Un informe del Segundo Juzgado Civil de Valparaíso descarta fallas de ejecución en las viviendas en reconstrucción en Viña del Mar, dejando al descubierto la maniobra del Ministerio de Vivienda para dinamitar infraestructura pública y beneficiar los flujos de capital privado.
Por Equipo El Despertar
El relato de la “ineficiencia pública” y las “empresas sinvergüenzas” esgrimido por la administración burocrática del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) sufrió una fractura irrecuperable. Un peritaje judicial encargado por el Segundo Juzgado Civil de Valparaíso concluyó de manera categórica que no existen defectos en la ejecución de las obras de reconstrucción de las viviendas en El Olivar, desmintiendo la narrativa oficial impulsada por el titular de la cartera, Iván Poduje, quien justificaba la imperiosa necesidad de demoler las estructuras bajo el pretexto del “resguardo técnico” y la “seguridad residencial”.
El dictamen independiente reveló que las obras ejecutadas por la constructora se ciñeron estrictamente a los planos y especificaciones aprobados por el propio Serviu, transformando lo que la prensa hegemónica presentaba como un “problema de ingeniería” en una muestra del cinismo institucional con el que el Estado administra las ruinas dejadas por la tragedia.
Este fallo de peritaje representa un duro revés para la gestión ministerial de Poduje, cuya estrategia técnica y comunicacional ha quedado expuesta como una política de tabula rasa orientada a despejar el terreno en favor de la especulación inmobiliaria y los contratos de reconstrucción masiva.
La obsesión del ministerio por dinamitar viviendas levantadas con el esfuerzo de la comunidad golpea frontalmente la credibilidad del discurso de la “eficiencia del mercado”, revelando cómo el aparato estatal no vacila en destruir el capital fijo acumulado e inmovilizado —las propias casas construidas— cuando este estorba a las lógicas de rotación del excedente presupuestario y a la asignación de nuevos subsidios.
La respuesta del Minvu ante la evidencia no tardó en confirmar la naturaleza autoritaria del poder burocrático: en lugar de acatar las conclusiones del perito y reorientar los recursos hacia la habitabilidad de las familias damnificadas por los incendios, la secretaría de Estado salió a desacreditar la pericia judicial asegurando que el informe “carece de base técnica para sostener que las viviendas son seguras” y reiterando que “no rebajará los estándares de seguridad”.
Esta retórica paternalista utiliza la “seguridad” como un fetiche ideológico para enmascarar la arbitrariedad del Estado burgués, el cual prefiere perpetuar el desarraigo de los pobladores y prolongar la crisis habitacional antes que asumir la responsabilidad política por la aprobación de proyectos deficientes en sus propias oficinas del Serviu.
Para la clase trabajadora de El Olivar, que ha soportado la dilación deliberada de las soluciones habitacionales y el abandono estatal, las conclusiones del fallo judicial abren una brecha de impugnación contra la violencia institucional. El episodio pone de manifiesto que bajo la dictadura de la rentabilidad capitalista y la tecnocracia urbana, las necesidades humanas básicas como la vivienda digna se reducen a insumos transables en la rueda de la contratación pública. La resistencia de las familias damnificadas frente a la topadora del Minvu no solo defiende cuatro paredes, sino que cuestiona la potestad del capital para decidir dónde, cómo y bajo qué nivel de precarización se permite sobrevivir al proletariado.