El rapero Gabriel “Vejetal” Utreras Sanhuenza, de 37 años, fue abatido por un disparo de Carabineros en la madrugada del lunes 17 de agosto en el sector Maquehue de Padre Las Casas, en Wall Mapu también conocida como la Región de La Araucanía. Mientras la versión oficial habla de una persecución y un intento de atropello, la familia, la comunidad del hip-hop y organizaciones sociales denuncian un procedimiento plagado de irregularidades, una fiscalización que se transformó en ejecución y un Estado que, a través del Ministerio Público, ya ha emitido un veredicto de “legítima defensa” sin que existan siquiera todas las pericias. Lo que está en juego no es solo la vida de un artista, sino la forma en que el Estado chileno, en su territorio más conflictivo, utiliza el aparato represivo para disciplinar a los cuerpos que se niegan a ser domesticados.
Por Equipo El Despertar
Padre Las Casas. El lunes 17 de agosto, Gabriel Utreras, conocido en el mundo del rap como “El Vejetal”, circulaba en su vehículo por el sector de Maquehue cuando fue interceptado en un control de identidad por Carabineros. Según la versión policial, Utreras no se detuvo, inició una persecución e intentó atropellar a los funcionarios, quienes dispararon contra el vehículo. El impacto de bala en el tórax le provocó la muerte en el lugar. La PDI, en un comunicado emitido el mismo día, señaló que el rapero “mantenía una orden de detención vigente, además de diversos antecedentes a su haber”, una afirmación que, para la familia y la comunidad artística, no es más que el intento de manchar la memoria de un referente cultural antes de que se conozca la verdad.
El Estado como juez y parte: la farsa de la legítima defensa
Lo que ha encendido la indignación no es solo la muerte, sino la forma en que el aparato estatal ha respondido. A pocas horas del hecho, el Ministerio Público ya había inclinado la balanza hacia la tesis de la legítima defensa policial, sin haber concluido la totalidad de las pericias necesarias para esclarecer la dinámica del operativo. La legítima defensa, como ha señalado el medio Padre Las Casas Informa, “no se acredita simplemente porque un funcionario declare haber sentido temor”. Y los antecedentes penales, por su parte, “no autorizan a matar, no eliminan la presunción de inocencia respecto del procedimiento investigado y no reemplazan el análisis sobre la necesidad del disparo”.
La familia, a través de su abogado Rodrigo Pizarro Rosales, ha presentado una querella criminal para que se investiguen los hechos y se acredite la participación de quienes resulten responsables, calificando lo ocurrido como un homicidio. La exigencia es clara: que la investigación se realice con autonomía respecto de Carabineros y que no existan conclusiones anticipadas. Pero el Estado ya ha hablado, y su voz es la de siempre: la del uniformado que dispara y la del fiscal que justifica.
El castigo después de la muerte: el funeral de alto riesgo como extensión del control
La violencia del Estado no se detuvo con el disparo. Tras cuatro días de incertidumbre, el Servicio Médico Legal de Temuco entregó el cuerpo de Gabriel Utreras, pero bajo condiciones que la familia considera una humillación adicional. La Delegación Presidencial de La Araucanía, basándose en informes de Carabineros y la PDI, categorizó el funeral como de “alto riesgo”, impidiendo que la familia y la comunidad pudieran velar al joven rapero.
El funeral se realizó bajo fuerte resguardo policial, sin velorio, y la familia debió trasladarse directamente desde el SML al cementerio. La decisión, que la familia no logró revertir pese a las diligencias realizadas y al respaldo jurídico con que contaban, es la confirmación de que el Estado chileno no solo mata, sino que también controla el duelo de los de abajo. Como señaló Padre Las Casas Informa, “la seguridad pública puede exigir medidas de prevención, pero nunca debe transformarse en un castigo adicional contra quienes están viviendo una pérdida devastadora”.
“El Vejetal no era un delincuente, era un referente cultural”
La comunidad del hip-hop ha salido a defender la memoria de Gabriel Utreras con la fuerza de quienes saben que la estigmatización es el primer paso hacia la impunidad. Jonathan González, presidente de la organización social y comunitaria Mucho Flow Sureño, destacó el gran cariño y legado que dejó El Vejetal, “desde el crear arte consciente que se reflejaba en cada una de sus canciones y el gran aporte que generó a su comunidad”. Su pareja, Ana Parra, quien tomó la vocería de los deudos, fue categórica: “Gabriel fue referente de la música del rap: a través de ella ayudó a muchos niños, niñas y adolescentes, entregando espacios de expresión, contención y oportunidades para sentirse parte de la sociedad”.
La artista Ana Tijoux, referente del hip-hop latinoamericano, también ha alzado la voz, calificando el hecho como un asesinato. La comunidad del rap de Temuco ha señalado a El Vejetal como un referente cultural y no como un delincuente, como pretenden instalar el Ministerio Público y Carabineros. La lucha por la memoria de Gabriel es la lucha por el derecho a existir sin ser criminalizado.
La función de clase del disparo
Desde una perspectiva marxista, la muerte de El Vejetal no es un hecho aislado, sino la expresión de la lógica de clase que gobierna el Estado chileno en la Araucanía. En un territorio marcado por el conflicto mapuche, la militarización de la seguridad y la criminalización de la cultura popular, el disparo de Carabineros no es un exceso, sino la norma. El Estado no necesita un juicio para ejecutar; necesita una versión oficial que justifique la ejecución.
La legítima defensa, en este contexto, no es una figura jurídica, sino una coartada de clase. Los antecedentes penales del ejecutado, como los delincuentes comunes, se convierten en la prueba de su culpabilidad, y la culpa justifica la muerte. Pero Gabriel Utreras no era un delincuente; era un trabajador de la cultura, un artista que construía espacios de expresión y contención para los jóvenes de su comunidad. Su único delito fue ser pobre, ser mapuche y ser un referente cultural en un territorio que el Estado ha decidido gobernar con el garrote.
Epílogo: el arte contra el garrote
La muerte de El Vejetal no es el fin de la historia, sino su continuación. La comunidad del hip-hop ha organizado puntos de prensa, ha exigido justicia y ha denunciado la estigmatización de un artista que dedicó su vida a la expresión y la contención de los jóvenes. La querella criminal presentada por la familia es un paso en la dirección correcta, pero no es suficiente. La lucha por la justicia en el caso de Gabriel Utreras es la lucha por la desmilitarización de la Araucanía, por el fin de la criminalización de la cultura popular y por un Estado que no dispare primero y pregunte después.
Mientras el gobierno de Kast celebra sus “éxitos legislativos” y los grupos económicos se frotan las manos con las rebajas tributarias, la clase trabajadora de la Araucanía sigue esperando que el Estado cumpla con su obligación de proteger la vida de los de abajo. La muerte de El Vejetal no es un accidente; es la confirmación de que el Estado chileno, en su versión más brutal, sigue siendo un instrumento de dominación de clase. Y la respuesta, como siempre, no vendrá de los tribunales, sino de la organización y la resistencia de los que se niegan a ser domesticados.