No es casual que, durante décadas, cada intento por fortalecer la educación pública, avanzar hacia un sistema universal de salud, garantizar pensiones dignas o recuperar la soberanía sobre los recursos naturales terminara chocando contra límites constitucionales diseñados precisamente para impedir que las mayorías democráticas modificaran sustancialmente el modelo económico heredado de la dictadura.
Por Editor El Despertar
La reapertura del debate constitucional impulsada por el presidente José Antonio Kast ha vuelto a instalar una pregunta que Chile no ha logrado responder durante más de tres décadas de democracia: ¿qué Constitución necesita el país para enfrentar los desafíos del siglo XXI?
La respuesta no puede limitarse a una nueva discusión jurídica ni a una negociación entre élites políticas. El problema constitucional chileno nunca ha sido exclusivamente técnico. Ha sido, desde su origen, profundamente político. Porque la Constitución vigente no solo organizó el funcionamiento del Estado; organizó también un determinado modelo de sociedad. Consagró un Estado subsidiario, convirtió derechos sociales en bienes transables, constitucionalizó el mercado como principal mecanismo de asignación de recursos y redujo la acción pública allí donde el capital privado reclamaba espacios de acumulación.
No es casual que, durante décadas, cada intento por fortalecer la educación pública, avanzar hacia un sistema universal de salud, garantizar pensiones dignas o recuperar la soberanía sobre los recursos naturales terminara chocando contra límites constitucionales diseñados precisamente para impedir que las mayorías democráticas modificaran sustancialmente el modelo económico heredado de la dictadura.
Como señalaba Antonio Gramsci, las constituciones no son simples textos legales; expresan la correlación de fuerzas existente en una sociedad en un momento histórico determinado. La Constitución de 1980 expresó la victoria política del neoliberalismo sobre el proyecto popular chileno. Fue concebida para limitar la democracia, proteger la propiedad por sobre los derechos sociales y asegurar que las grandes decisiones económicas permanecieran fuera del alcance de la deliberación democrática.
Durante años se intentó corregir ese problema mediante reformas parciales. Algunas eliminaron enclaves autoritarios importantes. Otras modernizaron instituciones. Pero ninguna modificó el núcleo del modelo. Porque el problema nunca estuvo únicamente en determinados artículos. Estaba —y sigue estando— en la filosofía que inspira el conjunto del orden constitucional.
Hoy, cuando el propio presidente Kast propone reabrir el debate constitucional, resulta indispensable preguntarse cuál es el verdadero propósito de esa discusión. ¿Se busca perfeccionar el mismo modelo o abrir las puertas a un nuevo pacto social? Porque una nueva Constitución solo tendrá sentido si permite superar las bases del neoliberalismo y construir un Estado democrático y social de derechos.
Las profundas transformaciones que ha experimentado Chile durante las últimas décadas hacen evidente la necesidad de un nuevo marco constitucional. La crisis habitacional, el endeudamiento de las familias, la precarización del trabajo, la concentración económica, la privatización del agua, las pensiones insuficientes, el deterioro ambiental y las crecientes desigualdades territoriales no constituyen problemas aislados. Son expresiones de un mismo modelo de desarrollo que subordinó el interés colectivo a la lógica de la rentabilidad privada.
No se trata de negar la importancia del mercado como mecanismo económico. Se trata de comprender que existen ámbitos de la vida que no pueden quedar sometidos exclusivamente a sus reglas. La salud, la educación, la vivienda, la seguridad social, el acceso al agua, la cultura y la protección de la naturaleza constituyen derechos humanos, no oportunidades de negocio.
Marx observó que el Estado moderno refleja, en buena medida, las relaciones de poder existentes en una sociedad. Sin embargo, también comprendió que las instituciones políticas son terreno de disputa y pueden transformarse cuando cambian las correlaciones sociales. Una nueva Constitución no resolverá por sí sola las desigualdades estructurales del capitalismo, pero puede crear las condiciones para que la democracia deje de estar subordinada a los intereses del gran capital y recupere su capacidad de orientar el desarrollo nacional en función del bien común.
Por eso el debate sobre el mecanismo resulta tan importante como el contenido.
Chile ya conoce las limitaciones de los acuerdos construidos exclusivamente entre partidos políticos y expertos. Las constituciones adquieren legitimidad cuando nacen de la soberanía popular. Esa legitimidad solo puede otorgarla una Asamblea Constituyente elegida democráticamente, paritaria, representativa de la diversidad territorial y social del país, con participación efectiva de los pueblos indígenas y con plena autonomía para deliberar.
No existe poder constituyente auténtico cuando el contenido de la Constitución viene previamente delimitado por quienes ejercen el poder constituido. Una verdadera Asamblea Constituyente debe ser libre para discutir el modelo de Estado, el régimen político, la descentralización, el sistema económico, el reconocimiento de los derechos sociales, la protección del medio ambiente, el régimen de propiedad de los recursos naturales y las nuevas formas de democracia participativa que demanda la ciudadanía.
La experiencia comparada demuestra que las constituciones más estables son aquellas que nacen de amplios procesos de deliberación popular y no de pactos restringidos entre las élites. La legitimidad democrática no puede ser reemplazada por acuerdos parlamentarios ni por comisiones de especialistas. Los expertos pueden aportar conocimientos técnicos indispensables, pero la decisión sobre el pacto social pertenece al pueblo soberano.
Superar el neoliberalismo no significa reemplazar un dogma por otro. Significa recuperar la capacidad democrática para decidir colectivamente el destino del país. Significa reconocer que el crecimiento económico solo adquiere sentido cuando mejora efectivamente la vida de las mayorías. Significa comprender que la riqueza nacional debe ponerse al servicio del desarrollo humano y no exclusivamente de la acumulación privada.
Ello implica avanzar hacia un Estado social y democrático de derechos que garantice universalmente salud, educación, vivienda, seguridad social y trabajo digno; fortalecer la planificación democrática del desarrollo; recuperar la soberanía sobre los recursos estratégicos; proteger el agua y la naturaleza como bienes comunes; profundizar la descentralización política y fiscal; y construir una economía donde el interés público prevalezca sobre la especulación financiera.
No se trata de una discusión nostálgica ni ideológica en el sentido peyorativo que algunos pretenden darle. Es una discusión sobre el futuro. Los enormes desafíos que enfrenta Chile —la crisis climática, la revolución tecnológica, el envejecimiento de la población, la transformación del trabajo, la crisis de acceso a la vivienda y las crecientes desigualdades— exigen instituciones capaces de responder a una realidad muy distinta de aquella para la cual fue concebida la Constitución heredada de la dictadura.
Una Constitución no puede limitarse a administrar el presente. Debe abrir posibilidades para el futuro.
El proceso constituyente anterior dejó múltiples enseñanzas. Entre ellas, una especialmente importante: la ciudadanía quiere participar en las grandes decisiones nacionales y rechaza que su futuro vuelva a decidirse exclusivamente en negociaciones de cúpulas. Ignorar esa lección sería repetir los errores que han alimentado durante años la desafección política y la crisis de representación.
Chile necesita una nueva Constitución. Pero no cualquier Constitución. Necesita un pacto democrático capaz de dejar atrás definitivamente el paradigma neoliberal que convirtió derechos en mercancías y ciudadanos en consumidores. Y para que ese nuevo pacto sea legítimo, duradero y verdaderamente democrático, debe ser escrito por quienes son los únicos depositarios de la soberanía: el pueblo de Chile, reunido en una Asamblea Constituyente libre, soberana y plenamente representativa.
Porque las constituciones no son únicamente el reflejo de un país. También son el horizonte hacia el cual ese país decide caminar. Y después de décadas de desigualdad estructural, ha llegado el momento de escribir un horizonte donde la dignidad, la justicia social y la democracia dejen de ser promesas para convertirse, por fin, en derechos garantizados.