A regañadientes, el Presidente José Antonio Kast decretó este lunes el Estado de Catástrofe para la Región de Coquimbo y la provincia del Huasco, luego de una inédita presión transversal de alcaldes, gobernadores, parlamentarios e incluso de su propio partido, Renovación Nacional. La declaración, que debió ser inmediata ante la magnitud de la emergencia, llegó solo después de que las imágenes de destrucción y las cifras de damnificados –cinco muertos, cuatro desaparecidos, 2.205 damnificados y más de 99 mil aislados– hicieran insostenible la postura del gobierno. La misma administración que encontró tiempo y recursos para rebajar impuestos a las grandes empresas en más de 4.000 millones de dólares anuales, y que aprobó un endeudamiento histórico sin titubear, ahora se tomó el tiempo para decidir si liberaba el 2% constitucional, un fondo de emergencia de 1.400 millones de dólares que ya está presupuestado. La clase trabajadora, una vez más, asiste a la confirmación de una verdad incómoda: el Estado de los patrones siempre encuentra plata para los de arriba, pero cuando se trata de los de abajo, la burocracia se convierte en un muro y la ayuda llega con cuentagotas.
Por Equipo El Despertar
Las horas perdidas: la demora como política de clase
Lo que debió ser una decisión automática, tomó días de presión pública y política. Mientras el temporal arrasaba con viviendas, caminos y servicios básicos en la Región de Coquimbo, el gobierno se mantuvo en una posición de inmovilidad que solo puede entenderse desde la lógica de clase que lo gobierna. El sábado y domingo, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, había descartado la medida, argumentando que el Estado de Catástrofe “se aplica cuando hay una necesidad imperiosa de restablecer elementos de orden público, como toque de queda”. La declaración era una muestra de cinismo: mientras las familias perdían sus hogares, el gobierno se preocupaba por la “seguridad”.
Fueron los alcaldes, los gobernadores y hasta los parlamentarios de su propio sector los que tuvieron que salir a exigir lo que el gobierno se negaba a conceder. El alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, fue lapidario: “La Región de Coquimbo enfrenta una emergencia que supera ampliamente su capacidad financiera”. “No le pidan a la Región de Coquimbo que se reconstruya sola. El Estado tiene las herramientas. Lo que falta es la decisión de usarlas”. El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Gustavo Alessandri, también emplazó al Presidente a liberar el 2% constitucional. Incluso Renovación Nacional, parte del oficialismo, emitió una declaración pública respaldando el llamado de los alcaldes y solicitando al Mandatario “decretar, a la brevedad, Zona de Catástrofe para toda la región”.
El 2% constitucional: el dinero que el gobierno quiso esconder
El corazón de la controversia es el 2% constitucional, un fondo de emergencia de 1.400 millones de dólares contemplado en la Ley de Presupuestos. El dinero existe. Está disponible. No requiere de nuevos impuestos ni de endeudamiento adicional. Pero el gobierno se resistió a activarlo.
La hipocresía es brutal. La misma administración que encontró tiempo y recursos para impulsar una rebaja de impuestos a las grandes empresas que le costará al Fisco más de 4.000 millones de dólares anuales, y para aprobar un endeudamiento histórico sin titubear, ahora se tomó el tiempo para decidir si ayuda a los damnificados. La “austeridad” que predica la derecha es, como siempre, selectiva: se aplica con rigor a los servicios públicos que benefician a la clase trabajadora, y se desvanece cuando se trata de los intereses del capital.
El costo de la demora: los de abajo pagan dos veces
El gobernador de Coquimbo, Cristóbal Juliá, fue claro: necesitan “disponer de más tropas del Ejército que estén acá en la región ayudando a despejar los caminos para que los equipos de emergencia puedan llegar donde están las personas aisladas”. Mientras el gobierno demoraba la declaración, las personas se estaban “tirando al agua a rescatar a sus vecinos y eso pone en riesgo sus propias vidas”.
El alcalde Manouchehri denunció que los cerca de $2.000 millones provenientes del presupuesto regional, destinados a dividirse entre 15 comunas, son “insuficientes” para la reconstrucción. “Esa cifra no alcanza ni para reponer uno de los puentes caídos, mucho menos para reconstruir la gran cantidad de viviendas afectadas”. La demora del gobierno no es un error técnico, es la expresión de la lógica de clase que gobierna el Estado chileno: un Estado que siempre encuentra plata para los de arriba y siempre encuentra excusas para los de abajo.
Epílogo: la catástrofe como metáfora
Kast finalmente decretó el Estado de Catástrofe, argumentando que la situación había “aumentado en la gravedad por temas de cortes de suministro de agua potable, desplazamiento de tierra, aumento de los caudales y cortes de energía eléctrica”. Pero la gravedad no aumentó el lunes; ya era crítica el jueves. La declaración tardía no es un acto de responsabilidad, sino una concesión a la presión popular y política.
La clase trabajadora debe entender que esta demora no es un accidente, sino la confirmación de que el Estado chileno, bajo el gobierno de Kast, no está diseñado para proteger a los de abajo, sino para servir a los de arriba. La catástrofe ha dejado al descubierto la podredumbre de un sistema que abandona a los suyos en el momento de la emergencia. La única salida no es esperar que el gobierno decida ayudar, sino organizarse para construir un Estado que esté al servicio de las mayorías, no de las élites.