El proyecto estrella del gobierno de José Antonio Kast, la denominada “megarreforma” o “Plan de Reconstrucción Nacional”, completó el martes su tramitación en el Congreso tras superar su última valla: la aprobación de la compensación a los municipios por la exención de contribuciones. Con ello, el corazón de la iniciativa, que incluye una rebaja gradual del impuesto corporativo del 27% al 23%, la eliminación del impuesto a las ganancias de capitales, la invariabilidad tributaria por hasta 20 años para inversiones que superen los US$350 millones y restricciones a la gratuidad universitaria, se ha convertido en ley. La izquierda calificó la jornada como un “día negro para el municipalismo” y advirtió que la reforma “beneficiará a los ricos y profundizará las desigualdades sociales”. Pero la burguesía chilena, que ya se frotaba las manos con la rebaja de impuestos, celebra su triunfo más rotundo desde el retorno a la democracia. La clase trabajadora, mientras tanto, asiste a la confirmación de una verdad incómoda: el gobierno de la “emergencia” siempre encuentra plata para los de arriba y siempre encuentra excusas para los de abajo.
Por Equipo El DespertarSantiago de Chile. La tarde del martes 4 de agosto de 2026, el Senado puso fin a más de cuatro meses de tramitación legislativa y aprobó el último artículo pendiente de la megarreforma: la compensación a los municipios por la exención de contribuciones a los adultos mayores. Con 26 votos a favor, el proyecto estrella del gobierno de José Antonio Kast completó su trámite en el Congreso y quedó listo para ser promulgado, tras la revisión de los vetos presidenciales y el control del Tribunal Constitucional.
El corazón de la iniciativa ya había sido aprobado el 21 de julio por la Cámara de Diputados, que ratificó el 99% del proyecto. Entre las medidas despachadas figuran la rebaja gradual del impuesto de primera categoría desde el 27% al 23%, la eliminación del impuesto a las ganancias de capitales, un régimen de invariabilidad tributaria que congela las condiciones impositivas por hasta 20 años para inversiones que superen los US$350 millones, el acceso de empresas privadas a indemnizaciones económicas en caso de paralización de proyectos por cuestiones ambientales y restricciones al ingreso de nuevas instituciones de educación superior a la gratuidad.
El regalo millonario a los dueños del capital
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, celebró el resultado con un discurso que la derecha ya ha hecho propio: “La Cámara de Diputados ha ratificado en un 99% el proyecto de ley y la necesidad imperiosa que tiene Chile de volver a tener competitividad tributaria para que vuelva a ser atractivo para invertir”. El gobierno, que llegó al poder prometiendo “mano dura” contra la delincuencia y el desorden, ha encontrado en la megareforma su verdadera prioridad: transferir recursos desde el Estado hacia los sectores más concentrados del capital.
La oposición de izquierda no se ha quedado de brazos cruzados. La diputada comunista Daniela Serrano fue categórica: “Al gobierno que se autodenominó de la ’emergencia’ solamente le urge salvarle el bolsillo a quienes más tienen, y no a las personas que en estos momentos la están pasando mal”. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, fue aún más lejos: “Ha quedado demostrado que toda la preocupación que tenía Kast respecto a seguridad, empleo y migración era solo un ‘caballo de Troya’ para hacer avanzar el proyecto que realmente le importa: reducirle los impuestos a los más ricos”.
El diputado Jaime Bassa (FA) denunció que el gobierno “está metiendo de contrabando una agenda ideológica (…) que tiene un objetivo bastante concreto, que es precisamente la transferencia de riqueza desde los sectores trabajadores hacia las grandes empresas”.
El precio de la subordinación: el PDG como bisagra del capital
El resultado de la votación no habría sido posible sin el apoyo del Partido de la Gente (PDG). La bancada, integrada por 14 diputados, fue observada como un actor decisivo para el resultado de la votación. Una vez más, el partido de Franco Parisi, que se presenta como el “verdadero representante de la clase media”, ha demostrado su verdadera naturaleza: un vehículo para la acumulación de capital político que vende sus votos al mejor postor, mientras el pueblo de abajo paga las consecuencias.
La batalla final: el Tribunal Constitucional y los vetos
La megareforma aún debe superar dos instancias adicionales. El gobierno ha anunciado que ingresará vetos para eliminar un par de normas que la oposición logró aprobar en el texto, y la izquierda ya ha presentado requerimientos ante el Tribunal Constitucional para objetar aspectos fiscales como la invariabilidad tributaria.
Pero la batalla judicial no es suficiente. La clase trabajadora debe entender que la megareforma no es un accidente ni un exceso de la derecha; es la culminación de un proceso que ha ido desmantelando sistemáticamente el Estado social para entregarlo al capital. La rebaja del impuesto corporativo le costará al Fisco más de 4.000 millones de dólares anuales en ingresos no percibidos, una cifra que se traducirá en recortes de salud, educación y vivienda para los sectores populares.
Epílogo: el ajuste que se viene
La megareforma no es una medida para reactivar la economía ni para generar empleo; es un traspaso de recursos desde el Estado hacia el capital. La rebaja del impuesto corporativo, la eliminación del impuesto a las ganancias de capitales y la invariabilidad tributaria no son incentivos a la inversión; son regalos a los grupos económicos que ya concentran la riqueza del país. La flexibilización ambiental no es una herramienta para agilizar proyectos; es un mecanismo para entregar los recursos naturales a las transnacionales.
La ciudadanía ha comprendido el mensaje. La aprobación de la megareforma no es un triunfo del gobierno, sino una derrota de la clase trabajadora. Mientras los diputados y senadores celebran, los trabajadores siguen esperando que sus salarios alcancen para llegar a fin de mes. La “reconstrucción” que ofrece la derecha no es la de las viviendas destruidas por los incendios ni la de los empleos perdidos por la crisis; es la reconstrucción de las ganancias de los grupos económicos. Y esa reconstrucción, como siempre, se pagará con el sudor y la sangre de los de abajo.