Frente al relato dominante que reduce el debate a una «falta de voluntad política» o a una «crisis de gobernabilidad», la caída del proyecto punitivo expone la resistencia a intensificar el control social sobre la clase trabajadora y la protesta popular.
Por Equipo El Despertar
El rechazo parlamentario a la cuestionada Reforma de Seguridad representa una severa derrota para las pretensiones del bloque dominante y de los sectores corporativos que buscaban dotar al aparato de Estado de nuevas facultades de excepción y control social. Presentada sistemáticamente por los medios de comunicación hegemónicos y la burguesía como un instrumento «indispensable» para combatir la delincuencia y garantizar el orden público, la propuesta legal encubría en su arquitectura profunda un perfeccionamiento de los mecanismos represivos orientados a contener las contradicciones derivadas del modelo de acumulación neoliberal.
Lejos de constituir un mero estancamiento legislativo o una falla en las negociaciones de pasillo de la política tradicional, la desestimación del proyecto refleja los límites con los que tropieza la clase dominante al intentar resolver los problemas de desintegración social mediante el aumento del volumen punitivo. Karl Marx explicaba en El Capital que «el Estado burgués recurre de manera constante a la coerción jurídica y a las fuerzas armadas no para erradicar las causas de la miseria o el delito, sino para disciplinar a la fuerza de trabajo y proteger la inviolabilidad de la propiedad privada de los medios de producción». La reforma rechazada, al priorizar la persecución penal y el endurecimiento de penas sobre la transformación de las condiciones materiales de vida, pretendía cargar sobre las mayorías populares el costo de la violencia estructural inherente al capitalismo.
Por otro lado, el discurso oficial que intenta estigmatizar el rechazo a la iniciativa calificándolo de «irresponsabilidad ante el crimen» cumple una función claramente ideológica. Vladimir Lenin, en El Estado y la revolución, advirtió que «los destacamentos especiales de hombres armados, las cárceles y las instituciones represivas son los atributos fundamentales del poder estatal, utilizados para mantener la subordinación de la clase oprimida». La pretensión de ampliar las atribuciones de las fuerzas policiales sin contrapesos efectivos buscaba institucionalizar la criminalización de la protesta y vigilar los focos de organización comunitaria, consolidando una doctrina de seguridad interna diseñada a la medida de los intereses del gran capital.
La caída de esta reforma no debe interpretarse como un triunfo definitivo ni como una concesión de la institucionalidad burguesa, sino como una ventana de oportunidad para que el movimiento popular y la clase trabajadora articulen sus propias demandas en materia de seguridad. La auténtica tranquilidad de los barrios obreros y la erradicación de la violencia no vendrán de la militarización del espacio público ni de la expansión del Estado penal, sino de la conquista de la soberanía económica, el trabajo digno y la transformación radical de las relaciones de dominación que sostienen al régimen actual.