Una parte importante de la respuesta se encuentra en el profundo centralismo que caracteriza al Estado chileno. Cuando ocurre una emergencia, los primeros en llegar no son los ministerios. Son los municipios. Son los alcaldes, los funcionarios municipales, los equipos de emergencia, los trabajadores de aseo, los conductores de maquinaria, las asistentes sociales y los dirigentes vecinales quienes conocen el territorio, identifican a las familias más vulnerables y organizan las primeras respuestas.
Por Daniel Jadue
Cada invierno la historia parece repetirse con una precisión casi dolorosa. Las lluvias desbordan ríos, los esteros recuperan antiguos cauces, los caminos rurales quedan interrumpidos, cientos de viviendas se inundan y miles de familias vuelven a perder aquello que con enorme esfuerzo habían logrado reconstruir. Cambian los gobiernos, cambian los nombres de las autoridades y cambian los titulares de la prensa, pero las comunidades vuelven a enfrentar prácticamente las mismas tragedias de hace diez, veinte o treinta años.
No estamos frente a fenómenos imprevisibles. Chile conoce su geografía, conoce sus cuencas, conoce sus zonas de riesgo y conoce, también, las consecuencias del cambio climático. Sabemos dónde se producen los desbordes, qué quebradas se activan, qué caminos quedan aislados y qué barrios vuelven a inundarse. Sin embargo, año tras año seguimos reaccionando como si cada temporal fuera una sorpresa.
La pregunta es inevitable: ¿por qué seguimos enfrentando las mismas catástrofes con las mismas herramientas insuficientes?
Una parte importante de la respuesta se encuentra en el profundo centralismo que caracteriza al Estado chileno. Cuando ocurre una emergencia, los primeros en llegar no son los ministerios. Son los municipios. Son los alcaldes, los funcionarios municipales, los equipos de emergencia, los trabajadores de aseo, los conductores de maquinaria, las asistentes sociales y los dirigentes vecinales quienes conocen el territorio, identifican a las familias más vulnerables y organizan las primeras respuestas.
Pero existe una contradicción que ya resulta insostenible. Se les exige responder como primera línea de acción, pero se les niegan las herramientas para hacerlo. Se les atribuye la responsabilidad inmediata frente a la ciudadanía, mientras continúan dependiendo de autorizaciones, transferencias y decisiones adoptadas muchas veces a cientos de kilómetros del lugar donde ocurre la emergencia.
No puede seguir siendo normal que un municipio deba esperar la autorización del nivel central para disponer de recursos extraordinarios cuando una comunidad está bajo el agua. No puede seguir siendo aceptable que alcaldes y alcaldesas deban recorrer ministerios solicitando maquinaria, combustible, viviendas de emergencia o financiamiento para reconstruir infraestructura básica. En medio de una catástrofe, cada hora perdida tiene consecuencias humanas concretas.
La autonomía municipal no constituye un privilegio institucional. Es una condición para proteger oportunamente la vida de las personas.
Durante décadas hemos construido un Estado profundamente desconfiado de los gobiernos locales. Se concentran los recursos, las decisiones y las competencias en Santiago, mientras los municipios asumen crecientemente responsabilidades en seguridad, salud, educación, gestión ambiental, cuidado de personas mayores y atención de emergencias, sin que esa ampliación de funciones vaya acompañada de un fortalecimiento equivalente de sus capacidades financieras y técnicas.
El resultado es evidente. Existen municipios que administran comunas con enormes desafíos territoriales utilizando presupuestos que apenas alcanzan para cubrir su funcionamiento cotidiano. Frente a una emergencia de gran magnitud, sus posibilidades de respuesta dependen más de la buena voluntad del gobierno central que de sus propias capacidades institucionales.
Desde una perspectiva marxista, esta realidad expresa una característica histórica del Estado chileno: la extrema concentración del poder político, administrativo y financiero. El centralismo no es únicamente una forma de organización territorial; también constituye una forma de concentración del poder. Allí donde las comunidades conocen mejor sus problemas, disponen de menos instrumentos para resolverlos.
La experiencia de gobiernos locales transformadores demuestra exactamente lo contrario. Cuando existen recursos suficientes, planificación participativa y capacidad de decisión, los municipios pueden desarrollar políticas preventivas mucho más eficaces que cualquier intervención tardía del nivel central. Mantención permanente de cauces, limpieza de colectores, recuperación de humedales, planificación urbana responsable, fortalecimiento de los equipos de protección civil, adquisición de maquinaria propia, sistemas de alerta temprana y trabajo coordinado con organizaciones comunitarias son inversiones que reducen significativamente el impacto de las catástrofes.
Sin embargo, la prevención rara vez ocupa el lugar que merece en las políticas públicas. La reconstrucción suele recibir más atención que la planificación. Se destinan cuantiosos recursos para reparar aquello que pudo haberse evitado mediante una adecuada gestión del territorio. Es una lógica profundamente ineficiente, tanto desde el punto de vista económico como social.
A ello se suma otro problema estructural: la acumulación de vulnerabilidades. Cada temporal deja secuelas que muchas veces no alcanzan a repararse antes del siguiente. Viviendas debilitadas, caminos provisorios, sistemas de evacuación insuficientes, infraestructura deteriorada y familias que aún no terminan de recuperarse vuelven a enfrentar una nueva emergencia en condiciones peores que las anteriores. Las catástrofes no comienzan de cero; se acumulan sobre las heridas que dejaron las anteriores.
Esa es quizás la mayor deuda del Estado chileno. No basta con responder cada vez que ocurre una tragedia. Es indispensable romper el ciclo permanente de destrucción, reparación parcial y nueva destrucción que afecta especialmente a las comunas más vulnerables del país. La resiliencia no se construye distribuyendo ayuda cuando el desastre ya ocurrió. Se construye fortaleciendo capacidades antes de que llegue la próxima emergencia.
Fortalecer los municipios significa avanzar hacia una verdadera descentralización fiscal, otorgar mayores competencias para actuar en situaciones de emergencia, crear fondos permanentes de prevención y respuesta rápida, profesionalizar los equipos locales de gestión del riesgo y reconocer que quienes mejor conocen el territorio deben contar también con la capacidad de decidir sobre él.
No se trata de debilitar al Estado nacional. Al contrario. Se trata de construir un Estado más inteligente, más cercano y más eficaz, donde el nivel central coordine las grandes políticas públicas y garantice la solidaridad nacional, pero donde los gobiernos locales dispongan de la autonomía necesaria para actuar con rapidez cuando la realidad así lo exige.
El cambio climático nos anuncia que estos eventos serán cada vez más frecuentes e intensos. Seguir enfrentándolos con una institucionalidad diseñada para reaccionar lentamente equivale a condenar a miles de familias a repetir indefinidamente la misma historia.
Cada temporal deja al descubierto las fortalezas y las debilidades de un país. Hoy la principal debilidad no es la lluvia. Es un modelo de organización del Estado que continúa desconfiando de los territorios y que obliga a los municipios a esperar, solicitar y, muchas veces, mendigar los recursos indispensables para proteger a su propia comunidad.
Ha llegado el momento de comprender que descentralizar no es solamente distribuir competencias administrativas. Es democratizar el poder. Es confiar en los territorios. Es reconocer que la primera respuesta frente a una emergencia siempre nace en la comunidad organizada y en sus gobiernos locales. Fortalecer a los municipios no es una concesión política: es una necesidad estratégica para un país que deberá aprender a convivir con fenómenos climáticos cada vez más extremos. Sólo así dejaremos de reconstruir una y otra vez las mismas tragedias y comenzaremos, por fin, a construir resiliencia, dignidad y justicia territorial.