Casi dos meses después del inicio de la rebelión popular, el presidente derechista Rodrigo Paz Pereira declaró este sábado el estado de excepción en todo el territorio boliviano, ordenando el despliegue de militares y policías para despejar por la fuerza los bloqueos de carreteras que mantienen sitiadas las principales ciudades del país. La decisión, adoptada en la madrugada del 20 de junio y extendida por 90 días, llegó horas después de que el gobierno sellara un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) que fue inmediatamente rechazado por los campesinos y los sectores afines al expresidente Evo Morales, quienes mantienen firmes sus bloqueos. Mientras el mandatario afirma que la medida busca “devolver la libertad” y “proteger la democracia”, la clase trabajadora boliviana asiste al espectáculo de siempre: un gobierno que, agotado por el diálogo, recurre al terrorismo de Estado para imponer su agenda de ajuste, mientras la resistencia popular se niega a doblegarse.
Por Equipo El Despertar
La Paz, Bolivia. A la 1 de la madrugada de este sábado, el presidente Rodrigo Paz Pereira firmó el Decreto Supremo 5634, declarando el estado de excepción en todo el país. La medida, que se extenderá por 90 días, faculta a las Fuerzas Armadas a prestar “apoyo temporal” a la Policía para “proteger rutas estratégicas, infraestructura esencial y garantizar el abastecimiento”. Según el mandatario, el objetivo es “liberar las carreteras del país”, donde más de 44 puntos de bloqueo mantienen paralizada la economía y el abastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal.
A las 7 de la mañana, los vehículos de las Fuerzas Armadas ingresaron al cuartel Ingavi en la ciudad de El Alto, y tanquetas militares comenzaron a recorrer las calles de la sede de gobierno. En Cochabamba, bastión de los movimientos campesinos, la policía se desplegó con maquinaria pesada para retirar los obstáculos de las vías. Los bloqueos se concentran principalmente en los departamentos de La Paz (con 19 puntos de corte), Cochabamba (12), Oruro (11) y Santa Cruz (2), según la Administradora Boliviana de Carreteras.
El diálogo como pantalla: el acuerdo que nadie cumplió
La declaración del estado de excepción no fue una decisión súbita, sino el desenlace de una estrategia de desgaste. Horas antes, el viernes por la noche, Paz había firmado un acuerdo con el máximo líder de la Central Obrera Boliviana (COB), el minero Mario Argollo, tras una reunión a puertas cerradas con cinco ministros. Argollo declaró que “a partir de este momento se están levantando las medidas de presión a nivel nacional”. Pero el pacto, presentado como un triunfo de la “pacificación”, fue una cortina de humo: la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari y los sectores afines al expresidente Evo Morales rechazaron el acuerdo y anunciaron que mantendrán sus bloqueos hasta la renuncia de Paz.
Los cocaleros del Chapare, bastión sindical y político de Morales en el centro del país, fueron categóricos: “Se ha determinado no acatar y mantener el bloqueo en este punto”, afirmó un portavoz de los movilizados en el puente de Ichilo, enfatizando que desconocen al máximo ejecutivo de la COB. “Por más que se dicte estado de excepción a nivel nacional, este pueblo no se va a humillar ni tampoco se va a esconder”, advirtió el portavoz en un video transmitido por Radio Kawsachun Coca. “Si el militar quiere llegar a este punto, le vamos a recibir y le vamos a estar esperado. No porque muestre armas y tenga ley para matar al pueblo, nosotros vamos a tener miedo”.
La retórica del terror: Paz acusa de “narcoterrorismo” y “golpe de Estado”
En su mensaje televisado, Paz intentó justificar la escalada represiva con un discurso que criminaliza la protesta social. “Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica, abastecerse y llevar sustento a sus hogares”, escribió en sus redes sociales. “Este no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es un estado de excepción para devolverle la libertad”, afirmó el mandatario.
Pero detrás de la retórica de la “libertad”, Paz desató una andanada de acusaciones que buscan deslegitimar el movimiento popular. “Lo que hoy enfrenta Bolivia es una estrategia organizada de desestabilización contra la democracia y un gobierno constituido y debemos llamarla por su nombre: un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo”, declaró. Reiteró que detrás de las protestas hay “estructuras políticas organizadas” que operan desde el Chapare y que buscan “transformar una protesta social en una estrategia de ruptura democrática constitucional”. La acusación de “narcoterrorismo”, lanzada desde el poder, no es sino la coartada clásica del capital para justificar la represión: cuando el pueblo exige, se lo califica de terrorista.
El costo de la barbarie: 16 muertos y pérdidas millonarias
El conflicto, que comenzó el 6 de mayo con demandas sectoriales, se ha transformado en una rebelión popular que exige un cambio de rumbo político. Las consecuencias son devastadoras. Al menos 16 personas han muerto entre el 1 de mayo y el 14 de junio, la mayoría por no poder acceder a atención médica oportuna debido a los bloqueos, según la Defensoría del Pueblo. También se investiga la muerte de una persona por un disparo con arma de fuego durante un intento por abrir un paso humanitario. Las pérdidas económicas se estiman en 3.000 millones de dólares.
La fractura de la clase trabajadora: la COB firma la paz por separado
La decisión de la COB de firmar un acuerdo por separado con el gobierno revela la fractura al interior del movimiento popular. Mientras la dirigencia sindical optaba por la negociación institucional, los campesinos y los sectores afines a Morales mantenían la línea de la resistencia. La COB y la Federación de Campesinos de La Paz lideraron desde el 6 de mayo los bloqueos para exigir la renuncia de Paz. Pero ahora, la COB se ha desmarcado, dejando a los campesinos y a los sectores populares solos frente al poder represivo del Estado.
Esta fractura no es un accidente. Es la expresión de la contradicción que atraviesa a la clase trabajadora en todo el continente: mientras las cúpulas sindicales negocian con el poder, las bases populares mantienen la lucha en las calles. La COB, que alguna vez fue el brazo sindical del movimiento obrero boliviano, ha optado por la vía del pacto, dejando a los campesinos y a los seguidores de Morales en la trinchera de la resistencia.
Epílogo: el desafío de la resistencia
La declaración del estado de excepción y el despliegue militar son la respuesta del capital a una rebelión popular que se niega a ser contenido por el diálogo. Pero la resistencia no se ha doblegado. En el puente de Ichilo, en El Alto y en los caminos del Chapare, los campesinos y los manifestantes mantienen sus bloqueos, desafiando al estado de excepción. La Asamblea Legislativa Plurinacional sesionará este sábado a las 23 horas para decidir si respalda la medida.
Mientras tanto, la clase trabajadora boliviana y latinoamericana observa con atención este conflicto. No es solo una crisis local; es un laboratorio de las consecuencias del ajuste neoliberal en la región, y una prueba de fuego para el movimiento popular. El estado de excepción no es el fin de la rebelión, sino su nueva fase. Y la historia nos enseña que cuando el pueblo se levanta, ningún estado de excepción puede contenerlo por siempre. La lucha continúa en las rutas, en las barricadas y en la conciencia de los de abajo.