El programa Arriendo a Precio Justo, que nació como un piloto en Recoleta bajo nuestra gestión, permitía a familias vulnerables pagar solo el 25% de sus ingresos por una vivienda digna. No era un regalo, era un derecho. Era la demostración de que se puede construir un modelo habitacional que no esté subordinado a la lógica del lucro y la especulación inmobiliaria. Y precisamente por eso la derecha lo eliminó.
Por Editor El Despertar
No es la primera vez que la derecha chilena desmantela una política que no diseñó ni controla. Pero lo que hizo esta semana el ministro Iván Poduje con el programa Arriendo a Precio Justo es una muestra más del cinismo de clase que caracteriza a este gobierno. El ministro anunció el fin del programa, argumentando que “no era justo” y que “el nombre estaba muy mal puesto”. Y, por supuesto, no tardó en añadir la dosis de soberbia habitual: que las viviendas se van a entregar en propiedad a casos críticos, como si eso fuera una prueba de su “generosidad” de clase.
Pero no nos confundamos, compañeros y compañeras. La derecha no está “ayudando” a nadie. Lo que está haciendo es desmantelar una política que demostró que el Estado puede garantizar el derecho a la vivienda sin la intermediación del mercado especulativo. Y lo hace porque el programa, creado en 2018 durante el gobierno de Michelle Bachelet, llevaba el sello de un proyecto que la derecha no puede tolerar: el sello de la gestión comunal de Recoleta.
El verdadero pecado del programa
El programa Arriendo a Precio Justo, que nació como un piloto en Recoleta bajo nuestra gestión, permitía a familias vulnerables pagar solo el 25% de sus ingresos por una vivienda digna. No era un regalo, era un derecho. Era la demostración de que se puede construir un modelo habitacional que no esté subordinado a la lógica del lucro y la especulación inmobiliaria. Y precisamente por eso la derecha lo eliminó.
El ministro Poduje dice que el programa “no era justo”. Pero, ¿qué es “justo” para este gobierno? ¿Justo es que las grandes empresas reciban 4.000 millones de dólares anuales en rebajas tributarias mientras las familias vulnerables no puedan pagar un arriendo? ¿Justo es que el mismo gobierno que encontró plata para regalarle al capital ahora diga que no hay recursos para mantener un programa que funcionaba? Eso no es justicia, eso es saqueo de clase.
El falso discurso de la “propiedad”
Poduje intenta maquillar la eliminación del programa con un discurso que suena a caridad: “vamos a entregar las viviendas en propiedad en casos críticos”. Pero no nos dejemos engañar. La derecha sabe muy bien que la mayoría de las familias vulnerables no tienen acceso al crédito hipotecario ni pueden costear los gastos asociados a la propiedad. Entregar unas pocas viviendas en propiedad es una migaja, una cortina de humo para ocultar que están eliminando un programa que beneficiaba a cientos de familias.
Y además, ¿a quién beneficia realmente esta decisión? No a las familias que quedan sin acceso a una vivienda digna. Beneficia al mercado inmobiliario, que puede seguir especulando con los precios de los arriendos sin la competencia de un programa estatal que ofrecía alternativas reales. Beneficia a los grupos económicos que controlan el suelo y la vivienda en Chile. Beneficia a los mismos de siempre.
El desprecio por la política pública
Lo que más duele de esta decisión no es solo el fin del programa, sino el desprecio con que la derecha trata cualquier política pública que no haya sido diseñada por ellos. Poduje no solo elimina el programa, sino que lo hace con una declaración que es una provocación: “el nombre estaba muy mal puesto”. Como si el problema del acceso a la vivienda fuera semántico. Como si cambiar el nombre de una política fuera suficiente para resolver la crisis habitacional.
Pero la derecha no está interesada en resolver la crisis habitacional. Está interesada en mantener el negocio de la vivienda. Por eso no impulsan políticas de arriendo público, por eso no crean un banco de suelo que regule el mercado, por eso no limitan la especulación. Prefieren que las familias sigan pagando el 60% o más de sus ingresos en arriendo antes que aceptar que el Estado puede intervenir para garantizar un precio justo.
El proyecto de clase del gobierno de Kast
Esta decisión no es un hecho aislado. Es parte del proyecto de clase del gobierno de José Antonio Kast: un gobierno de los ricos, para los ricos y por los ricos. El mismo gobierno que regala 4.000 millones de dólares a las grandes empresas, que recorta la salud, la educación y la vivienda, que persigue a los movimientos sociales y que ahora elimina un programa que permitía a las familias más vulnerables acceder a un techo digno.
Poduje dice que el programa “no era justo”. Pero lo que realmente no es justo es que un ministro que nunca ha tenido que preocuparse por pagar un arriendo decida que las familias que viven al límite no merecen una alternativa digna. Lo que no es justo es que el Estado chileno, en lugar de garantizar el derecho a la vivienda, se convierta en cómplice de los especuladores inmobiliarios.
La lucha continúa
Pero la derecha no va a tener la última palabra. El programa Arriendo a Precio Justo nació en Recoleta, y va a seguir vivo en la memoria de las familias que se beneficiaron de él y en la conciencia de quienes sabemos que otro modelo de vivienda es posible. La lucha por el derecho a la vivienda no se detiene con un decreto de un ministro arrogante. Se detiene cuando la clase trabajadora se organiza y demuestra que no va a aceptar que le quiten lo que es suyo.
Mientras el ministro Poduje celebra su “triunfo” y la derecha se ufana de su “austeridad”, las familias que perdieron el acceso a una vivienda digna van a seguir luchando. Y nosotros, desde los territorios, desde las organizaciones sociales, desde los movimientos populares, vamos a seguir construyendo alternativas. Porque el derecho a la vivienda no se negocia. Se conquista.