislativa en materia de seguridad. La denominada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), que estará a cargo del ministro Martín Arrau, contempla más de 30 proyectos de ley y una reforma constitucional que busca establecer la seguridad pública como un “deber del Estado”.
La consigna del gobierno es clara: “Seremos implacables”. El mandatario prometió perseguir, capturar, juzgar y condenar a todos los que buscan “destruir nuestra sociedad”. Pero la pregunta que la clase trabajadora debe formularse es simple: ¿por qué la misma administración que encontró tiempo y recursos para rebajar impuestos a las grandes empresas en más de 4.000 millones de dólares anuales, y que aprobó un endeudamiento histórico para financiar ese regalo, dice ahora necesitar una reforma constitucional para cumplir con su deber de proteger a la ciudadanía?
La nueva Constitución del miedo: blindaje para el aparato represivo
El corazón de la ACOT es una reforma constitucional que, según el gobierno, “marcará un antes y un después”. La iniciativa busca incorporar en la Carta Fundamental la protección de la seguridad de las personas como una obligación indelegable del Estado. En palabras de Kast, “por primera vez, el Estado va a decir en su propia Constitución que proteger a su gente no es una opción más, sino una obligación”.
Pero la letra chica de la reforma revela su verdadera función de clase. Como explicó el ministro Arrau, la agenda propone establecer “la Seguridad Pública además de la Seguridad Nacional que ya está como un deber del Estado”, y crear un “nuevo estado de excepción vinculado a la Seguridad Pública”. Es decir, la reforma no busca garantizar el derecho a la seguridad, sino ampliar el marco legal para que el Estado pueda desplegar su aparato represivo con menos controles. La misma lógica que la derecha ya ha ensayado en El Salvador y Honduras, donde la militarización de la seguridad pública ha servido para criminalizar a los sectores populares y blindar los intereses del capital.
El presidente de la Cámara Baja, Jorge Alessandri, fue explícito al señalar que “el crimen organizado puede hacer una cantidad de cosas, en cambio las instituciones públicas sólo podemos hacer lo que está específicamente autorizado en la ley” [6†L40-L43]. La reforma constitucional, en este sentido, no es una garantía para la ciudadanía, sino una carta blanca para que el Estado represivo pueda actuar sin los límites que la ley actual impone.
El paquete represivo: más policía, más cárcel, más control
Más allá de la reforma constitucional, la ACOT incluye una batería de medidas que, en conjunto, configuran un dispositivo de control social de proporciones históricas. Entre las iniciativas más relevantes destacan:
- Ampliación de la flagrancia de 12 a 24 horas: una medida que permite a la policía detener a personas sin orden judicial por un día completo..
- Delito autónomo de pertenencia a organización criminal: una figura que criminaliza la mera pertenencia a un grupo, sin necesidad de probar la comisión de delitos concretos.
- Régimen penitenciario especial: para líderes de bandas, que incluye la incomunicación y la suspensión de visitas.
- Nómina de organizaciones criminales y terroristas: un listado que permitirá perseguir la pertenencia a estas organizaciones y facilitar la incautación de bienes.
- Nuevo estado de excepción vinculado a la Seguridad Pública: que podría implicar la militarización de zonas críticas.
- Endurecimiento de la política migratoria: con ampliación de la retención migratoria ilegal y mayor capacidad de expulsión.
El gobierno también mantendrá el despliegue policial permanente en los 50 barrios más críticos del país. La idea de “recuperar el control territorial” no es más que el lenguaje técnico de una ocupación militar de los barrios populares, donde las policías actúan como una fuerza de ocupación sobre la clase trabajadora.
La hipocresía del “deber” estatal
La aprobación de la ACOT no es un accidente, sino la continuación de la lógica de clase que ha guiado al gobierno de Kast desde su llegada a La Moneda. La misma administración que encontró tiempo y recursos para aprobar un blindaje tributario de 20 años para las grandes inversiones, que recortó la gratuidad universitaria y desfinanció la salud pública, que decretó Estado de Catástrofe para la Región de Coquimbo solo después de días de presión popular, dice ahora necesitar una reforma constitucional para cumplir con su “deber” de proteger a los chilenos.
La agenda de seguridad es, en realidad, una respuesta a la crisis de legitimidad del gobierno. Como señaló el diputado Raúl Leiva (PS), “los anuncios que realiza el Presidente dan cuenta, de manera inconexa, de muchos proyectos de ley”. La diputada Daniela Serrano (PC) fue más categórica: el gobierno “sigue en campaña, sigue haciendo anuncios del proyecto de ley, pero no hemos escuchado una voluntad del Presidente de la República y menos de sus diputados de seguir la ruta del crimen organizado, de levantar el secreto bancario”.
La clase trabajadora no debe dejarse engañar. La ACOT no es una respuesta a la inseguridad, sino la profundización de la lógica de clase que gobierna el Estado chileno: más herramientas represivas para las policías, más control sobre los migrantes y más cárcel para los de abajo, mientras los dueños del capital siguen haciendo su agosto con el saqueo del erario. El “deber” de proteger que el gobierno quiere constitucionalizar no es un deber hacia la clase trabajadora, sino hacia los intereses del capital que lo financia.
Epílogo: la seguridad de los ricos y el miedo de los pobres
El anuncio de la ACOT es un eslabón más en la ofensiva de la derecha chilena contra los sectores populares. La reforma constitucional, la ampliación de la flagrancia, la criminalización de la pertenencia a organizaciones y el nuevo estado de excepción no son herramientas para combatir el crimen organizado, sino para disciplinar a la clase trabajadora. Como ha señalado el diputado Fabián Ossandón (PDG), “la gente quiere resultados, no discursos”. Pero los resultados que ofrece el gobierno de Kast no son seguridad para los de abajo, sino más control, más represión y más miedo.
La clase trabajadora debe entender que la seguridad no se construye con más cárceles ni con reformas constitucionales que blindan al aparato represivo. La seguridad se construye con inversión social, con empleo digno, con educación pública y con un Estado que esté al servicio de las mayorías, no de los intereses de los grupos económicos que se benefician del miedo. Mientras el gobierno de Kast siga priorizando las rebajas tributarias para los ricos y las herramientas represivas para los pobres, la inseguridad seguirá siendo un negocio para unos pocos y una pesadilla para los de abajo.