Entre la indiferencia de una ciudadanía golpeada por el desempleo y la urgencia de un gobierno que ve tambalearse su popularidad, la Cámara de Diputados se apresta a sellar este martes la “megarreforma” que consagra el traspaso de miles de millones de dólares desde el Estado hacia las grandes empresas, mientras la oposición se prepara para llevar al Tribunal Constitucional un proyecto que, según advierten, es “claramente inconstitucional”.
Por Equipo El Despertar
El guion de una estafa: el “Plan de Reconstrucción Nacional” como coartada
Lo que la derecha bautizó como “Plan de Reconstrucción Nacional” no es más que el ropaje de una reforma estructural pensada para los dueños del capital. Ingresado en abril de 2026 bajo el pretexto de los incendios forestales, el proyecto —que la oposición califica como una “reforma tributaria encubierta”— contiene más de 40 medidas que incluyen rebajas tributarias millonarias, flexibilización laboral y cambios al sistema de evaluación ambiental.
El corazón de la iniciativa es la rebaja gradual del impuesto a la renta de las empresas, del 27% al 23%. Pero como advirtió la senadora opositora Beatriz Sánchez durante la discusión en el Senado, “cada punto que se rebaja son 420 millones de dólares menos para la recaudación del Estado”.
El costo fiscal de esta fiesta patronal se estima en más de 4.000 millones de dólares anuales que el Fisco dejará de percibir para financiar salud, educación y vivienda. Y para que los grandes inversores no tengan dudas, el proyecto incluye un blindaje tributario por 20 años para las inversiones que superen los 350 millones de dólares, una suerte de “zona franca” para el capital que congela las reglas del juego a perpetuidad.
El ceremonial de la traición: el PDG como bisagra del capital
La votación en la Cámara de Diputados, programada para este martes al mediodía, no es un misterio. El oficialismo cuenta con la mayoría necesaria para aprobar el proyecto, pero el resultado depende de un actor clave: el Partido de la Gente (PDG), la fuerza populista de Franco Parisi que ya había permitido que la iniciativa fuera aprobada en general por un amplio margen de 90 votos a favor.
Lo que está en juego es la disciplina de una bancada que ha evidenciado “dudas” sobre algunas de las modificaciones introducidas por el Senado, pero que, cuando se trata de votar, siempre termina alineándose con los intereses del capital.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, celebró la aprobación en el Senado con un discurso que ya es un clásico de la derecha: “Chile necesita crecer y este proyecto lo hace posible”. Pero el crecimiento del que habla Quiroz no es el de los trabajadores que ven cómo sus salarios se estancan y sus empleos se precarizan, sino el de los grupos económicos que verán engrosadas sus ganancias.
Mientras el gobierno se ufana de su “éxito legislativo”, la popularidad de Kast sigue en caída libre. El 56% de la población está en desacuerdo con la rebaja de impuestos, y las expectativas de crecimiento anual se han reducido de 4% a 3,5% hacia 2030.
El asalto final: la ofensiva de la oposición y la complicidad del silencio
La oposición de izquierda no se ha quedado de brazos cruzados. Antes de que la Cámara de Diputados vote la iniciativa, los partidos de izquierda presentarán requerimientos ante el Tribunal Constitucional para frenar lo que califican como una reforma “claramente inconstitucional”.
Pero la batalla judicial no es suficiente. La clase trabajadora debe entender que esta “megarreforma” no es un accidente ni un exceso de la derecha; es la culminación de un proceso que comenzó con el retorno de la democracia y que ha ido desmantelando sistemáticamente el Estado social para entregarlo al capital.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha concluido que el proyecto “puede estimular el crecimiento, pero también presionar las cuentas fiscales”. La traducción es simple: el crecimiento que promete la megarreforma vendrá acompañado de más ajustes, más recortes y más deuda.
Mientras los diputados discuten y los ministros celebran, los trabajadores siguen esperando que sus salarios alcancen para llegar a fin de mes. La “reconstrucción” que ofrece la derecha no es la de las viviendas destruidas por los incendios, sino la de las ganancias de los grupos económicos. Y esa reconstrucción, como siempre, se pagará con el sudor y la sangre de los de abajo.