La exención del pago de contribuciones a los adultos mayores, una de las medidas estrella de la megarreforma del gobierno de José Antonio Kast, ha destapado la verdadera naturaleza de clase de su proyecto: un regalo millonario a los sectores más acomodados que se financia con el despojo de los municipios más pobres. Mientras comunas como Las Condes dejarán de recaudar $13.000 millones anuales y recibirán una compensación total vía presupuesto nacional, los vecinos de Maipú y de todo Chile financiarán con sus impuestos los “presupuestos estratosféricos” de las comunas ricas. El mecanismo de compensación, que no garantiza que los recursos lleguen al Fondo Común Municipal (FCM) —el principal instrumento de solidaridad territorial—, ha sido denunciado por alcaldes de todos los sectores como un golpe a la equidad que profundiza las brechas entre el Chile de los ricos y el Chile de los pobres.
Por Equipo El Despertar
El botín de los ricos: la exención de contribuciones como política de clase
El corazón del conflicto es la eliminación del impuesto territorial para los adultos mayores, una medida que el gobierno de Kast ha presentado como un beneficio para la “tercera edad”. Pero la realidad, como siempre, es más compleja y más brutal. La medida, que implica una pérdida de recaudación de US$200 millones anuales para el Fisco, beneficia principalmente a los propietarios de viviendas de alto avalúo en las comunas más ricas del país.
El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), ha sido uno de los críticos más lúcidos de esta medida. “Municipios como Las Condes dejarán de recaudar 13.000 millones, ya que sus vecinos no pagarán contribuciones. Pero el Estado decide compensar en un 100% esos recursos vía presupuesto general de la nación. Es decir, vecinos de Maipú y el resto de Chile, con sus impuestos, deberán financiar los presupuestos estratosféricos de comunas de mayores ingresos”, denunció.
La lógica de clase es inapelable: los trabajadores de Maipú, Puente Alto y La Florida, que viven en comunas donde los servicios municipales son precarios y los recursos escasos, deberán pagar con sus impuestos los “servicios de lujo” de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. La “solidaridad” que pregona el gobierno es una solidaridad invertida: de los pobres hacia los ricos.
El asalto al Fondo Común Municipal: el fin de la solidaridad territorial
El Fondo Común Municipal (FCM) es el principal mecanismo de redistribución territorial en Chile. Las comunas más ricas aportan un porcentaje de sus ingresos, que se reparte entre las más pobres para garantizar un mínimo de servicios básicos. La megarreforma de Kast, al eximir del pago de contribuciones a los adultos mayores, reduce drásticamente los recursos que alimentan este fondo.
El gobierno ha prometido una compensación de US$130 millones** de los **US$200 millones que se dejarán de percibir. Pero la compensación no es automática ni está garantizada. La única norma de la megarreforma que fue enviada a comisión mixta —y que por tanto retrasa su promulgación— es precisamente el mecanismo de compensación al Fondo Común Municipal. El gobierno no logró los 78 votos necesarios para aprobar su fórmula, lo que evidencia la fragilidad de su promesa.
El problema, como señala un análisis de Tiempos Sustentables, es que el déficit proyectado para el FCM es de un 35%, lo que equivale a una pérdida neta de US$70 millones. Esta cifra golpea con especial fuerza a los municipios más pobres, que dependen casi exclusivamente de los recursos del FCM para financiar servicios esenciales como salud primaria, educación y seguridad. La compensación incompleta del gobierno no solo es insuficiente; es un acto de abandono estatal hacia los territorios más vulnerables.
La doble moral de la “austeridad” y la “eficiencia”
La hipocresía del gobierno de Kast alcanza niveles grotescos cuando se contrasta esta política con el discurso de “austeridad” y “eficiencia” que ha utilizado para justificar los recortes en salud, vivienda y desarrollo social. Mientras el Ejecutivo exige a los municipios acelerar en un 30% la entrega de permisos de inversión y elevar sus estándares de transparencia a cambio de la compensación, el propio gobierno no ha presentado un plan claro para garantizar que los recursos lleguen a quienes más los necesitan.
El subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere), Sebastián Figueroa, añadió una cuota de incertidumbre al señalar que, por ahora, no está contemplado compensar los fondos de los municipios que se vean afectados, y que están buscando “otras alternativas para poder mitigar el efecto”. La declaración es una confesión: el gobierno no tiene un plan, solo una promesa vaga que será evaluada caso por caso.
La exigencia de acelerar los permisos de inversión es una muestra de la función de clase del Estado. El gobierno de Kast, que ha llegado al poder para defender los intereses del capital, utiliza la “eficiencia” como una excusa para flexibilizar los controles ambientales y territoriales, entregando a las empresas un acceso más rápido a los recursos naturales y a la explotación de los territorios. La “transparencia” que exigen a los municipios, por su parte, es una cortina de humo para ocultar la opacidad de sus propias políticas.
La batalla de los alcaldes: una resistencia transversal
La ofensiva del gobierno de Kast ha generado una resistencia inédita que ha unido a alcaldes de izquierda, centro y derecha tradicional. El directorio de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), presidida por el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (RN), emitió una declaración pública acusando la “nula voluntad” de diálogo del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Los alcaldes exigen que se detenga la tramitación del proyecto mientras no existan espacios formales de conversación.
La unanimidad de los alcaldes no es una casualidad. Es la constatación de que la megarreforma de Kast no es una política técnica, sino un acto de guerra de clases. Los municipios, como los territorios más cercanos a la vida cotidiana de las personas, son los primeros en sentir el impacto de las políticas de ajuste. Y los alcaldes, independientemente de su militancia política, saben que la exención de contribuciones y la compensación insuficiente al FCM no es un beneficio para los adultos mayores, sino un saqueo a los recursos de los municipios más pobres.
Epílogo: la deuda del Estado con los territorios populares
La megarreforma de Kast, que ya ha sido aprobada en su mayoría y solo espera la ratificación del Senado para la norma de compensación, dejará una herida profunda en los municipios de Chile. La exención de contribuciones a los adultos mayores no es un acto de justicia social, sino una transferencia de recursos desde los sectores populares hacia las élites. La compensación incompleta al Fondo Común Municipal no es un error técnico, sino una decisión política que profundiza la desigualdad territorial.
La clase trabajadora debe leer esta batalla con otros ojos. No se trata de una discusión técnica entre alcaldes y ministros, sino de la confrontación entre dos proyectos de país: uno que concentra la riqueza en manos de unos pocos y abandona a los territorios populares; otro que defiende la solidaridad territorial y la justicia social. Los municipios pobres, que ya enfrentan una crisis financiera estructural, verán cómo sus recursos se reducen aún más, mientras las comunas ricas se llevan la mayor parte del botín.
La deuda del Estado con los territorios populares no se salda con promesas de compensación ni con exigencias de “eficiencia”. Se salda con inversión social, con redistribución de la riqueza y con un modelo de desarrollo que ponga las necesidades de las personas por encima de las ganancias del capital. Mientras el gobierno de Kast siga profundizando el modelo neoliberal, los municipios pobres seguirán pagando el costo de una guerra que no han elegido.