La Contralora General de la República, Dorothy Pérez, autora de innumerables dictámenes que condenan el uso del trato directo en la administración pública, acaba de ser descubierta utilizando exactamente esa misma figura para blindar su vehículo institucional por casi $28 millones. El contrato, que incluyó blindaje balístico de alto estándar y una camioneta Toyota 4Runner de $48 millones, supera incluso las medidas de seguridad del Poder Judicial. La hipocresía es mayúscula: la máxima autoridad fiscalizadora del país, la que persigue con saña a funcionarios de base por irregularidades administrativas, se aplica a sí misma una vara distinta. La clase trabajadora asiste, una vez más, a la confirmación de que la ley y la probidad son conceptos elásticos: se estiran para proteger a los poderosos y se encogen para castigar a los de abajo.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. La noticia cayó como un balde de agua fría en los pasillos de la administración pública. Este lunes, el programa Informe Especial de 24 Horas reveló que la contralora general de la República, Dorothy Pérez, autorizó un contrato vía trato directo por casi $28 millones para blindar el automóvil institucional que utiliza, una camioneta Toyota 4Runner de alto estándar que, sumada a la compra del vehículo, alcanza los $48 millones.
La justificación formal incorporada en la plataforma de Mercado Público es, como mínimo, elocuente: el perfil de la contralora así lo requiere debido a las “funciones de fiscalización” de los recursos públicos que desarrolla, así como el “impacto e influencia que los productos emanados de la institución ejercen en la opinión pública y en el funcionamiento de la Administración del Estado”. Desde la Contraloría, además, argumentaron que la adquisición surgió “luego de la recepción de diversas comunicaciones consideradas de mayor riesgo”, y que hubo análisis de la PDI y del Ministerio Público que incluso recomendaron mejoras en las dependencias.
El guardián que se come las uvas: el doble estándar de la probidad
Lo que convierte esta revelación en un escándalo de primera magnitud no es el monto en sí mismo, sino la grotesca contradicción con el rol que la propia Contraloría ha desempeñado históricamente. El ente fiscalizador ha emitido innumerables dictámenes y ha iniciado sumarios contra instituciones públicas y funcionarios de base por el uso indebido o injustificado del trato directo.
Recientemente, la Contraloría detectó la emisión de 556.222 órdenes de compra con uso reiterado del trato directo o contratación excepcional, en un informe que identificó riesgos en procesos administrativos. En otro caso, la Contraloría Regional Metropolitana dictaminó un sumario interno al Hospital Calvo Mackenna ante el mal uso de la causal de trato directo. También ha representado, en más de una ocasión, resoluciones que aprobaron tratos directos para el arrendamiento de sistemas de comunicación.
La pregunta es inevitable: si la Contraloría persigue con tanta saña a los directores de hospitales, a los municipios y a las delegaciones presidenciales por usar el trato directo sin la debida justificación, ¿por qué la máxima autoridad del organismo se otorga a sí misma el derecho a utilizarlo sin pasar por el escrutinio que ella misma exige?
La contradicción de clase: la ley para los de abajo, el privilegio para los de arriba
Desde una perspectiva marxista, este episodio no es una anomalía, sino la expresión más pura de la función de clase del Estado. La Contraloría, como institución, no es un ente técnico neutral; es un mecanismo de control social que se ensaña con los sectores populares y los funcionarios de menor rango, mientras blinda a las élites que realmente detentan el poder.
La respuesta de la Contraloría no hizo más que profundizar la indignación. Para justificar el trato directo, argumentaron que entre los Convenio Marco de Mercado Público no existían proveedores similares, por lo que no se requería un mínimo de tres cotizaciones previas. Se eligió a la empresa Raptor SPA, evaluada como “un proveedor hábil para contratar con el Estado y con la experiencia acreditable en el servicio requerido”. La adquisición, afirmaron, “no dispone la obligatoriedad de escoger el menor precio, sino que aquel que en su conjunto otorgue las mejores condiciones según el servicio requerido”.
Sin embargo, la excusa no cuela. El mismo argumento de “proveedor único” y “condiciones técnicas especiales” es el que utilizan los municipios y los servicios de salud cuando son fiscalizados y sancionados por la propia Contraloría. La diferencia es que, cuando el beneficiario es la propia cúpula del organismo, la justificación se vuelve intocable.
Blindaje y silencio: la doble moral del “Estado de derecho”
La decisión de Dorothy Pérez se suma a otras medidas de seguridad que ya se habían implementado en 2025: un guardaespaldas personal y mejoras en el ingreso al edificio institucional de Teatinos 56. Nada de esto sería cuestionable si la autoridad hubiera seguido los procedimientos que ella misma exige al resto del Estado. Pero al optar por el trato directo, la contralora ha sentado un peligroso precedente: la máxima autoridad fiscalizadora se coloca por encima de la ley que debe hacer cumplir.
El blindaje del vehículo de Dorothy Pérez es una metáfora perfecta del Estado chileno: un aparato que se blinda a sí mismo para no ser alcanzado por el escrutinio público, mientras arremete con toda su fuerza contra los eslabones más débiles de la cadena. La clase trabajadora, una vez más, es testigo de cómo los guardianes de la probidad se niegan a mirarse al espejo, mientras la impunidad de los poderosos se consolida como la regla no escrita del sistema.