El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que ordenó reincorporar a la jefa de repostería desvinculada bajo el ardid de la “pérdida de confianza” desnuda la vigencia del abuso patronal en el aparato del Estado y desmantela la narrativa burguesa de la austeridad gubernamental.
Por Equipo El Despertar
La decisión judicial que obligó a la administración del Palacio de La Moneda a recontratar a la jefa del Departamento de Repostero Presidencial y pagar la totalidad de sus remuneraciones y cotizaciones adeudadas constituye una severa derrota para la burocracia estatal. El intento de la administración por desvincular a una trabajadora con más de siete años de servicio amparándose en una supuesta “pérdida de confianza” y en los instructivos de “austeridad fiscal” promovidos por el Ministerio de Hacienda, se estrelló contra la evidencia de una maniobra arbitraria orientada a precarizar y flexibilizar la labor en el corazón del Poder Ejecutivo.
El uso de la figura de la “contrata” renovada sistemáticamente año a año expone la paradoja estructural del Estado burgués, que actúa como el primer empleador precarizador de la fuerza de trabajo. Al igual que en las empresas del gran capital, las autoridades apelan a causales ambiguas e ideológicas para deshacerse de funcionarios con trayectoria, vulnerando la estabilidad laboral y sustituyendo la certidumbre del trabajo digno por el disciplinamiento político y la arbitrariedad de la jefatura de turno. La retórica hegemónica del “ajuste” y la “eficiencia de la gestión pública” vuelve a revelarse como una coartada de clase: se invoca el recorte presupuestario para la base trabajadora mientras se preservan los privilegios y los abultados sueldos de la alta burocracia política.
Desde la perspectiva del materialismo histórico y la sociología del trabajo, la arbitrariedad en las dependencias estatales evidencia que el Estado no es un árbitro neutral, sino una estructura jerárquica guiada por la lógica de la patronal. Como advertía el teórico e intelectual marxista Karl Kautsky al analizar las contradicciones de la burocracia gubernamental: «El Estado capitalista somete al trabajador público a una doble enajenación: como productor de servicios subordinado al presupuesto y como sujeto desprovisto de los derechos garantizados por la propia legislación burguesa». Pretender que la cocina o la repostería institucional operen bajo el régimen de “cargos de confianza política” es solo la naturalización del despojo de los derechos laborales en nombre del poder corporativo.
El revés de la administración de La Moneda demuestra que, incluso dentro de las estrechas fronteras de la legalidad de clase, la organización y la impugnación legal de los abusos patentes logran fisurar la prepotencia de la burocracia. La obligación de restituir en su puesto a la profesional y pagar la totalidad de los sueldos devengados sienta un antecedente clave para las y los trabajadores del sector público, reafirmando que la estabilidad laboral no es una concesión del gobierno de turno, sino una conquista irrenunciable que debe defenderse frente al autoritarismo institucional.