El último informe del ICAL revela la pérdida neta de más de 81 mil puestos de trabajo y el colapso del empleo industrial, dando cuenta de cómo, tras agotar la precarización e informalidad, el capital reactiva el ejército industrial de reserva para disciplinar a la fuerza de trabajo.
Por Equipo El Despertar
El deterioro del mercado de trabajo en Chile ha alcanzado un punto de inflexión que las lecturas liberales se obstinan en calificar como un mero «desajuste coyuntural». La tasa de desocupación nacional trepó al 9,6% en el trimestre junio-agosto de 2026, su nivel más alto en más de cinco años. Sin embargo, más allá de la frialdad estadística, el reciente informe de coyuntura del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL) pone en evidencia una dinámica estructural más profunda: la incapacidad del patrón de acumulación chileno para sostener la reproducción de la fuerza de trabajo, traduciéndose en una destrucción abierta de más de 81 mil empleos formales y en una brecha efectiva de empleo que supera las 522 mil personas.
Durante los trimestres previos, las patronales y los analistas del mercado lograron contener el estallido visible de la desocupación mediante la intensificación de los mecanismos de flexibilización y precarización. Primero fue el recorte de la jornada efectiva a través del subempleo involuntario y, posteriormente, el refugio forzado en el trabajo informal y por cuenta propia. Hoy, como señala el reporte de ICAL, «los mecanismos de absorción tradicionales se han agotado completamente». Al cerrarse la válvula de escape de la informalidad, el ajuste del capital ha pasado sin mediaciones al desempleo abierto, empujando a miles de familias trabajadoras a la desprotección absoluta para salvaguardar las tasas de ganancia empresarial.
Este ajuste no se distribuye de manera homogénea en la estructura social, sino que castiga con especial saña a los núcleos donde se concentraba mayor densidad organizativa o valor agregado. La industria manufacturera experimentó un severo desplome del 7,6% en su nivel de ocupación, mientras que el empleo entre la juventud trabajadora (15 a 34 años) cayó por sobre el 5%. En contraposición, las únicas categorías que crecieron fueron aquellas marcadas por la vulnerabilidad y la transferencia directa del riesgo empresarial hacia el trabajador: el servicio doméstico (+10,0%), los contratistas dependientes (+11,7%) y el cuentapropismo (+3,1%). Se constata así la profundización de un régimen laboral donde la estabilidad es sustituida por el pauperismo y la fragmentación.
Frente a esta realidad, las narrativas hegemónicas de los gremios empresariales han apresurado su libreto habitual, responsabilizando del desempleo a las modestas conquistas laborales recientes, como el incremento gradual del salario mínimo o la reducción de la jornada a 40 horas. No obstante, el análisis de los datos desmiente radicalmente este dogma patronal. La pérdida de puestos de trabajo no ocurre en los sectores intensivos en mano de obra de bajos salarios, sino en rubros industriales y tecnológicos de mayor productividad. La evidencia demuestra que la causa fundamental no reside en el «costo del trabajo», sino en la contracción de la demanda efectiva y en la huelga de inversiones del gran capital, que prefiere la especulación financiera antes que la ampliación de las capacidades productivas reales.
Desde la perspectiva de la economía política crítica, el aumento de la desocupación hasta casi alcanzar los dos dígitos cumple una función social precisa en la dinámica mercantil: la reconstrucción del ejército industrial de reserva. Como advierte el informe, con una tasa de subutilización amplia de la fuerza de trabajo (SU3) que llega al 17,7%, la existencia de una masa flotante de desempleados actúa como un mecanismo de presión objetiva para contener la negociación colectiva, deprimir los salarios reales y forzar a la clase trabajadora a aceptar condiciones de empleo cada vez más degradadas.
La caída del 2,4% en el volumen total de horas trabajadas y el estancamiento de la masa salarial real ya están alimentando una espiral recesiva que golpea el consumo de los hogares populares. Pretender abordar esta crisis con las viejas recetas de austeridad fiscal o endurecimiento monetario no hará más que profundizador el sufrimiento de la mayoría asalariada. Como concluye el análisis de ICAL, la única vía para romper la inercia del capital exige abandonar la fe en las fuerzas del mercado y desplegar una intervención estatal decidida que priorice la inversión pública directa, la reindustrialización y la protección integral de la fuerza de trabajo por sobre el dogma de la rentabilidad privada.