En un giro que confirma el doble estándar de la justicia chilena, el Ministerio Público y la defensa del exministro Andrés Chadwick llegaron a un acuerdo extrajudicial para destruir las conversaciones de WhatsApp que vinculan al otrora hombre fuerte del interior con la trama de corrupción del “caso Audios”. La decisión, adoptada en el más absoluto hermetismo y sin notificación a los querellantes, ha sido calificada por la oposición de izquierda como un “pacto de impunidad” y una “burla al Estado de derecho”. Mientras los chats de Luis Hermosilla, que evidencian un “crédito corruptivo” de cinco años entre el abogado, el exfiscal Manuel Guerra y el exministro, permanecen bajo siete llaves, la clase trabajadora asiste a un nuevo capítulo de la farsa judicial: la ley pareciera haber sido escrita para proteger a los poderosos, mientras los de abajo siguen pagando el costo de un sistema que criminaliza la pobreza y absuelve la influencia.
Santiago de Chile. El hermetismo que rodea al “caso Audios” y sus ramificaciones alcanzó esta semana un nuevo nivel de escándalo. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron a diversos medios que el Ministerio Público y la defensa de Andrés Chadwick, exministro del Interior durante el estallido social y actual figura clave de la derecha chilena, habrían llegado a un acuerdo para destruir las conversaciones de WhatsApp que el exsecretario de Estado mantuvo con el abogado Luis Hermosilla, actualmente en prisión preventiva.
El acuerdo, que se habría fraguado en los pasillos del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, dejaría sin efecto la solicitud presentada el 21 de abril por el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, quien pidió formalmente acceso a todos los chats existentes en el teléfono celular de Luis Hermosilla en los cuales se mencione a Chadwick. La petición del persecutor buscaba constatar el rol del exministro en la llegada de Guerra a la Universidad San Sebastián (USS), un movimiento que, según la resolución del juez Guillermo Rodríguez, materializó la liquidación de un “crédito corruptivo acumulado durante cinco años”.
La argucia legal: destruir para no juzgar
El mecanismo del acuerdo, revelado por El Mostrador, sería una maniobra de la defensa para evitar que los mensajes, que permanecen bajo custodia de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, llegaran a manos del fiscal Carrera. Hasta la fecha, el Cuarto Juzgado de Garantía no había accedido a lo solicitado y, a cambio, pidió “algunas precisiones” al Ministerio Público, dilatando aún más la entrega de una evidencia que la defensa del exfiscal Guerra califica como central para demostrar la trama de favores y contraprestaciones entre el exfiscal, el abogado y el exministro.
La destrucción de los chats no es un acto aislado. Se inscribe en una estrategia más amplia de la derecha chilena para enterrar las evidencias que vinculan a sus principales figuras con el entramado de corrupción destapado por el “caso Audios”. El propio Chadwick, en declaraciones públicas, ha negado sistemáticamente cualquier irregularidad, mientras el tribunal aún no autoriza el acceso del Ministerio Público a los mensajes, que seguramente constituyen “uno de los secretos mejor guardados de este país”.
La función de clase de la impunidad
Desde una perspectiva marxista, el “acuerdo” entre la Fiscalía y la defensa de Chadwick no es una anomalía del sistema judicial, sino su expresión más pura. La ley, en una sociedad de clases, no es un ente neutral, sino un instrumento de dominación al servicio de la clase dominante. Mientras los tribunales se ensañan con los manifestantes, los pobladores y los trabajadores que luchan por sus derechos, los poderosos disfrutan de un estatuto de excepción que les permite destruir pruebas, dilatar procesos y, en última instancia, salir impunes.
El pacto para destruir los chats de Chadwick es la constatación de que, para la burguesía chilena, la corrupción no es un delito, sino un método de gestión del poder. Lo que está en juego no es solo la responsabilidad penal de un exministro, sino la credibilidad de todo un sistema que se construye sobre la base de la complicidad entre el poder político, el poder judicial y el poder económico. La destrucción de las conversaciones es el intento desesperado de una clase que sabe que su cohesión y su impunidad dependen de mantener ocultos los mecanismos que la sostienen.
La resistencia y el silencio cómplice
La reacción de la izquierda no se ha hecho esperar. La diputada Camila Musante (IND) ha exigido la formalización de Chadwick, advirtiendo que “se pueden destruir evidencias, quemar documentos u oficinas, como sugería Hermosilla en sus chats”. Sin embargo, el silencio de los grandes medios y la tibieza de la oposición institucional reflejan la complicidad de un sistema que, cuando se trata de los suyos, prefiere mirar hacia otro lado.
Mientras los chats de Chadwick son destruidos, la clase trabajadora chilena asiste a un nuevo episodio de la farsa judicial. La destrucción de las conversaciones es el último acto de un sistema que, al igual que la hidra, corta una cabeza de la corrupción para que le crezcan dos. La impunidad de los poderosos no es un accidente, es una característica del capitalismo chileno. Y mientras no se transformen las bases materiales de la sociedad, la justicia seguirá siendo un lujo para los ricos y un castigo para los pobres.