Una semana después de que la derecha celebrara el blindaje de su megareforma tributaria, el gobierno de José Antonio Kast ingresó un proyecto de reforma constitucional que, bajo la bandera de la “seguridad pública”, pretende consagrar un nuevo estado de excepción de seguridad pública, crear un registro de organizaciones criminales y establecer inhabilidades perpetuas para quienes sean condenados por delitos vinculados al crimen organizado o al terrorismo. La iniciativa, que forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), ha generado un fuerte debate incluso dentro del oficialismo, con la UDI advirtiendo que “en las condiciones actuales no puede apoyarla porque daña la institucionalidad”. Pero más allá de las disputas internas de la derecha, la clase trabajadora debe entender esta reforma por lo que realmente es: la continuación de la ofensiva represiva del gobierno de Kast, que busca blindar el aparato estatal para perseguir a los de abajo mientras los grupos económicos celebran las rebajas tributarias que la misma administración les ha concedido.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. El lunes 17 de agosto, el gobierno de José Antonio Kast ingresó al Senado, con suma urgencia, el proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad pública que había anunciado en cadena nacional el 5 de agosto. La iniciativa, que contempla ocho modificaciones a la Carta Fundamental, es el corazón de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), un paquete de más de 30 proyectos de ley con los que el Ejecutivo busca “perseguir, capturar, juzgar y condenar a todos los que buscan destruir nuestra sociedad”.
El presidente de la República, José Antonio Kast, ha defendido la iniciativa argumentando que “el crimen organizado ha avanzado tanto que requiere respuestas distintas por parte de la legislación, y parte de la legislación chilena es la Constitución”. Pero la pregunta que la clase trabajadora debe formularse es simple: ¿por qué la misma administración que encontró tiempo y recursos para aprobar una megareforma tributaria que regala más de 4.000 millones de dólares anuales a las grandes empresas, que autorizó la capitalización de Codelco y que prepara una reforma al mercado de capitales, dice ahora necesitar una reforma constitucional para cumplir con su “deber” de proteger a los chilenos?
El nuevo estado de excepción: la militarización como política de clase
El corazón de la reforma es la creación de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública. Esta figura permitiría al Presidente decretar un estado de excepción ante una “amenaza grave e inminente a la seguridad pública”, que podría extenderse por hasta 120 días, prorrogable una vez por igual periodo, y con posterioridad requeriría el acuerdo del Congreso. Durante su vigencia, el Ejecutivo podría “suspender o restringir la libertad personal y de desplazamiento y los derechos de reunión y asociación, además de interceptar, abrir o registrar documentos y comunicaciones y disponer requisiciones de bienes”.
La propuesta también permite designar a un Oficial General al mando en las zonas afectadas y desplegar el apoyo de las Fuerzas Armadas. En otras palabras, se trata de una herramienta que permitiría militarizar zonas del país sin pasar por el control parlamentario que hoy exige el actual estado de excepción. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, ha defendido la iniciativa argumentando que “hay que desmitificar esto de que la Constitución es intocable”, olvidando que la Constitución de 1980 ya ha sido modificada cientos de veces para garantizar los intereses del capital.
El registro de organizaciones criminales y la criminalización de los de abajo
Otro de los pilares de la reforma es la creación de un registro oficial de organizaciones criminales. El proyecto faculta al Presidente para declarar que determinada agrupación constituye una organización terrorista o del crimen organizado, previo informe del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional, y con la aprobación del Senado en sesión secreta por dos tercios del quórum. Los condenados por estos delitos quedarán vetados a perpetuidad para ejercer cargos públicos y no podrán acceder durante 15 años a penas sustitutivas de privación de libertad ni a beneficios penitenciarios.
Pero el punto que ha generado mayor fricción, incluso dentro del oficialismo, es la disposición que establece que los condenados por terrorismo, crimen organizado o narcotráfico quedarán inhabilitados, durante su condena y por 15 años tras cumplirla, para acceder a prestaciones financiadas con recursos públicos en materia de salud, educación, trabajo y seguridad social. La ministra de Salud, May Chomalí, advirtió que la medida podría colisionar con normativas vigentes, como la Ley de Urgencias y el derecho a la salud. Arrau, por su parte, desestimó las críticas, argumentando que “las pensiones, la salud, la educación, esos son derechos sociales de segunda generación”, justificando así su limitación para criminales de alta peligrosidad.
La declaración de Arrau es una confesión de clase: para el gobierno de Kast, los derechos sociales no son conquistas irrenunciables, sino concesiones que pueden ser retiradas cuando el aparato represivo lo considere conveniente. La misma lógica que permite al gobierno recortar la salud, la vivienda y la educación de los sectores populares es la que ahora busca inhabilitar a los condenados por crimen organizado para acceder a esas prestaciones.
Las grietas en el oficialismo: la UDI advierte que “daña la institucionalidad”
La reforma ha generado un fuerte debate incluso dentro del oficialismo. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, ha sido el crítico más explícito, señalando que “en las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”. El diputado gremialista argumentó que la iniciativa incorpora “excepciones a principios general que al final debilitan la Constitución” y que “se genera un precedente terrible”.
El senador de RN, Andrés Longton, ha advertido que “la Constitución no puede ser un árbol de Pascua” y que la reforma “no tiene asegurado los votos”. La iniciativa requiere un quórum de 4/7 para su aprobación en el Senado, es decir, 29 de 50 senadores, cuando el oficialismo cuenta con 26. Sin el apoyo de la UDI, el proyecto está condenado al fracaso.
Pero la clase trabajadora no debe dejarse engañar por las disputas internas de la derecha. Las diferencias entre RN, la UDI y el Partido Republicano no son diferencias de principios, sino de estrategia. Todos ellos comparten el mismo objetivo: garantizar un aparato represivo fuerte para disciplinar a los de abajo. La única diferencia es cómo lograr ese objetivo sin dañar la institucionalidad que ellos mismos han construido.
La función de clase de la reforma constitucional
Desde una perspectiva marxista, la reforma constitucional de seguridad no es una respuesta a la crisis de seguridad, sino la continuación de la ofensiva de clase que el gobierno de Kast ha desplegado desde su llegada a La Moneda. La misma administración que encontró tiempo y recursos para aprobar una megareforma tributaria que regala 4.000 millones de dólares anuales a las grandes empresas, que autorizó la capitalización de Codelco y que prepara una reforma al mercado de capitales, dice ahora necesitar una reforma constitucional para cumplir con su “deber” de proteger a los chilenos.
La reforma constitucional no es una herramienta para proteger a la clase trabajadora, sino para blindar el aparato represivo del Estado. El nuevo estado de excepción, el registro de organizaciones criminales y las inhabilidades perpetuas no son medidas para combatir el crimen organizado, sino para disciplinar a los sectores populares y garantizar que el capital pueda seguir acumulando sin obstáculos.
La misma lógica que permite al gobierno recortar la salud, la vivienda y la educación de los sectores populares es la que ahora busca inhabilitar a los condenados por crimen organizado para acceder a esas prestaciones. La misma lógica que permite al gobierno militarizar las calles es la que ahora busca constitucionalizar un nuevo estado de excepción. La misma lógica que permite al gobierno perseguir a los manifestantes es la que ahora busca crear un registro de organizaciones criminales.
Epílogo: la seguridad de los ricos y el miedo de los pobres
La reforma constitucional de seguridad del gobierno de Kast no es una respuesta a la crisis de seguridad, sino la continuación de la ofensiva de clase que la derecha chilena ha desplegado desde el retorno a la democracia. El mismo gobierno que promete “mano dura” contra la delincuencia es el que ha recortado la salud, la vivienda y la educación de los sectores populares. El mismo gobierno que promete “orden” es el que ha regalado 4.000 millones de dólares anuales a las grandes empresas.
La clase trabajadora no debe dejarse engañar por el discurso de la “seguridad”. La seguridad que ofrece el gobierno de Kast no es la seguridad de los barrios populares, sino la seguridad de los grupos económicos que se benefician del miedo y la represión. El nuevo estado de excepción, el registro de organizaciones criminales y las inhabilidades perpetuas no son herramientas para proteger a los de abajo, sino para disciplinarlos.
Mientras el gobierno de Kast celebra sus “éxitos legislativos” y los grupos económicos se frotan las manos con las rebajas tributarias, la clase trabajadora sigue esperando empleo digno, salarios justos y derechos laborales. La seguridad no se construye con más cárceles ni con estados de excepción, sino con inversión social, empleo digno y un Estado que esté al servicio de las mayorías, no de los intereses de los grupos económicos que se benefician del miedo. La lucha por la seguridad es la lucha por la justicia social, y esa lucha, como siempre, la libran los de abajo.