La detención en Bolivia de Fernando Cerimedo, el “rey de los trolls” y asesor de Javier Milei, por intento de feminicidio, ha destapado la red de complicidades que conecta a los operadores de la ultraderecha latinoamericana con el corazón del gobierno de José Antonio Kast. El actual jefe de asesores de La Moneda, Alejandro Irarrázaval; el jefe de la Secretaría de Comunicaciones, Felipe “Yeti” Costabal; y el renunciado colaborador Ignacio Dülger compartieron labores con Cerimedo en la “Casa Común”, el comando empresarial que en 2020 contrató sus servicios de manipulación digital para la campaña del Rechazo. Mientras el Congreso exige transparencia y los oficios se acumulan en La Moneda, la clase trabajadora asiste a la confirmación de que el gobierno de la “mano dura” no solo se sostiene sobre la represión y el ajuste, sino también sobre la desinformación, los bots y las encuestas truchas de un operador que hoy enfrenta la justicia por intentar asesinar a su expareja. La “huella” de Cerimedo en el palacio de Gobierno no es un roce circunstancial: es el retrato de un poder que, para llegar y mantenerse, no duda en usar las herramientas más sórdidas del capitalismo digital.
Santiago de Chile. El nombre de Fernando Cerimedo era, hasta hace unos días, un eco lejano en la política chilena. Estratega digital de Javier Milei, operador de la ultraderecha latinoamericana, fundador de la agencia de marketing político Numen. Pero su reciente detención en Bolivia —imputado por intento de feminicidio contra su expareja, la abogada Nadia Beller— ha abierto una caja de Pandora que amenaza con salpicar al corazón del gobierno de José Antonio Kast. Durante los allanamientos, las autoridades encontraron el equivalente a US$50 mil en distintas monedas y una presunta “granja de bots” destinada a generar miles de mensajes mediante cuentas creadas artificialmente.
La pregunta que hoy recorre los pasillos del Congreso es simple y brutal: ¿quién trajo a Chile al “rey de los trolls”, quién pagó por sus servicios y hasta dónde llega su red en La Moneda?
La “Casa Común” de los patrones: el comando que contrató al sicario digital
Los hilos de la trama se tejen en 2020, en pleno proceso constitucional. Un comando de empresarios con sede en Vitacura —la “Casa Común”— contrató a Cerimedo para realizar una serie de encuestas de dudosa metodología a través de redes sociales, consideradas no solo “truchas” sino derechamente como “operaciones políticas”. Una de ellas, realizada por su empresa Numen, proyectaba un 42,3% para el Apruebo, cuando este terminó arrasando con un 78%. La justificación de Cerimedo fue tan cínica como reveladora: “analizamos y proyectamos los datos con voto obligatorio, 100% de asistencia de votantes”, obviando que el voto era voluntario.
Lo que El Mostrador ha revelado en los últimos días es que tres de los principales colaboradores de José Antonio Kast compartieron labores con Cerimedo en esa misma “Casa Común”: Alejandro Irarrázaval, actual jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda; Felipe “Yeti” Costabal, actual jefe de la Secretaría de Comunicaciones (Secom); e Ignacio Dülger, colaborador del mismo círculo que renunció hace dos semanas. Fuentes internas de aquella campaña señalan que “lo más probable” es que el propio Costabal haya sido el eslabón directo que llevó a Cerimedo a Chile.
La hipocresía del discurso oficial es monumental. Kast llegó al poder prometiendo “mano dura” contra la delincuencia y el crimen organizado. Pero su círculo más cercano no dudó en contratar a un operador que hoy enfrenta cargos por sicariato y que ha presumido de tener “miles de cuentas falsas para ‘mentirle al algoritmo’”.
Los oficios que no pueden esperar: la oposición tira del hilo
La reacción de la oposición no se ha hecho esperar. El diputado Jaime Araya (PPD) ofició al jefe de asesores de La Moneda, Alejandro Irarrázaval, para que aclare “cuáles son los vínculos y lazos que ha tenido en el pasado o mantiene en la actualidad” con Cerimedo. El parlamentario fue categórico: “Las informaciones que han circulado respecto de eventuales vínculos entre el jefe de asesores del presidente y Fernando Cerimedo revisten suficiente gravedad como para que sean aclaradas. No estamos hablando de una persona cualquiera”.
En paralelo, el diputado José Montalva (PPD) impulsa la creación de una comisión especial investigadora en la Cámara para revisar eventuales operaciones de manipulación digital en los procesos electorales desde 2020. “Queremos saber: ¿hay conexión ahí? ¿Quién pagó eso? ¿Cuándo se pagó?”, planteó Montalva. El diputado Juan Santana (PS), por su parte, oficiará al Servel para determinar si la empresa Numen o sus sociedades relacionadas aparecen en rendiciones de gastos electorales.
El diputado Santana recordó que en julio de 2025 la entonces candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, denunció una campaña de ataques mediante bots que le atribuían falsamente un diagnóstico de alzheimer. Coincidiendo con la detención de Cerimedo, desapareció de X la cuenta denominada “Neuroc”, una de las identificadas en esos antecedentes.
La función de clase de la “guerra de bots”
Desde una perspectiva marxista, el caso Cerimedo no es una anécdota de corrupción individual, sino la expresión de la lógica de clase que gobierna el capitalismo digital. La ultraderecha latinoamericana, que se presenta como defensora del “libre mercado” y la “libertad de expresión”, no duda en utilizar la manipulación algorítmica, las granjas de bots y las encuestas truchas para imponer su agenda. La desinformación no es un accidente, sino una herramienta de dominación: un pueblo desinformado es un pueblo que no puede organizarse.
El propio Cerimedo reconoció en 2020 que Numen entró en contacto con empresarios chilenos que financiaban la campaña del Rechazo. Es decir, el capital —los mismos grupos económicos que hoy celebran la megareforma de Kast— financió al operador de la ultraderecha para garantizar el triunfo de una opción que blindaba sus intereses. La “Casa Común” no era un comité de ciudadanos preocupados; era el brazo político del capital, dispuesto a pagar por la manipulación de la voluntad popular.
La presencia de Irarrázaval, Costabal y Dülger en ese mismo espacio no es una coincidencia. Es la confirmación de que el gobierno de Kast no es una anomalía en la política chilena, sino la culminación de un proyecto de clase que utiliza todas las herramientas a su alcance —la represión, el ajuste fiscal, la desinformación y los bots— para consolidar el poder de los de arriba.
Epílogo: la máscara del orden se cae
La “huella” de Cerimedo en La Moneda es un espejo de la podredumbre del sistema. El gobierno de Kast, que se presenta como el adalid de la “transparencia” y la “mano dura”, tiene en su círculo más cercano a operadores que compartieron labores con un hombre acusado de sicariato y experto en manipulación digital. Mientras los oficios se acumulan y la oposición exige respuestas, la clase trabajadora asiste a una nueva confirmación de que el Estado de los patrones no es un ente al servicio del bien común, sino una máquina de dominación que utiliza todos los medios a su alcance para perpetuarse en el poder.
Cerimedo está detenido en Bolivia, pero su legado sigue operando en los despachos de La Moneda. La pregunta no es si el gobierno de Kast tiene algo que ocultar, sino cuánto tiempo podrá seguir ocultándolo. La lucha por la transparencia no es una lucha técnica; es una lucha de clase. Porque cuando los de arriba manipulan la verdad, los de abajo son los únicos que pueden exigir que la realidad sea devuelta a su lugar.