El ajusticiamiento de un cabecilla de las bandas que aterrorizaban la comuna y las amenazas vertidas contra la jefa comunal exponen cómo el crimen organizado prolifera allí donde el capital desmantela los servicios públicos y el tejido comunitario.
Por Equipo El Despertar
Los violentos episodios registrados en la comuna de Lo Espejo tras el asesinato de un sujeto sindicado como líder de las redes del narcotráfico local —quien previamente había proferido amenazas contra la alcaldesa Javiera Reyes— han sido abordados por la prensa sensacionalista y el discurso oficial desde una lógica meramente policial y punitiva. Presentado por los medios dominantes como un hecho abstracto de «barbarie delictiva» o como una crisis de «orden público» a resolver mediante el envío de más contingente represivo, el clima de alta tensión que angustia a las familias trabajadoras del sector responde, desde un análisis materialista, a la descomposición de las condiciones de vida en las periferias populares producida por décadas de segregación urbana y desposesión capitalista.
La emergencia y consolidación de las bandas criminales como entes de poder territorial no constituye un fenómeno ajeno a la dinámica de acumulación del capital, sino su subproducto más perverso. En los territorios donde el mercado inmobiliario exilia a las familias desposeídas y donde el Estado burgués reduce su presencia al patrullaje represivo, las economías ilícitas capturan a la juventud precarizada y ocupan el vacío de la reproducción social. Karl Marx explicaba en El Capital que «la producción de una población obrera superflua o excedente es una condición de existencia del modo de producción capitalista, creando zonas de marginación donde las contradicciones de clase se manifiestan en la forma de violencia fratricida y degradación social». La narcoextorsión a autoridades locales y el terror implantado en las poblaciones son la expresión de un proto-poder criminal que medra sobre la miseria organizada por el propio modelo económico.
Por otro lado, la narrativa hegemónica apela a la militarización y al endurecimiento de las penas como la única respuesta viable, pretendiendo invisibilizar la complicidad del sistema financiero con el lavado de activos que nutre estas economías subterráneas. Vladimir Lenin advirtió en El Estado y la revolución que «la fuerza pública se fortalece a medida que se agudizan las contradicciones de clase en el interior del Estado; los gobiernos recurren a la policía para disciplinar a las poblaciones pauperizadas mientras resguardan la seguridad de los barrios de la burguesía». Las exigencias de mayor presencia policial desprovista de inversión social integral terminan convirtiendo a las comunas populares en campos de pruebas del Estado penal, donde la clase trabajadora queda atrapada entre la violencia del crimen organizado y la violencia institucional del aparato de seguridad.
La auténtica superación de la violencia narco y la defensa de la vida en Lo Espejo y en toda la periferia no vendrán del gatillo fácil ni del aumento del volumen punitivo que promueve la derecha corporativa. Para arrancar a la juventud del reclutamiento criminal y proteger a las comunidades, es imperativo reconstruir el tejido social desmantelado por el neoliberalismo a través de la organización popular, el control territorial comunitario, el trabajo digno y la recuperación del presupuesto público al servicio de la salud, la educación y el hábitat popular. La erradicación de la violencia en las poblaciones requiere golpear la ruta del dinero que enriquece a los grandes banqueros y especuladores, reconociendo que la seguridad efectiva es, fundamentalmente, la conquista de la justicia social y la dignidad de la clase trabajadora.