En un nuevo acto de terrorismo de Estado, el pasado domingo, las fuerzas militares de Estados Unidos reanudaron su campaña de bombardeos contra presuntas embarcaciones de narcotráfico en el Pacífico oriental, matando a dos personas a bordo de una lancha. La operación, la número 67 desde que el Pentágono inició la “Operación Southern Spear” en septiembre de 2025, eleva a 223 el número de muertos en una campaña que expertos en derecho internacional y organizaciones de derechos humanos califican como una serie de ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales. Mientras la Casa Blanca habla de “narcoterroristas” y “precisión letal”, la clase trabajadora del mundo asiste a una nueva demostración de la lógica del imperio: la violación sistemática del derecho internacional cuando los intereses del capital están en juego. La misma administración Trump que blande la “ley y el orden” para reprimir a los migrantes y a los movimientos sociales, no duda en asesinar sumariamente en alta mar, sin pruebas, sin juicio y sin rendición de cuentas.
Por Equipo El Despertar
Washington D.C. / Océano Pacífico. La madrugada del lunes 24 de agosto, el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) publicó en su cuenta de X un comunicado escueto y brutal: “La Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación de bajo perfil que operaba a lo largo de rutas de narcotráfico establecidas en el Pacífico oriental”. La operación, que dejó dos personas muertas, fue el primer ataque de este tipo en más de dos meses. La última vez que el Pentágono había bombardeado una embarcación en el Pacífico fue el 21 de junio.
El comunicado del SOUTHCOM, como en la mayoría de los casos, no proporcionó ninguna prueba de que la embarcación estuviera transportando drogas. Se limitó a afirmar que “la inteligencia confirmó la participación activa de la embarcación en el narcotráfico”. La falta de evidencia no es un descuido: es la confirmación de que, para el imperio, la presunción de inocencia es un concepto que no aplica en las aguas internacionales.
La masacre de los números: 67 ataques, 223 muertos
El ataque del domingo no fue un hecho aislado. Es el último eslabón de una cadena de violencia que comenzó en septiembre de 2025, cuando la administración Trump lanzó la “Operación Southern Spear” contra presuntas embarcaciones de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental. Según el recuento de Just Security, una publicación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, el domingo se produjo el 67º ataque, con un saldo de 223 muertos, incluyendo 23 personas desaparecidas o presuntamente fallecidas . El SOUTHCOM ha confirmado la destrucción de 64 lanchas rápidas, tres embarcaciones de “bajo perfil” y una semisumergible.
Pero las cifras no cuentan toda la historia. El primer ataque de la campaña, en septiembre de 2025, dejó dos sobrevivientes que fueron rematados en un segundo bombardeo cuando se aferraban a los restos de la embarcación. La Casa Blanca justificó el ataque posterior como un acto de “defensa propia” para garantizar la destrucción total de la nave. La declaración es una confesión involuntaria: para el imperio, los “sospechosos” no tienen derecho a ser rescatados, ni a ser juzgados, ni siquiera a sobrevivir. Son objetivos, no personas.
La violación del derecho internacional: ejecuciones extrajudiciales en alta mar
La campaña de bombardeos ha sido objeto de un intenso escrutinio por parte de legisladores, expertos legales y organizaciones de derechos humanos. Human Rights Watch, Amnistía Internacional y expertos independientes de la ONU han condenado repetidamente los ataques, calificándolos como ejecuciones extrajudiciales ilegales. Ben Keith, oficial del Comité de Derecho Penal de la Asociación Internacional de Abogados, fue categórico: “No existe base alguna en el derecho internacional para los ataques a embarcaciones”
El argumento es claro: según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la navegación en alta mar está protegida por el principio de libertad de los mares, y la jurisdicción sobre una embarcación corresponde al Estado de su pabellón . Estados Unidos no tiene autoridad para atacar sumariamente embarcaciones en aguas internacionales sin pruebas, sin un proceso judicial y sin el consentimiento del Estado del pabellón. La administración Trump ha intentado eludir estas restricciones calificando a los presuntos narcotraficantes como “combatientes ilegales” y declarando que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado” contra los cárteles. Pero la declaración no tiene base legal: la guerra contra las drogas no es un conflicto armado internacional, y los presuntos narcotraficantes no son combatientes enemigos, sino civiles que deben ser procesados por las autoridades judiciales.
El senador Tim Kaine ha cuestionado abiertamente la estrategia, y el Pentágono ha sido presionado para que publique “videos sin editar” de los ataques. La opacidad no es un accidente: es la garantía de que la maquinaria de guerra del imperio pueda operar sin control.
La lógica de clase: capital, muerte y la farsa de la “guerra contra las drogas”
Desde una perspectiva marxista, la campaña de bombardeos en el Pacífico oriental no es una lucha contra el narcotráfico, sino una demostración de la lógica de clase del imperialismo. El capital necesita controlar las rutas de tránsito, y no duda en utilizar la fuerza letal para imponer su dominio. La “guerra contra las drogas” es la coartada perfecta para una política de muerte que, en los hechos, no reduce el flujo de estupefacientes hacia Estados Unidos, sino que legitima la violación de la soberanía de los Estados latinoamericanos y la liquidación de vidas humanas sin ningún proceso judicial.
La campaña en el Pacífico es la antesala de una expansión aún mayor. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha anunciado que Estados Unidos planea extender sus operaciones “en tierra” en varios países latinoamericanos, incluyendo Colombia, Ecuador y Honduras. La amenaza es explícita: los carteles, los remanentes de las guerrillas colombianas y cualquier otro grupo que se interponga en el camino del imperio son “objetivos legítimos”. La soberanía de los Estados latinoamericanos, una vez más, es un concepto que se negocia en los despachos del Pentágono.
La hipocresía de la administración Trump alcanza niveles grotescos cuando se contrasta su retórica de “ley y orden” con sus propias acciones. La misma administración que endurece las penas para los migrantes y los manifestantes, que impulsa una reforma constitucional para crear estados de excepción y restringir derechos, que se presenta como defensora del “Estado de derecho”, no duda en ejecutar extrajudicialmente a decenas de personas en alta mar sin ninguna prueba, sin ningún juicio y sin ninguna posibilidad de defensa.
Epílogo: el imperio contra las cuerdas, el imperio contra el derecho
El ataque del domingo en el Pacífico oriental no es un incidente aislado. Es la continuación de una política de muerte que el imperialismo estadounidense ha desplegado en todo el mundo, desde los bombardeos en Yemen y Somalia hasta las ejecuciones extrajudiciales en Pakistán y Afganistán. La “guerra contra las drogas” es la misma lógica de la “guerra contra el terror”: una coartada para violar el derecho internacional, para liquidar vidas humanas sin control y para consolidar el dominio del capital sobre las rutas y los recursos del mundo.
La clase trabajadora no debe dejarse engañar por la retórica de la “seguridad” y la “lucha contra el narcotráfico”. Los 223 muertos en el Pacífico no son “narcoterroristas”; son víctimas de una política de exterminio que el imperialismo ha disfrazado de cruzada moral. La misma lógica que mata a los presuntos narcotraficantes en alta mar es la que encarcela a los jóvenes de los barrios populares por delitos menores, la que reprime a los movimientos sociales y la que saquea los recursos de los países del Sur Global.
Mientras el imperio sigue bombardeando en el Pacífico, la clase trabajadora debe levantar la voz contra esta masacre. La violación del derecho internacional no es un asunto técnico; es una cuestión de clase. Porque cuando los de arriba deciden quién vive y quién muere, los de abajo son los únicos que pueden detenerlos. El imperio contra las cuerdas sigue matando. Pero la historia, como siempre, se escribirá del lado de los que resisten.