A siete años del estallido social, la masiva jornada conmemorativa del 18 de octubre fue respondida con un intenso despliegue PDI-Carabineros y decenas de detenciones, desmantelando el relato de la “paz social” para garantizar la disciplina del capital.
Por Equipo El Despertar
Las manifestaciones que marcaron un nuevo aniversario de la revuelta social del 18 de octubre de 2019 en las principales arterias del país han vuelto a poner en evidencia la naturaleza de clase del aparato estatal. La jornada, caracterizada por la movilización de sectores populares, estudiantes y organizaciones de derechos humanos que exigen verdad, justicia y el fin de la precarización de la vida, fue recibida con un operativo de cerco y represión desproporcionado por parte de las fuerzas de orden.
Mientras la prensa hegemónica y los voceros del Ejecutivo apresuraron sus habituales editoriales sobre la “defensa de la propiedad pública” y la “contención de vándalos”, la lectura materialista de los hechos revela una realidad opuesta: el despliegue del monopolio de la violencia no busca resguardar el orden público, sino aplastar la memoria popular e infundir un castigo ejemplarizador sobre la clase trabajadora.
El uso sistemático de carros lanzagua con agente químicos que provocan quemaduras en los cuerpos, gases tóxicos y detenciones selectivas —que dejaron un saldo de decenas de personas puestas a disposición de los tribunales de la justicia burguesa y hermosillada— expone la continuidad de la doctrina de seguridad interior para contener el descontento estructural.
La respuesta represiva no constituye un “exceso policial” o un error táctico de las autoridades de turno, sino la función orgánica del Estado como garante del proceso de acumulación. En un contexto marcado por la inflación, el alza en el costo de la vida y el estancamiento de los salarios reales, la clase dominante exige una policía militarizada que asegure la circulación del capital y neutralice cualquier intento de reactivación de la protesta popular en las calles.
Las narrativas del poder han intentado reducir la fecha a un “episodio de violencia del pasado” superado por la institucionalidad. Sin embargo, la persistencia de la movilización demuestra que las causas objetivas que provocaron la rebelión de 2019 —la mercantilización de la salud, la educación y las pensiones, junto a la explotación laboral— se mantienen intactas y profundizadas.
Como señalaron voceros de organizaciones territoriales y de familiares de presos políticos durante la jornada: “La respuesta del gobierno demuestra que nada ha cambiado para los de abajo: para las mineras y las AFP hay protección y subsidios; para el pueblo que sale a exigir sus derechos hay represión, gases y cárcel”. Esta asimetría confirma que la “paz social” promovida por las élites no es más que la imposición de la disciplina del capital mediante la coacción institucional.
Frente a la criminalización de la protesta y la clausura de las vías institucionales para transformar las condiciones de vida de las mayorías, la jornada del 18-O reafirma que la lucha de clases no se resuelve en los pasillos parlamentarios ni en las promesas de la democracia burguesa. La violencia estatal desplegada contra las manifestaciones busca desactivar la organización autónoma e impedir la convergencia de las luchas estudiantiles, sindicales y poblacionales.
Para la clase trabajadora, la conmemoración de la revuelta representa la reafirmación de que la conquista de las demandas históricas solo será posible mediante la movilización general y la reconstrucción del movimiento de masas frente a la alianza entre el capital y el Estado represor.