La reforma constitucional de seguridad, presentada como el corazón de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), ha sufrido un revés que expone la fragilidad del gobierno de José Antonio Kast. La iniciativa, que requiere 29 votos en el Senado para ser aprobada, llegó a la Cámara Alta sin tener asegurados ni siquiera los 26 respaldos que el oficialismo suele reunir. El rechazo ha llegado desde todos los flancos: la senadora Vanessa Kaiser (PNL) aseguró que la reforma “no va a cambiar absolutamente nada”, el senador Matías Walker (Evópoli) advirtió que con esta iniciativa “mueren las democracias”, el senador Pedro Araya (PPD) ironizó diciendo que “parece que la escribieron con un chat de IA gratis”, y hasta la UDI, a través de figuras como Evelyn Matthei y Jaime Bellolio, ha marcado distancia del proyecto y alertado por las amplias atribuciones que entregaría al Presidente.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. La reforma constitucional de seguridad que el Presidente José Antonio Kast presentó como el pilar de su gobierno y el corazón de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), enfrenta un destino que parece sellado antes de siquiera iniciar su discusión legislativa. La iniciativa, que requiere un quórum de 4/7 en el Senado (29 votos), ha llegado a la Cámara Alta en medio de un rechazo transversal que incluye a las propias filas del oficialismo. Como ha señalado El Mostrador, la reforma “llegó al Senado sin tener asegurados los votos de la propia derecha”, abriendo la posibilidad de que la administración de José Antonio Kast enfrente su primer fracaso legislativo precisamente en una de las agendas que más énfasis tuvo durante su campaña.
El cerco se cierra: ni siquiera los 26 votos propios
El escenario es tan adverso que el gobierno ni siquiera puede contar con los 26 votos que habitualmente reúne en el Senado para sus proyectos de mayoría simple. El presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, fue categórico: “Creo que acá no estás juntando ni siquiera los 26 propios cuando necesitas 29”. Y añadió un diagnóstico que revela la raíz del problema: “Lo que ha faltado ha sido diálogo con los propios, porque no puede ser que, en una agenda muy propia del Gobierno, no nos pongamos de acuerdo por las reformas constitucionales que se están enviando”.
Las deserciones se han multiplicado en las últimas horas. La senadora Vanessa Kaiser (PNL), considerada un voto clave para el oficialismo, ha sido lapidaria: la reforma, en sus actuales términos, “no me parece que sea apoyable” y “no va a cambiar absolutamente nada la realidad de lo que estamos padeciendo en términos de delincuencia y crimen organizado”. El senador Matías Walker (Evópoli) ha ido incluso más lejos, afirmando que “lo más razonable es retirar el proyecto de reforma constitucional” y advirtiendo que con esta iniciativa “mueren las democracias”. Incluso el senador Ignacio Urrutia (Partido Republicano), del propio partido del Presidente, ha solicitado junto a Kaiser que se indulte a exuniformados vinculados a causas del estallido social antes que avanzar en la agenda de seguridad.
“Parece que la escribieron con un chat de IA gratis”: las críticas desde la oposición y el oficialismo
El senador del PPD, Pedro Araya, ha sido particularmente mordaz al cuestionar tanto el contenido como la redacción de la iniciativa. En entrevista con CNN Chile, el parlamentario aseguró estar disponible para respaldar iniciativas que entreguen herramientas efectivas contra el crimen organizado, pero adelantó que no apoyará el texto tal como fue presentado. “Parece ser que hay un asesor del Presidente de la República, que por lo demás lo está asesorando muy mal, que escribió la reforma con un chat de inteligencia artificial de los gratuitos”, ironizó. Según planteó, el texto habría terminado mezclando elementos de legislaciones como la Ley Patriota de Estados Unidos, el sistema penitenciario italiano y normas aplicadas en El Salvador.
Entre sus principales reparos, Araya cuestionó que el nuevo estado de excepción no defina con suficiente claridad quién tendrá el mando operativo de las instituciones desplegadas. También criticó las facultades contempladas inicialmente para intervenir comunicaciones y el período durante el cual podría extenderse el estado de excepción sin controles suficientes. “Es muy complejo y es muy peligroso lo que está proponiendo el Presidente”, advirtió. “Al Presidente de la República no le corresponde investigar a los delincuentes. Al Senado tampoco le corresponde juzgar a los delincuentes”, sentenció.
La UDI también se distancia: “Sería pasar máquina”
El rechazo no se limita a la oposición. Incluso dentro de la UDI, el principal partido de la derecha tradicional, han surgido voces críticas que han marcado distancia del proyecto. Evelyn Matthei, quien fue derrotada por Kast en las primarias de la derecha, ha rechazado terminantemente la reforma y ha alertado por las amplias facultades que entregaría al Presidente durante el nuevo estado de excepción. Por su parte, el alcalde de Providencia y exvocero del gobierno de Sebastián Piñera, Jaime Bellolio, calificó la extensión del nuevo estado de excepción como “demencial” y puso el dedo en la llaga al preguntar: “Imagínense que esto mismo lo hubiera propuesto Jeannette Jara”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), también se ha mostrado en contra de llamar a un plebiscito si se rechaza la reforma, calificando esa opción como “pasar máquina”. El mensaje es claro: ni siquiera el partido que ha sido el pilar del gobierno de Kast está dispuesto a respaldar un proyecto que, en sus actuales términos, amenaza con debilitar la institucionalidad democrática.
El nuevo estado de excepción, el principal punto de fricción
El corazón de la controversia es el nuevo estado de excepción de seguridad pública que propone la iniciativa. El proyecto permitiría al Presidente decretar un estado de excepción unilateralmente por 120 días, prorrogable por voluntad propia del mandatario, con restricciones a la libertad de tránsito, reunión e incluso interceptaciones telefónicas. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, ha intentado contener las críticas, reuniéndose con parlamentarios de la UDI y RN para recoger sugerencias, pero la apertura del gobierno a hacer cambios no ha convencido a los votos clave del Senado. La iniciativa, que busca incorporar expresamente la seguridad pública como un deber del Estado, ha sido comparada con el modelo autoritario de Nayib Bukele en El Salvador y ha abierto el debate sobre si el gobierno de Kast está siguiendo un modelo “iliberal”.
La función de clase de la derrota: la “mano dura” sin consenso
Desde una perspectiva marxista, el fracaso de la reforma de seguridad del gobierno de Kast no es un accidente ni un problema de “falta de diálogo”. Es la confirmación de que la derecha chilena no tiene un proyecto hegemónico, sino una colección de intereses contradictorios que se expresan en el Parlamento. La misma coalición que celebró el blindaje de la megareforma tributaria, que regala más de 4.000 millones de dólares anuales a las grandes empresas, no logra ponerse de acuerdo en la agenda represiva que pretende imponer a los de abajo.
La reforma de seguridad no es una herramienta para proteger a la clase trabajadora, sino un intento de la derecha por ampliar el aparato represivo del Estado. El nuevo estado de excepción, el registro de organizaciones criminales y las inhabilidades perpetuas no son medidas para combatir el crimen organizado, sino para disciplinar a los sectores populares y garantizar que el capital pueda seguir acumulando sin obstáculos. Pero ni siquiera la propia derecha está dispuesta a respaldar un proyecto que, en sus actuales términos, amenaza con debilitar la institucionalidad que ella misma ha construido.
Epílogo: la promesa de la “mano dura” se desmorona
La reforma constitucional de seguridad del gobierno de Kast no es una respuesta a la crisis de seguridad, sino la continuación de la ofensiva de clase que la derecha chilena ha desplegado desde el retorno a la democracia. Pero el rechazo transversal que ha enfrentado la iniciativa demuestra que ni siquiera la propia coalición de gobierno está dispuesta a comprar el discurso de la “mano dura” cuando este amenaza con debilitar las instituciones que la sostienen.
Mientras el gobierno de Kast celebra sus “éxitos legislativos” y los grupos económicos se frotan las manos con las rebajas tributarias, la reforma de seguridad naufraga en el Senado, víctima de la falta de consenso y de la desconfianza de los propios. La promesa de la “mano dura” se desmorona ante la realidad de una coalición que no logra ponerse de acuerdo ni siquiera en su agenda más emblemática. La seguridad no se construye con estados de excepción ni con reformas constitucionales improvisadas, sino con inversión social, empleo digno y un Estado que esté al servicio de las mayorías, no de los intereses de los grupos económicos que se benefician del miedo.