El Juzgado de Garantía de Viña del Mar admitió a trámite esta semana una querella criminal presentada por la entidad patrocinante Social Arquitectura (SARQ) contra el ministro de Vivienda, Iván Poduje, el seremi Marcelo Ruiz y el director (s) del Serviu, Rodrigo Muñoz. Los imputados son acusados de abuso de poder, falsificación ideológica de instrumento público y fraude al Fisco, tras la polémica paralización y demolición de viviendas en construcción para damnificados del megaincendio de 2024 en El Olivar. El libelo acusa a las autoridades de armar un “plan antes de asumir como titular de Vivienda” para excluir a SARQ y la Constructora San Sebastián del proyecto, orquestando presiones a funcionarios, falsificando informes técnicos y engañando a más de 350 familias damnificadas. Mientras el ministro califica a los querellantes de “sinvergüenzas” y el gobierno guarda silencio, la clase trabajadora asiste a un nuevo episodio donde el capital y la burocracia política se confabulan para vaciar el erario y controlar los negocios de la reconstrucción, desnudando que la “mano dura” prometida en campaña era solo un disfraz para la peor de las corrupciones de cuello y corbata.
Por Equipo El Despertar
Viña del Mar. La noticia cayó como una bomba en el palacio de Gobierno y en las oficinas del Ministerio de Vivienda. El Juzgado de Garantía de Viña del Mar declaró admisible la querella criminal presentada por Social Arquitectura contra el ministro Iván Poduje, el seremi Marcelo Ruiz y el director subrogante del Serviu, Rodrigo Muñoz. La resolución, dictada este lunes, da luz verde a la investigación por parte del Ministerio Público.
El libelo judicial expone una trama que, de confirmarse, constituye una de las mayores estafas al erario nacional bajo la administración de José Antonio Kast. Según la acusación, Poduje ideó un plan antes incluso de asumir su cargo, con el objetivo de liderar personalmente la reconstrucción del sector El Olivar, utilizando empresas de su preferencia. Para ello, habría utilizado el aparato estatal para interferir ilegalmente en contratos vigentes firmados entre los damnificados y las empresas que llevaban adelante las obras.
El contenido del documento judicial es lapidario. Describe cómo el ministro, haciéndose pasar por un gestor de la emergencia, se arrogó funciones que la ley le niega, paralizando ilegalmente las obras de 356 viviendas. En un acto de soberbia digno de un patrón de fundo, prohibió a los funcionarios del Serviu realizar cualquier gestión que importara la continuidad de los contratos. La querella afirma que Poduje incurrió en abuso de poder, falsificación de documentos y fraude al Fisco.
La fábrica de mentiras: cómo se falsificaron los informes
El corazón de la trama es la fabricación de pruebas. La querella detalla que, para justificar la expulsión de SARQ y la Constructora San Sebastián, la autoridad presionó a funcionarios públicos para que dieran forma a un relato falso. Según el documento, los informes técnicos de la DITEC (División Técnica del Ministerio) que supuestamente acreditaban “graves fallas constructivas” en las viviendas, nunca sugirieron la paralización ni mucho menos la demolición.
De hecho, los informes de la Universidad de Chile —contratados por el mismo ministerio— recomendaban el reforzamiento de las estructuras, no su demolición. Pero eso no era lo que quería oír el ministro. Necesitaba demoler para reconstruir bajo sus términos. Según la querella, los inspectores técnicos de obra (ITO) del Serviu se resistieron a rubricar las conclusiones de la DITEC, pero fueron presionados y amenazados de forma persistente para que emitieran informes que respaldaran la decisión política ya tomada.
Lo más grave es la acusación de falsificación ideológica: se habría forzado a los funcionarios a antedatar documentos y firmar informes con fechas posteriores a las resoluciones que los justificaban, en una inversión del debido proceso que constituye una flagrante violación al principio de juridicidad.
La doble moral del “gobierno de la emergencia”
La hipocresía alcanza niveles industriales. Mientras el Presidente Kast prometía en campaña “mano dura” contra la corrupción y la “rosca política”, su ministro estrella desnuda la verdadera agenda de la derecha: controlar los negocios de la reconstrucción a cualquier costo, utilizando el Estado como botín. La querella señala que Poduje, antes de asumir el 11 de marzo, ya se había reunido con dirigentes vecinales, prejuzgando el trabajo de las constructoras y fijando un plan de acción. Incluso fue grabado imputando a las empresas delitos sin fundamento y anunciando que iría “casa por casa” a convencer a los vecinos de cambiar de contratista.
“Son unos sinvergüenzas”, respondió el ministro al ser consultado, mientras el gobierno se parapeta en la “presunción de inocencia”. El diputado Tomás Hirsch (Acción Humanista) se preguntó retóricamente: “Si esto lo hubiera hecho un funcionario del gobierno anterior, ¿no habría la derecha pedido su cabeza en una bandeja de plata?”. La respuesta la saben todos.
La cooptación del capital y el engaño a los de abajo
Para la clase trabajadora, este episodio es la materialización de lo que siempre sospecharon. El Estado no es un ente neutral; es el comité de administración de los intereses de los grupos económicos. Al excluir a SARQ y a la constructora San Sebastián, el ministro Poduje no solo vulneró contratos válidos; manipuló la angustia de las familias damnificadas del megaincendio de 2024, engañándolas para que firmaran autorizaciones de demolición basándose en información falsa. Las más de 350 familias que esperan sus viviendas desde hace más de dos años siguen a la deriva.
La querella fue presentada por la Empresa Social Arquitectura Limitada (SARQ) y la Constructora San Sebastián, quienes aducen un perjuicio fiscal de 2.332 UF (más de 80 millones de pesos) solo por las primeras cuatro demoliciones. El ministro anunció que continuará, lo que implicaría un costo astronómico para el Fisco. No hay plata para la salud de los abuelos, pero sí para demoler casas que se podían reparar, solo para darle el gusto a un ministro que quería hacer “proyecto emblemático”.
El caso El Olivar demuestra que la derecha chilensis opera con un código de ética dual: uno para la vitrina, lleno de discursos de probidad, y otro para la trastienda, donde se tejen las redes del poder para favorecer a los amigos y castigar a quienes no se pliegan a la voluntad del mercado. La justicia, lenta pero inexorable, deberá determinar si Poduje, Ruiz y Muñoz no son más que la punta del iceberg de un sistema podrido. Mientras tanto, los trabajadores siguen esperando justicia en las calles y en los tribunales. El pueblo tiene memoria y no olvida.