La Corte de Apelaciones de Santiago, en un fallo unánime, ratificó este lunes la absolución del excarabinero Claudio Crespo por las lesiones que dejaron ciego al entonces estudiante Gustavo Gatica durante el estallido social de 2019. La decisión, que aplicó retroactivamente la Ley Naín-Retamal para justificar la “legítima defensa privilegiada” de quien disparó un perdigón que arrancó la visión a un joven que hoy es diputado, ha sido celebrada con entusiasmo por el Presidente José Antonio Kast, quien afirmó que “la justicia ha hablado fuerte y claro” y que el exuniformado “actuó en legítima defensa”. Mientras el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) expresa su “discrepancia” y la oposición exige al Mandatario que “actúe como Presidente” y no celebre la desgracia, la clase trabajadora asiste a la confirmación de una verdad incómoda: el mismo sistema judicial que condena a los manifestantes y persigue a los pobladores es el que blinda a los agentes del Estado, consagrando la impunidad como política de clase.
Santiago de Chile. La noche del lunes 3 de agosto, la Corte de Apelaciones de Santiago cerró de manera definitiva uno de los capítulos más oscuros del estallido social. Por unanimidad, el tribunal rechazó el recurso de nulidad presentado por la Fiscalía y ratificó la absolución del excarabinero Claudio Crespo, acusado de haber disparado los perdigones que el 8 de noviembre de 2019 arrancaron la visión de Gustavo Gatica, entonces un estudiante de Psicología que hoy es diputado.
El fallo, que ya no admite apelación, es una sentencia de clase: aunque el tribunal reconoció que Crespo fue el autor material de los disparos, aplicó la Ley Naín-Retamal para argumentar que actuó bajo la figura de la “legítima defensa privilegiada”. La norma, que la derecha aprobó en 2023, establece una presunción de defensa propia para los uniformados, flexibilizando la carga de la prueba y facilitando la impunidad. En este caso, bastó con que el tribunal considerara que Gatica portaba una piedra en medio de incidentes violentos para justificar que un proyectil le arrancara los ojos.
La justicia de clase en su máxima expresión
La ratificación de la absolución de Crespo no es una anomalía del sistema judicial, sino su expresión más pura. Mientras los tribunales se ensañan con los manifestantes que exigen derechos, los agentes del Estado que los reprimen con violencia son protegidos por una legislación que los blinda. La Ley Naín-Retamal, que la derecha impulsó bajo el discurso de la “seguridad”, se ha convertido en el escudo legal detrás del cual los uniformados pueden actuar con total impunidad.
El fallo de la Corte no es un triunfo de la justicia, sino una derrota de las víctimas. Como declaró el director del INDH, Yerko Ljubetic, “un joven perdió la vista y el autor de esas lesiones quedó sin castigo y sin ninguna sanción. Eso no está bien”. La declaración del INDH, sin embargo, no es suficiente. La institución que debiera defender los derechos humanos se limita a “discrepar”, mientras el Estado consagra la impunidad.
La celebración del poder: Kast y la legitimación de la violencia
La reacción del Presidente José Antonio Kast ha sido, como era de esperar, una celebración de la impunidad. En su cuenta de X, el mandatario escribió: “La justicia ha hablado en el caso de Claudio Crespo y lo ha hecho fuerte y claro. Luego de años de acusaciones, ha sido exonerado de todos los cargos y se confirma que actuó en legítima defensa”. La declaración es una confesión de clase: para el gobierno de Kast, la violencia de los uniformados no es un delito, sino un acto de “defensa”. La vida de Gustavo Gatica, que perdió la visión para siempre, no merece un castigo; merece ser olvidada.
La oposición ha criticado la postura del Presidente. El diputado Álvaro Ortiz (DC) fue categórico: “Los fallos no se comentan, los fallos se acatan. Peor aún, él lo hace como Presidente de la República. Él no puede celebrar algo que tanto ha dañado el alma de nuestro país”. El diputado Raúl Leiva (PS) agregó que “los Presidentes de la República no deben emitir opiniones, calificando o adjetivando a favor o en contra de una resolución judicial”. Pero la crítica de la oposición, aunque necesaria, no es suficiente. La clase trabajadora debe entender que la celebración de Kast no es un exabrupto, sino la confirmación de que el Estado chileno está del lado de los que reprimen, no de los que son reprimidos.
La función de clase del “legítima defensa”
Desde una perspectiva marxista, el caso de Claudio Crespo no es un error judicial ni una aplicación técnica de la ley. Es la manifestación de la lógica de clase que gobierna el Estado chileno. La Ley Naín-Retamal no es una norma técnica; es un instrumento de dominación que blinda a los agentes del Estado y criminaliza a los manifestantes. La “legítima defensa” que el tribunal invocó no es una defensa de la vida, sino una defensa del orden: un orden que se impone a través de la violencia y que el Estado legitima a través de sus tribunales.
La clase trabajadora no debe dejarse engañar. La absolución de Crespo no es un triunfo de la justicia, sino una derrota de los de abajo. Mientras los uniformados que disparan contra manifestantes son absueltos, los jóvenes que protestan son condenados. Mientras la derecha celebra, las víctimas quedan en el olvido. La lucha por la justicia no se ganará en los tribunales burgueses, sino en las calles y en la conciencia del pueblo.